Oscar Navarrete resultó herido el 18 de mayo de 2017 durante una protesta por el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho que fue disparada por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quedó en coma por 40 días más. La vida de él y sus familiares cambió drásticamente, tuvo que empezar caminar, a comer, a hablar, y más recientemente está aprendiendo a leer y escribir. El alto costo que ha implicado asumir los efectos de la lesión no ha sido resarcido por el Estado, el cual tampoco ha sancionado a los responsables del hecho

Oscar Antonio Navarrete Ruiz, tenía 18 años y estudiaba el último año de secundaria. Se encontraba en el Distribuidor Altamira (este de Caracas) el 18 de mayo de 2017, en horas de la tarde, y se disponía a regresar a su casa después de haber participado en una manifestación, cuando se topó con un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y uno de los efectivos le disparó una bomba lacrimógena de frente a escasos metros de distancia, a la altura del pecho, según narraron sus familiares a Amnistía Internacional.  

La bomba lacrimógena explotó al ser impactada en el pecho de Navarrete, lo que impidió que respirara y estuviera más de media hora sin signos vitales.

Fue inmediatamente trasladado a una clínica. Una vez allí respondió a la cuarta reanimación y pasó 40 días en estado de coma. Después fue trasladado a un centro de rehabilitación para ser sometido a un tratamiento fisiátrico, con la finalidad de ir recuperando la movilidad.

El 24 de agosto de 2018, cuando el director del centro de rehabilitación tuvo conocimiento que allí estaba un joven herido en el marco de las protestas de abril de 2017, se dirigió a la madre de Navarrete y le indicó que debían desalojar la habitación, sin que le hubieran dado el alta formalmente y aún en delicado estado de salud.

Apenas en enero de este año Oscar Navarrete empezó a aprender de nuevo a hablar, a caminar, a comer y más recientemente a leer y escribir.

El alto costo que ha representado la recuperación de Oscar Navarrete para su familia, en medicamentos, vitaminas, exámenes médicos, equipos quirúrgicos, consultas médicas, traslados, rehabilitación, terapias de lenguaje, terapias psicológicas, entre otras, no ha sido resarcido integralmente por el Estado venezolano, el cual tiene la obligación constitucional de hacerlo en estos casos.

Las denuncias de los familiares de Navarrete en el Ministerio Público no han recibido ningún tipo de respuesta, ni se han impuesto las sanciones penales correspondientes.

El Estado venezolano tiene la obligación de garantizar a sus ciudadanos investigaciones imparciales e independientes, apegadas a los estándares nacionales e internacionales, especialmente en casos de uso progresivo y proporcional de la fuerza en el control de manifestaciones por parte de miembros de cuerpos de seguridad estatales que han arremetido contra la integridad personal de los ciudadanos.