Amnistía Internacional exige, junto a los organismos internacionales, atender la dramática situación que viven quienes buscan tratamientos y atención médica, así como mejores condiciones de vida, ya que los países vecinos comparten la responsabilidad de proponer soluciones regionales. También insta al Estado venezolano a respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de todos los venezolanos

La crisis económica, la escasez de alimentos y medicinas, así como la cada vez más difícil condición de vida, han hecho que más de 1.600.000 personas hayan emigrado de Venezuela[1] en 2017 hacia países de las Américas y Europa.

La Oficina Internacional de las Migraciones (OIM) precisó que en abril de 2018 al menos 1.300.000 venezolanos se encuentran dispersos en las Américas, entre los cuales 885.000 se encuentran en Sudamérica, 308.000 en América del Norte, 78.000 en los países centroamericanos y 21.000 en las islas del Caribe.

Sin embargo, el 15 de junio de 2018, el director de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, indicó que a la nación sudamericana han llegado más de un millón de personas[2] provenientes de Venezuela, en donde al menos 819.000 poseen esta nacionalidad y 181.000 poseen el Permiso Especial de Permanencia[3] (PEP) expedido por las autoridades para tratar de regular la situación de quienes emigraron de su país de origen.

Amnistía Internacional publicó en 2018 el portal web Salida de Emergencia, que detalla la situación de las personas que han buscado atención médica, tratamientos y una mejor vida en territorio colombiano.

La migración de personas desde Venezuela hacia Colombia por motivos médicos ha crecido exponencialmente, ya que para 2015 al menos 1.475 personas fueron atendidas por los servicios de salud neogranadinos, mientras que en 2017 esta cifra aumentó a 24.727.

Krüger señaló que en lo que va de 2018 se han ofrecido 36 mil atenciones de urgencias a personas migrantes desde Venezuela, cifra que superó las 25 mil registradas en todo el 2017.

Además, personas con enfermedades crónicas han cruzado los pasos fronterizos para recibir el tratamiento que en Venezuela no logran tener, debido a la escasez de entre 80 y 90% de medicamentos y el colapso del 50% de los hospitales del país.

Solo desde 2015 a 2016 la tasa de mortalidad materna subió 65.79% y la infantil a 30.12%, lo que ha obligado a las mujeres embarazadas a trasladarse a los estados fronterizos colombianos para poder dar a luz en condiciones dignas, ya que de hacerlo en Venezuela podrían formar parte de las estadísticas mencionadas.

Pueblos indígenas en el limbo

Por su parte, el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) informó en julio de 2018 que justo bajo el puente internacional Francisco de Paula Santander, ubicado entre las fronterizas poblaciones de Cúcuta (Colombia) y Ureña (Venezuela), se encuentran alrededor de 500 personas de la comunidad indígena binacional Yukpa que el Estado colombiano no ha reconocido y, por lo tanto, no pueden acceder a la atención y protección humanitaria.

“Brotes de tuberculosis, enfermedades estomacales, desnutrición, entre otras dolencias, ya han sacudido a la comunidad causando afectaciones entre sus miembros, pero sin inmutar al Estado”, señala el SJR en un comunicado[4].

Ante esta situación fueron solicitadas medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque hasta el momento solo se ha obtenido, a través de la resolución 2-18[5], la notificación de que el organismo recibió “información relativa a que en algunas zonas fronterizas, organizaciones delictivas explotan a personas venezolanas recién llegadas. Pueblos indígenas, tales como los Wayuu, Warao y Yukpa, también se han visto afectados, viéndose forzados a abandonar sus territorios de origen. Estas personas tienen que viajar distancias largas y suelen encontrarse en una mayor situación de vulnerabilidad, al no contar con recursos para comprar comida o buscar vivienda y no hablar el idioma del país en el que se encuentran”.

En Brasil la situación no es muy diferente, ya que al menos 1.200 personas aborígenes se han tenido que trasladar a refugios ubicados en seis localidades del estado de Roraima, debido a la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban en Venezuela.

Cooperación regional

La situación de las personas migrantes no solo ha impactado a Colombia, ya que en el estado de Roraima (Brasil) se han instalado campos en las ciudades de Boa Vista y Manaos para albergar a las personas que salen desde Venezuela.

La Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) informó que para marzo de 2018 se registraron 800 ingresos diarios de personas desde Venezuela a Brasil, que hasta ahora suman 183.397 migrantes, de los cuales 24.818 son solicitantes de asilo y 2.215 se encuentran en albergues temporales[6].

El organismo confirmó que Venezuela es el cuarto país con más solicitudes de asilo en el mundo con 111.600 peticiones, solo después de Afganistán, Siria e Irak.

Además, las formas para salir del país incluyen métodos legales (a través de pasos fronterizos y con la documentación vigente), ilegales (pasos rurales no controlados) y hasta de alto riesgo.

El pasado 10 de enero, 30 personas a bordo de una frágil embarcación, que partió desde las costas del estado Falcón con rumbo a la vecina isla de Curazao (Países Bajos), naufragaron. Todos tenían la esperanza de conseguir empleo y así ofrecer mejores condiciones de vida a sus familiares en Venezuela.

Ante estas trágicas situaciones, Acnur, Migración Colombia y las autoridades brasileñas han solicitado el apoyo de todos los países de la región para que se tomen acciones efectivas que atiendan y protejan a las personas migrantes desde Venezuela en condiciones vulnerables.

La Organización Internacional para las Migraciones activó un Plan de Acción Regional para coordinar la actuación de las autoridades de 17 países de las Américas, pero requiere de la financiación y logística para llevarlo a cabo.

Amnistía Internacional exige, junto a los organismos internacionales, atender la dramática situación que viven quienes buscan tratamientos y atención médica, así como mejores condiciones de vida, ya que los países vecinos comparten la responsabilidad de proponer soluciones regionales. También insta al Estado venezolano a respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de todos los venezolanos.