Luis Guillermo Espinoza Castillo fue herido de bala en la cabeza el 5 de junio de 2017, en San Diego, estado Carabobo (región central del país), cuando funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) empezaron a reprimir la manifestación. El joven falleció 2 meses y 8 días después en el Hospital Central de Valencia. Un año después la investigación penal no ha culminado, ni se han identificado a los responsables. Sus familiares piden a las autoridades celeridad, transparencia e imparcialidad para hacer justicia.

Luis Guillermo Espinoza Castillo, tenía 15 años, era líder deportista, y se encontraba en una manifestación cerca de su colegio el 5 de junio de 2017 en horas de la tarde, en el momento en que fue impactado por una bala en la cabeza, cuando funcionarios de la GNB llegaron al lugar para reprimir la concentración.

Fue inmediatamente trasladado a un centro de salud cercano llamado “El Hospitalito”, donde le realizaron  diversos exámenes médicos y le detectaron una bala alojada en el cráneo. Estuvo en la  Unidad de Terapia Intensiva (UCI) del Hospital Central de Valencia, durante 2 meses y 8 días donde llegó a un severo estado de desnutrición y contrajo bacterias por la falta de higiene del lugar. Sus familiares han exigido a las autoridades que esto sea investigado.

El día domingo 13 de agosto Luis Guillermo falleció después de una ardua lucha por sobrevivir.

Amnistía Internacional tuvo conocimiento a través de sus abogados que han detectado graves irregularidades en el transcurso de la investigación penal, así como múltiples obstáculos para lograr la identificación de los funcionarios involucrados; sus familiares exigen justicia y que sean efectivamente sancionados.

El Estado venezolano tiene la obligación de garantizar a sus ciudadanos investigaciones imparciales e independientes, especialmente cuando se trata de posibles actuaciones arbitrarias por parte de miembros de cuerpos de seguridad estatales contra el derecho a la vida de las personas.

La Constitución venezolana y los estándares internacionales prohíben absolutamente el uso de armas de fuego para el control de manifestaciones.