Juan Pablo Pernalete falleció el 26 de abril de 2017 durante una protesta y pese que el Ministerio Público al mes de lo ocurrido estableció que murió por el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho que fue disparada por un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, transcurrido un año y medio de los hechos, la familia Pernalete aún no tiene conocimiento de la individualización de los responsables

Juan Pablo Pernalete, de 20 años, estudiante del segundo semestre de Contaduría Pública de la Universidad Metropolitana, falleció el 26 de abril de 2017, producto del impacto de una bomba lacrimógena en el pecho, disparada por un funcionario adscrito a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB), cuando se encontraban reprimiendo la manifestación a la altura de Altamira, zona este de Caracas, de acuerdo a informes forenses y técnico-científicos de la Fiscalía General de la República. A más de un año de su muerte, sus familiares aún esperan que se haga justicia.

A pesar de las dificultades que han tenido para acceder al expediente y a las respuestas imprecisas que reciben por parte de las autoridades cuando requieren orientaciones sobre las próximas actuaciones a seguir en la investigación, los padres de Juan Pablo Pernalete siguen acudiendo ininterrumpidamente cada semana al Ministerio Público para pedir el agotamiento de todas las vías legales disponibles por parte de la Fiscalía para el avance del caso y establecimiento de responsabilidades individuales en la muerte de su hijo.

El Ministerio Público,  al cumplirse un mes del fallecimiento de Pernalete hizo públicos todos y cada uno de los elementos probatorios recabados en la investigación, entre los que se encuentran, la autopsia, inspecciones técnicas en el sitio del suceso, análisis químicos, estudio antropométrico y uno de los más relevantes fue el acoplamiento físico de las dimensiones del cartucho de la bomba lacrimógena con la huella de la lesión física.

Aún y cuando es al Ministerio Público al que le corresponde dirigir las investigaciones penales y esclarecer el hecho, un alto funcionario gubernamental, a pocos días de ocurrida la muerte de Pernalete emitió una versión contradictoria con los resultados posteriores obtenidos por la Fiscalía.

Luego de un año, la investigación continúa estancada sin que se haya podido identificar al funcionario involucrado en la ejecución material y mucho menos a la cadena de mando correspondiente, permaneciendo el caso todavía en fase preparatoria.

El Estado venezolano tiene la obligación de garantizar a sus ciudadanos investigaciones imparciales e independientes, especialmente cuando se trata de posibles actuaciones arbitrarias por parte de miembros de cuerpos de seguridad estatales contra el derecho a la vida de las personas.

Los hechos que ocasionaron la muerte de Juan Pablo Pernalete no deben volver a repetirse y los responsables deben ser llevados ante la justicia.