El joven Diputado Juan Carlos Requesens fue detenido por funcionarios del SEBIN sin orden judicial, el 7 de agosto de 2018, sin respetar su inmunidad parlamentaria. No le permitieron comunicarse con nadie, fue presentado 6 días después de su detención en Tribunales. Hasta el día de hoy le continúan prohibiendo las visitas a sus familiares y abogados.

El diputado de oposición Juan Carlos Requesens Martínez, de 29 años de edad, fue detenido sin orden judicial, el 7 de agosto de 2018, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), aun cuando goza de inmunidad parlamentaria. La detención ocurrió en su residencia y junto a él fue detenida su hermana Rafaela Requesens. Durante las primeras horas de detención a ambos les fue negado el derecho de comunicarse con sus familiares y abogados quienes desconocían el sitio donde se encontraban detenidos. Rafaela fue liberada después.

Al día siguiente el Tribunal Supremo de Justicia decretó su detención como flagrante, aun cuando está siendo implicado en un hecho ocurrido el 4 de agosto, 3 días antes de su detención.

Dos días después, el 9 de agosto, en horas de la noche más de 30 funcionarios allanaron su vivienda sin la emisión de una orden judicial según Amnistía Internacional ha podido conocer a través de sus familiares.

El 10 de agosto de 2018, fueron publicados dos videos, el primero anunciado por un alto funcionario gubernamental que presenta al diputado Requesens incriminándose y el segundo de ellos que alertó a sus familiares y abogados sobre la integridad personal del diputado.

El 13 de agosto, fuera del lapso de 48 horas establecido en la ley, es decir, 6 días después de su detención, Juan Requesens fue presentado ante  un Tribunal. Su abogado pudo hablar con él solo por 5 minutos antes de la audiencia en la que le imputaron 8 delitos. El sitio de reclusión designado fue el SEBIN, pero se desconoce en cuál de las sedes permanecerá.

La detención arbitraria, aislamiento, no acceso a abogados, interferencia del Ejecutivo, el uso político de confesión incriminatoria, son condiciones que propician el crimen internacional de la tortura.