Desde que fue anunciado la activación del Proyecto del Arco Minero del Orinoco en los estados Amazonas y Bolívar, en 2016, las organizaciones de la sociedad civil y en especial los defensores de los pueblos indígenas alzaron su voz para intentar frenar el plan extractivista y completamente anti ecológico, que tiene como fin obtener recursos económicos a partir de los metales preciosos que se encuentran en los territorios ancestralmente ocupados por comunidades aborígenes

En 1999, la aprobación de la Constitución de Venezuela reconoció los derechos de los pueblos indígenas, a poseer sus tierras ancestrales y obligó al Estado a proteger y defender su cultura y costumbres.

Sin embargo, esta imagen de avance solo quedó en las pantallas y el papel, puesto que los desplazamientos forzados, ataques, persecuciones y vulneraciones a los derechos a la salud, a la tierra y el medio ambiente se han mantenido y profundizado.

El defensor de derechos humanos y de los pueblos indígenas, Juan Carlos La Rosa, señala que a las comunidades que habitan en los estados fronterizos de Venezuela se han visto gravemente afectadas por las epidemias de sarampión, en el caso de los yanomamis; tuberculosis en los barí; VIH en los waraos de Delta Amaruco; chikungunya y zika en los wayuu.

Para La Rosa, las epidemias se han expandido debido a los desplazamientos forzados a los que han sido objeto los pueblos indígenas, debido a la minería ilegal, la explotación de sus tierras y la represión desmedida a las actividades comerciales que históricamente han realizado dentro de sus tierras ancestrales.

“Cifras oficiales no existen, pero las organizaciones y aliados están tratando de construir una visión cuantitativa de la situación para poder denunciarlo. Te hablo desde el testimonio de vivir permanentemente por esta situación, de ver morir a jóvenes y ancianos por estas enfermedades”, destaca el cofundador de la organización Wainjirawa.

Desastre ecológico y humanitario

Desde que fue anunciado la activación del Proyecto del Arco Minero del Orinoco en los estados Amazonas y Bolívar, en 2016, las organizaciones de la sociedad civil y en especial los defensores de los pueblos indígenas alzaron su voz para intentar frenar el plan extractivista y completamente anti ecológico, que tiene como fin obtener recursos económicos a partir de los metales preciosos que se encuentran en los territorios ancestralmente ocupados por comunidades aborígenes.

Juan Carlos La Rosa señala que ninguno de los planes extractivistas han sido consultados a los gobiernos ancestrales de los indígenas, por lo que se han producido enfrentamientos violentos, desplazamientos y se ha profundizado la trata de personas.

Por su parte, el integrante de la Coalición Clima21, Alejandro Álvarez, denuncia que desde la activación de este plan “estas zonas empezaron a ser controladas por mafias locales que se les llamaban coloquialmente como sindicatos. Este nombre viene porque antes eran sindicatos de construcción, que al ser suspendidas las obras los trabajadores pasan a dedicarse a la actividad delincuencial”.

“Esa minería no tiene ningún tipo de control y sus procesos son completamente insustentables, es una minería violenta y de destrucción”, agrega.

La deforestación y el uso indiscriminado de mercurio para obtener recursos ha causado además que las lluvias, que en un momento tuvieron su ciclo natural de tránsito y absorción en la tierra, generaran el desbordamiento de los ríos.

Ante esta situación no hay un solo dato oficial que permita conocer con precisión la magnitud del desastre ecólogo desde 2011, pero los testimonios y las alertas emitidas por el gobierno de Brasil dan cuenta de esta trágica realidad.

“El grupo que más ha estado afectado por la minería es la comunidad warao del estado Delta Amacuro, tuvieron que salir de sus tierras. Ellos fueron los primeros que llegaron a Brasil, pero en la actualidad también están llegando yekuanas, yanomamis y pemones a través de una frontera inmensa que es imposible de controlar”, añade Álvarez.

Entre los derechos más vulnerados se encuentran “los derechos referidos al trabajo, al bienestar y al desarrollo, pero en especial los derechos específicos de los pueblos indígenas, a tener sus propios sistemas de organización y a su territorio, a su modo de vida y cultura”, apunta el miembro de la Coalición Clima21.

Sordera selectiva

Desde 1999, el gobierno ha exaltado públicamente el reconocimiento de los derechos y costumbres de los pueblos indígenas, pero lo establecido en el texto constitucional quedó en el olvido para las autoridades.

“El Estado incumplió con el proceso y los plazos de demarcación de los territorios indígenas establecidos en la Constitución de 1999 y creemos que se agravará esta situación con las acciones que se lleva a cabo la Asamblea Nacional Constituyente”, señala La Rosa.

Esta situación generó que los pueblos Yukpa sean desplazados de sus tierras por quienes explotan la tierra, los wayuu perseguidos y criminalizados por las fuerzas de seguridad del Estado; los pemones atacados y semiesclavizados por quienes controlan las minas al sur de Venezuela.

Las organizaciones que defienden a las comunidades aborígenes temen que la nueva Constitución que redacte la Asamblea Nacional Constituyente revierta y disminuya los derechos obtenidos.

“La gran estafa en estos últimos 20 años ha sido el voto indígena, porque este no ha existido. Los diputados constituyentes no nos representan, porque no fueron electos de acuerdos a nuestros usos y costumbres”.

Además, el Ministerio de los Pueblos Indígenas no escucha sus peticiones y exigencias, ocultando sus acciones con actos a favor de las políticas gubernamentales y pagando a personas para que “representen” los intereses de los aborígenes.

La Rosa y Álvarez coinciden en que las autoridades no han sido honestas al transmitir lo que ocurre en estos estados. Por ejemplo, el Ministerio de Salud ha informado que se inició un plan de vacunación contra la malaria en las comunidades warao, pero no existe -en ningún lugar del mundo- una vacuna contra esta enfermedad.

Además, la violencia ha azotado a las comunidades indígenas de todo el país. La Rosa recordó que “el Comité de Derechos Humanos de La Guajira señaló que han ocurrido 77 asesinatos de personas inocentes de cualquier delito, en esta zona del estado Zulia, durante la represión por parte de cuerpos de seguridad del Estado al llamado contrabando y en el marco de la creación del Distrito Militar Guajira, hace 7 años. Este número podría sumarse a otras 200 personas asesinadas, pero cuyos casos no tienen ningún tipo de seguimiento por parte de las autoridades ni organizaciones de la sociedad civil”.

Exigencias urgentes

El defensor de los pueblos indígenas tiene muy claras las exigencias hechas al Estado venezolano. No son nuevas, pero sí muy urgentes.

En principio, la organización Wainjirawa sigue en su labor para que sea garantizado su derecho a una educación propia, que puedan diseñar, dirigir y administrar los propios pueblos indígenas.

Además, exigen que se cumpla con los derechos territoriales que fueron establecidos en la Constitución Nacional de 1999 y que están avalados por los tratados internacionales suscritos por las autoridades venezolanas.

“Exigimos el derecho a gobierno propio, que no nos impongan formas organizativas como los Consejos Comunales, que no intervengan nuestras organizaciones, que respeten nuestro proceso de gobierno y no usen la estructura del Estado ni los beneficios sociales para desmantelar nuestras organizaciones”.

Por último, la petición en la que más ha hecho hincapié La Rosa es en que se reconozca y garantice el derecho que tienen las comunidades indígenas a que les sean consultadas previamente todas las acciones que se vayan a cometer en sus territorios, de forma libre, informada y de acuerdo a sus usos y costumbres.

Lo que si es cierto es que, de no haberse iniciado el proyecto del Arco Minero del Orinoco de la manera arbitraria como se implementó, los pueblos indígenas vivieran una realidad muy distinta a la que hoy padecen.

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