En Venezuela se vive una crisis de derechos humanos inédita y, en asuntos de libertad de expresión, son constantes las denuncias que tienen que ver con la restricción del trabajo de la prensa a través de persecuciones y detenciones arbitrarias

La conmemoración internacional por el Día para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas es vista en muchos lugares del mundo como el momento preciso para realizar exigencias prioritarias para que se respete el trabajo de la prensa. Resulta necesario denunciar y visibilizar cómo instancias de poder, supeditadas por los Estados, continúan implementando prácticas alarmantes que atentan contra la labor y vida de miles de periodistas y trabajadores de la prensa.

Amnistía Internacional en su Informe Anual 2017/2018 reveló que el trabajo de la prensa continúa siendo amenazado en muchos países. En Rusia se detuvo a periodistas, quienes sufrieron malos tratos y reclusión arbitraria y tuvieron que pagar cuantiosas multas impuestas en juicios injustos. En Egipto, las autoridades restringieron severamente la libertad para criticar al gobierno, promulgando leyes draconianas que preveían cinco años de cárcel por publicar investigaciones sin permiso del gobierno y condenando a prisión a periodistas. En Camerún se detuvo a varios trabajadores de la prensa, y, en algunos casos, se les enjuició en tribunales militares. México continuó registrando una ola de homicidios de los profesionales de la prensa.

Criminalización de periodistas venezolanos

En la actualidad, las denuncias de persecuciones contra periodista resultan constantes, a tal punto que muchos han tenido que huir de Venezuela. A través medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos locales se conoce que debido a la falta de acciones contundentes y resultados claros que contrarresten los crímenes contra la libertad de expresión y la prensa, se multiplican las agresiones contra estos profesionales, sin que las autoridades intervengan efectivamente para detener esta situación.  

El Colegio Nacional de Periodistas ha denunciado en reiteradas oportunidades que el Gobierno ha adoptado como política de Estado “la agresión, el hostigamiento y persecución a los periodistas y a la prensa libre; tratando de evitar la información necesaria para sus ciudadanos". Asimismo, organizaciones de la sociedad civil como Espacio Público, aseveran en sus informes que existe un deterioro sustantivo de las garantías del derecho a la libertad de expresión ya que las detenciones, impedimento de cobertura, robo de equipos, destrucción de material, desalojo de espacios o instituciones públicas; agresiones contra periodistas, reporteros gráficos o infociudadanos por registrar hechos o difundir información; y ataques contra sedes o equipos de medios de comunicación se han convertido en patrones constantes.

A principios de octubre, el Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys Venezuela), contabilizó en cinco entidades venezolanas, ocho casos de violaciones contra la libertad de expresión por abusos de poder, acciones de intimidación, limitaciones de acceso a la información, ciberataques y la suspensión de circulación de un medio impreso.

También continúa la preocupación sobre el incremento de detenciones arbitrarias a periodistas, simplemente por informar y cumplir con su trabajo. Ejemplo de esta práctica, sucedió el pasado 4 de agosto, en la avenida Bolívar de Caracas, cuando se detuvieron de manera arbitraria a 11 periodistas y trabajadores de los medios; siendo además, amenazados y obligados por funcionarios de seguridad del Estado a borrar el material grabado durante la cobertura de una situación irregular presentada en el lugar.

El exilio para los trabajadores de la prensa se acentuó este año en Venezuela, son muchos los profesionales de este gremio que, frente a la venta, cierre o ataques a tantos medios, se han visto en la necesidad de continuar informando desde otros lugares del mundo. Los profesionales de la comunicación del portal de investigación Armando.info tuvieron que huir luego de publicar una denuncia de corrupción en la importación de alimentos que involucra a miembros del gobierno. Después de ser demandados y criminalizados decidieron salir de Venezuela para proteger su integridad y su libertad personal. Como ellos, existen hoy fuera del país cientos de periodistas que intentan mantener desde la distancia a la sociedad informada, especialmente a través de distintas opciones online.  

Buscar información verificada y difundirla es una de las labores principales de los periodistas, no puede existir ningún tipo de limitación en el desempeño de su ejercicio profesional; de lo contrario, se estaría atentado contra las libertades de expresión e información de todos los ciudadanos. Por consiguiente, los Estados deben aplicar todas las políticas necesarias para que los crímenes contra todos los profesionales de la prensa se detengan.