Laboratorio de Paz es una iniciativa ciudadana que nació en el año 2013, pensando en la necesidad de promover, mediante la investigación, las nuevas tecnologías y el activismo de base, la cultura de paz y la desmilitarización de la sociedad venezolana

Exigir el derecho a la demarcación de las tierras como lo establece la Constitución venezolana; la elaboración de protocolos de consulta y consentimiento previo; la urgencia en la implementación de planes de salud para pueblos y comunidades con participación directa; denunciar el uso discriminatorio, político y de cooptación por parte del Estado de indígenas para poder ser beneficiarios de ayudas sociales; exigir la desmilitarización y la salida de grupos armados de zonas indígenas; y la necesaria aplicación y reconocimiento de la jurisdicción indígena forman parte de los objetivos principales de Laboratorio de Paz.

La directora de la organización, Lexys Rendón, quien también es investigadora y defensora de derechos humanos en Venezuela, indica que “para Laboratorio de Paz es clave ser y seguir siendo aliados de las organizaciones indígenas, somos una caja de resonancia de sus voces”, debido a que la situación actual de los pueblos originarios es alarmante y la emergencia humanitaria compleja está afectando con mayor severidad a quienes han sido históricamente invisibilizados.   

Violaciones desmedidas

Son innumerables las situaciones coyunturales que viven los pueblos indígenas y en medio de la emergencia humanitaria compleja se ha hecho evidente entre estas comunidades violaciones de derecho hasta en lo más básico, como contar con servicios necesarios para una vida digna, entre ellos: acceso al agua, alimentos y atención médica. Como otro factor contrario a sus intereses y libre desenvolvimiento también se encuentra la estrategia del gobierno para manipular a través del otorgamiento o no de programas sociales. 

La directora de Laboratorio de Paz destacó que en el más reciente informe del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), en el capítulo referente a pueblos y comunidades indígenas, se hizo énfasis en que la mayor parte de los indígenas venezolanos están en pobreza o en pobreza extrema, no tienen acceso a servicios o ingresos económicos, se ven obligados a habitar en las ciudades o en la periferia de ellas e incluso a migrar. Esta situación hace que la mayoría pase a depender de otros sistemas económicos en condiciones de miseria.

Laboratorio de Paz realizó el monitoreo consecutivo de esta situación con el objetivo de lograr la promoción y garantía de sus derechos.

"La organización elaboró informes nacionales y de incidencia en sistemas de protección internacional, además realizó y continúa realizando seguimiento y monitoreo del avance y las consecuencias del proyecto Arco minero del Orinoco en comunidades indígenas de la zona", dijo la defensora.

Con la investigación del Informe de Provea, la organización logró constatar a través de denuncias directas recibidas de distintas ONG y líderes indígenas, la presión que han recibido sus comunidades por parte de entes públicos, que a través de programas sociales establecen control político para generarles miedo y perder accesos a los subsidios del Estado. Aunada a esa situación, Laboratorio de Paz denunció cómo la migración forzosa se ha intensificado, debido a el grave deterioro en las condiciones de vida de las etnias venezolanas, así como el abandono del control de sus territorios tomados por la minería ilegal, mafias, grupos armados y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). 

“En Laboratorio de Paz trabajamos en conjunto con las organizaciones indígenas y se ha documentado que las personas huyen para salvarse, esto se evidencia no sólo en las principales ciudades del país, sino en las migraciones a Roraima, (Brasil) de indígenas Waraos, al Norte de Santander en Colombia por Yukpas y Wayúus, confirmando el abandono del Estado a estas comunidades". 

Propuestas para el respeto por los derechos a pueblos indígenas 

Desde la organización y consiente de los retos a enfrentar para seguir denunciando las constantes violaciones de derechos humanos que viven los Pueblos Indígenas, se aprende, evalúa, reevalúa y mejora la construcción de relaciones de respeto, igualdad, confianza y colaboración como organización aliada de las organizaciones indígenas tradicionales y propias.

A través de talleres de formación en derechos de los pueblos indígenas apoyan a proyectos de estas organizaciones para exigir la protección de defensores de la tierra y el ambiente, facilitando encuentros y relatorias entre organizaciones indígenas y apoyarles en la visibilización de denuncias y exigencias en materia de derechos indígenas. 

En 2018 visitaron la frontera con Colombia para conocer de cerca la realidad de los migrantes indígenas, así como a Brasil. Realizaron visitas a comunidades indígenas en los estados venezolanos de Zulia, Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro para conocer la situación actual, debilidades y urgencias en materia de sus derechos, en el contexto de la crisis humanitaria compleja para colaborar en base a las exigencias y peticiones de las organizaciones indígenas en la visibilidad y apoyo a los mismos.

Finalmente, está organización continuamente exige al Estado la creación de un Plan integral de Alimentación y Salud Indígena para atender la crisis humanitaria compleja en comunidades y pueblos indígenas del país, que actúe inmediatamente contra los grupos de mafias armadas, y los grupos guerrilleros que operan en labores de minería ilegal y contrabando en territorios indígenas de Bolívar y Amazonas. También exigen que se active una Comisión de Demarcación de Territorios y la aprobación y entrega de los títulos de propiedad colectiva de los pueblos y comunidades indígenas, que se paralice el Proyecto Arco Minero del Orinoco; y sobre todo, que se proteja a líderes indígenas que ejercen su derechos a la custodia y protección de sus territorios. 

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