Además del temor por el contagio de enfermedades en los recintos carcelarios venezolanos, la vida de estas personas podría estar en riesgo. Sus familiares alertan que están sometidos constantemente a tratos crueles, inhumanos y degradantes desde que se produjo la detención arbitraria

El primero de septiembre de 2016 se llevó a cabo una detención masiva en medio de un operativo de seguridad, conocido como Operación de Liberación al Pueblo (OLP). En el momento de la detención nunca se presentó alguna orden de aprehensión, ni fueron dados los supuestos de una flagrancia.

Familiares han denunciado recurrentemente que no se ha seguido el procedimiento legal adecuado y, que a pesar de que el 21 de noviembre de 2017 el Tribunal 27 de control de Caracas ordenó libertad plena a todos los acusados por no encontrar pruebas suficientes, mediante la Sentencia firmada por la jueza Zulay Salazar González, todavía siguen tras las rejas en condiciones inhumanas de reclusión.

En la exposición de motivos de la sentencia, la jueza afirma que los ciudadanos colombianos “no fueron aprehendidos de manera flagrante y no pesa orden de aprehensión alguna”. Recién emitida la decisión, Amnistía Internacional Venezuela, a través de una declaración ofrecida por su director, Marcos Gómez, se instó a las autoridades a ejecutar de inmediato la orden de liberación de las personas detenidas en un galpón que funciona como cárcel improvisada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en Caracas.

Familiares de los detenidos advierten que esta decisión dejó en evidencia la falsedad de la acusación hecha por el Alto Gobierno de Venezuela y denuncian que lo ocurrido no solo violentó la libertad y la integridad de los detenidos, sino también su dignidad y reputación personal.

Invisibles en Venezuela

El grupo de detenidos incluye a 58 hombres con edades entre 25 y 70 años y una mujer, todos residían en diferentes zonas de Caracas durante años y no se conocían entre ellos. Según información verificada por los familiares, varios de los detenidos cuentan con documentación expedida por el Servicio Autónomo de Identidad, Migración y Extranjería (Saime) de Venezuela y algunos de ellos tenían la visa vencida o documentos extraviados.

“Nos maltratan también a nosotros cuando exigimos nuestro derecho a visitarlos y nos dicen que a los paramilitares ni agua. Sabemos que uno de ellos murió, pero no nos dicen en qué circunstancias”, afirmó Marbelis Roa, esposa de Luis Gabriel Villa Valdez, uno de los detenidos.

En las pocas oportunidades en que las autoridades venezolanas han hablado sobre este caso, afirman que se han realizado jornadas de salud, suministro de medicinas y alimentos, expedición de pasaportes, así como registros de sus hijos. Sin embargo, a principios de enero de 2018, los detenidos realizaron una huelga de hambre para exigir ser liberados tal como lo dice la boleta de excarcelación que poseen, pero que nadie ejecuta.

“Ninguno de ellos tiene antecedentes penales, trabajaban de obreros o en labores que no son ilegales, dejaron a sus familiares viviendo un calvario. Muchos de ellos son padres de familia, hijos, sostén de la casa y no sabemos qué hacer”, dijo Roa.

Desde 2016 la Cancillería de Colombia realiza los trámites correspondientes para el cumplimiento de las garantías de los privados de libertad y el respeto de sus derechos humanos.

Autoridades deben respetar decisiones autónomas del Poder Judicial

Este caso provocó las intervenciones y reacciones de las ONG Human Rights Watch y Amnistía Internacional, solicitando además a los gobiernos tomar acciones contundentes para lograr la liberación de estos ciudadanos.

En días recientes, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados mostró su “profunda preocupación” por la detención, sin cargos, durante más de 2 años de 59 colombianos en Venezuela. El organismo denunció que los ciudadanos fueron arrestados en diferentes operaciones de seguridad en 2016 y se encuentran todos retenidos en una sola celda en el centro de detención preventiva de La Yaguara, sin que se les respete las condiciones mínimas que debe tener cualquier persona bajo custodia.

“Las condiciones allí son nefastas, con un acceso insuficiente a comida, agua y medicinas”, afirmó en rueda de prensa, Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina. Además, denunció que muchos de los hombres están presentando condiciones de salud crónicas que deben ser atendidas de manera urgente.

Organizaciones de derechos humanos locales como Una Ventana a la Libertad y el Observatorio Venezolano de Prisiones han denunciado constantemente que las condiciones de detención en Venezuela son inhumanas ya que en la gran mayoría de las cárceles hay hacinamientos, las infraestructuras están deterioradas, no todos los detenidos tienen acceso a luz natural, en muchos centros los privados de libertad tienen un acceso limitado a agua y comida. Muchas de estas personas padecen enfermedades como hipertensión, tuberculosis, malaria, VIH/Sida y a pesar de ello, no obtienen la asistencia médica necesaria, situación que pone en riesgo sus vidas.

Detenciones arbitrarias en Venezuela

La implementación de una política sistemática de detenciones arbitrarias, como sucede en Venezuela, es una violación de derechos humanos según lo prevé el Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional.

Fernando Fernández, abogado y defensor de derechos humanos indica que las detenciones arbitrarias efectuadas en Venezuela en los últimos años han dejado de ser actos separados e individualizables y, en su lugar, se han convertido en crímenes de lesa humanidad en grado de encarcelación.

“Todo esto se analiza desde los patrones observados, identificados y comprobados por organismos internacionales creíbles y ONG reconocidas. Es decir, se trata de ataques sistemáticos o generalizados contra parte de la población civil, efectuados por funcionarios del Estado y grupos específicos, con conocimiento de dichos ataques”, aseveró.

El experto, además, advierte que parte de este proceso se inició con la militarización de la policía y los órganos de la justicia penal que solo ven “enemigos” y no ciudadanos, así como con la politización de la administración de justicia, a través de la pérdida de autonomía en jueces y fiscales para la ejecución de políticas de Estado apegadas a las leyes.

“El cumplimiento riguroso de la Constitución y de los Tratados Internacionales de derechos humanos están en la base de la solución”.

Amnistía Internacional dedicó en su Informe Anual 2017/2018 un extenso capítulo a las detenciones arbitrarias en Venezuela, en el que refiere que las fuerzas de seguridad del Estado continuaron empleando fuerza excesiva e indebida. También lo reveló el informe Silencio a La Fuerza publicado en septiembre de 2017, en el que se detalla el catálogo de acciones ilegales realizadas por las autoridades venezolanas. Entre ellas se incluyen detenciones sin órdenes judiciales por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), procesamientos de activistas pacíficos por delitos “contra la patria” y la imposición de medidas de prisión preventiva sin justificación, así como campañas difamatorias en medios de comunicación contra miembros de la oposición y activistas de derechos humanos.