La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó las distintas formas de discriminación que afrontaban las mujeres indígenas en las Américas e hizo hincapié en que la marginación política, social y económica de esas mujeres contribuía a su discriminación estructural permanente y las exponía a un mayor riesgo de sufrir violencia

En América los pueblos indígenas sufren discriminación y siguen viendose negados sus derechos económicos, sociales y culturales de forma generalizada, incluido su derecho a la tierra y al consentimiento libre, previo e informado sobre los proyectos que los afectaban.

Continuaban las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas especialmente en países como Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Perú, según el informe 2018 de Amnistía Internacional.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó las distintas formas de discriminación que afrontaban las mujeres indígenas en las Américas e hizo hincapié en que la marginación política, social y económica de esas mujeres contribuía a su discriminación estructural permanente y las exponía a un mayor riesgo de sufrir violencia.

“América Latina sigue siendo la zona más peligrosa del mundo para defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan en asuntos relativos a la tierra y el medio ambiente, muchas de ellas dedicadas a los derechos de los pueblos indígenas. Deben garantizar que sus comunidades son verdaderamente consultadas sobre cualquier proyecto que pueda afectarlas”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Países bajo foco 

En Colombia, una ola de homicidios de indígenas pertenecientes a comunidades históricamente afectadas por el conflicto armado puso de relieve las limitaciones en la aplicación del acuerdo de paz. El asesinato de Gerson Acosta (líder del cabildo indígena Kite Kiwe en Timbío, Cauca, que recibió varios disparos al abandonar una reunión comunitaria) ilustraba de manera trágica la ineficacia de las medidas adoptadas por las autoridades para proteger la vida y la seguridad de líderes comunitarios y otros integrantes de los pueblos indígenas.

Se seguía criminalizando y discriminando a los pueblos indígenas en Argentina, donde las autoridades empleaban procedimientos penales para hostigarlos; hubo denuncias de ataques policiales, que incluían palizas e intimidación. Rafael Nahuel, de la comunidad mapuche, murió de manera violenta en noviembre durante un desalojo llevado a cabo por las fuerzas de seguridad.

El presidente de Bolivia promulgó la Ley 969, que permitía la construcción de una carretera que cruzaría el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), una de las principales reservas de agua del país y en el que vivían aproximadamente 14.000 personas, la mayoría de ellas de comunidades indígenas. Esa ley derogó legislación anterior según la cual el TIPNIS era un área protegida, lo que causó preocupación por el posible desarrollo de otros proyectos extractivos y de infraestructura en la zona.

En Nicaragua, agentes de policía impidieron a comunidades rurales y pueblos indígenas participar en manifestaciones pacíficas contra la construcción del Gran Canal Interoceánico. Persistía la impunidad por delitos tales como homicidios, violaciones, secuestros, desapariciones forzadas, amenazas de muerte y desplazamientos forzados de pueblos indígenas en la Región Autónoma del Atlántico Norte, aunque tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos habían ordenado a Nicaragua en 2015 que adoptara todas las medidas necesarias para investigar esos delitos.

En Perú se promulgaron nuevas leyes que debilitaron la protección de los derechos de los pueblos indígenas relativos a la tierra y el territorio, y socavaron su derecho al consentimiento libre, previo e informado. El gobierno desatendió el derecho a la salud de cientos de miembros de pueblos indígenas cuyas únicas fuentes de agua habían sido contaminadas con metales tóxicos, y carecían de acceso a una atención médica adecuada.

En Perú y Nicaragua varias empresas nacionales y transnacionales trataban de hacerse con el control de la tierra y el territorio de grupos que incluían a pueblos indígenas y campesinos.

Las autoridades de Brasil hicieron caso omiso de la cada vez más profunda crisis de derechos humanos que ellas mismas habían creado.  Se hizo poco por reducir el número de homicidios, controlar el uso de la fuerza por parte de la policía o garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Varios conflictos sobre la tierra e invasiones de territorios de pueblos indígenas por parte de madereros y mineros ilegales tuvieron como consecuencia ataques violentos contra comunidades indígenas.

Se seguían negando a los pueblos indígenas de Paraguay sus derechos a la tierra y al consentimiento libre, previo e informado sobre proyectos que los afectaban. Pese a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno no brindó a la comunidad yakye axa acceso a sus tierras, ni resolvió un caso sobre la propiedad de unas tierras expropiadas a la comunidad sawhoyamaxa.

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala reconoció la falta de consultas previas con el pueblo indígena xinca de Santa Rosa y Jalapa, que se vio negativamente afectado por la actividad minera.

En Ecuador se seguía violando el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado, con situaciones que incluían intrusiones del Estado en los territorios indígenas para la futura extracción de petróleo.

La impunidad por las violaciones de derechos humanos seguía suscitando preocupación en Chile. El archivo por parte de las autoridades de una investigación sobre el presunto secuestro y tortura del líder mapuche Víctor Queipul Hueiquil transmitió un aterrador mensaje a quienes defendían los derechos humanos en todo el país, ya que parecía no haberse llevado a cabo una investigación exhaustiva e imparcial. La machi Francisca Linconao, lideresa indígena, y otras 10 personas mapuches fueron absueltas de los cargos de terrorismo que pesaban contra ellas, por falta de pruebas que las implicaran en las muertes de dos personas, ocurridas en enero de 2013. Sin embargo, en diciembre, la Corte de Apelaciones declaró nula esa sentencia. Estaba previsto que en 2018 comenzara un nuevo juicio.

En Canadá los compromisos formulados por el gobierno de respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas se contradecían con el hecho de que, al prever la inundación del valle del río de la Paz, en la provincia de la Columbia Británica, para la construcción de la represa Site C, no se habían abordado las violaciones de los derechos de caza y pesca de esos pueblos, protegidos por tratados. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU expresó su preocupación por las violaciones de los derechos indígenas sobre la tierra y por el hecho de que Canadá no respetaba el derecho al consentimiento libre, previo e informado.