En los últimos años, Amnistía Internacional ha denunciado la tortura en más de140 países y lleva adelante su campaña #StopTortura para exigirle a las autoridades detengan este terrible flagelo

El Informe Global 2018 de Amnistía Internacional documenta que cientos de personas actualmente siguen siendo detenidas y recluidas en cárceles conocidas por el uso de la tortura y otros malos tratos en muchas partes del mundo.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos, las personas que ejercían el activismo político pacíficos y las personas fieles de cultos religiosos sufrían de violaciones de derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias y juicios por cargos imprecisos en los que no se respetaban las normas internacionales de justicia procesal. Algunos presos y presas de conciencia fueron sometidos a tortura y otros malos tratos en Asia. En el caso de las mujeres y las niñas siguen siendo víctimas de abusos y violaciones sistémicas de derechos humanos, incluidos tortura y otros malos tratos especialmente en países africanos y asiáticos.

En los últimos años, Amnistía Internacional ha denunciado la tortura en más de140 países y lleva adelante su campaña #StopTortura para exigirle a las autoridades detengan este terrible flagelo. Veamos la situación del empleo de esta práctica en cada región:

América 

En lugar de emplear los derechos humanos como una forma de lograr un futuro más justo y sostenible, muchos gobiernos volvieron a recurrir a tácticas represivas: hacían un uso indebido de las fuerzas de seguridad y los sistemas de justicia para silenciar la disidencia y las críticas, permitían que quedara impune el uso generalizado de la tortura y otros malos tratos.

En Venezuela miles de personas fueron detenidas de forma arbitraria, y se registraron numerosas denuncias de torturas y otros malos tratos. El sistema judicial se utilizó para silenciar la disidencia —entre otras cosas mediante el uso de tribunales militares para juzgar a civiles— y para perseguir y hostigar a defensores y defensoras de los derechos humanos.

La tortura y otros malos tratos seguían siendo una práctica generalizada en México a la que recurrían con impunidad y de manera habitual las fuerzas de seguridad para obligar a personas a firmar “confesiones” falsas. El Congreso mexicano aprobó, por fin, una nueva ley general contra la tortura.

En una entrevista el presidente de Estados Unidos Donald Trump, expresó su apoyo a la tortura y afirmó que “confiaría” en el secretario de Defensa, el director de la CIA y otras personas para decidir si Estados Unidos debía emplearla. No se adoptó medida alguna para poner fin a la impunidad de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluidas las torturas y desapariciones forzadas, cometidas en el marco del programa de detención secreta gestionado por la CIA tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

En el estado brasilero de Ceará, las torturas a manos de agentes estatales en los centros de detención de menores eran práctica recurrente. Durante el año, hubo al menos 20 motines y 37 fugas de unidades de Ceará. De las 200 denuncias formales de torturas de adolescentes en unidades de detención de menores en Ceará entre 2016 y septiembre de 2017, sólo dos desembocaron en investigaciones formales del estado para obtener más datos.

En Paraguay se desataron protestas tras revelarse un intento secreto por parte de varios senadores de enmendar la Constitución para permitir la reelección presidencial. Algunos manifestantes incendiaron el edificio del Congreso, y la policía mató al activista de oposición Rodrigo Quintana. Decenas de personas resultaron heridas, más de 200 fueron detenidas, y las organizaciones locales denunciaron torturas y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad.

La impunidad por las violaciones de derechos humanos, tanto las perpetradas durante como las cometidas en el pasado, seguía suscitando preocupación en Chile. El archivo por parte de las autoridades de una investigación sobre el presunto secuestro y tortura del líder mapuche Víctor Queipul Hueiquil transmitió un aterrador mensaje a quienes defendían los derechos humanos en todo el país, ya que parecía no haberse llevado a cabo una investigación exhaustiva e imparcial.

En Colombia, pese a sus esfuerzos por mantenerse neutrales frente al conflicto armado, las personas que vivían en San José de Apartadó seguían siendo víctimas de ataques, torturas, abusos sexuales y desplazamientos forzados a manos de todas las partes enfrentadas.

Las fuerzas de seguridad de Honduras emplearon contra quienes protestaban una fuerza excesiva, que incluyó el uso de armas letales. Al menos 31 personas resultaron muertas, y también se denunciaron múltiples casos de personas heridas por arma de fuego o brutalmente golpeadas por las fuerzas de seguridad, así como casos que podrían constituir tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

África

Se tuvo noticia de torturas y otros malos tratos en muchos países, entre ellos Burkina Faso, Camerún, Eritrea, Etiopía, Mauritania, Nigeria y Sudán. Las fuerzas de seguridad de Camerún torturaron a personas sospechosas —a menudo sin pruebas— de apoyar a Boko Haram. Estas violaciones de derechos humanos constituían crímenes de guerra y se cometían con impunidad.

En Etiopía, las personas detenidas por terrorismo se quejaban reiteradamente ante los tribunales de que la policía las sometía a tortura y malos tratos durante los interrogatorios. Aunque en algunos casos los jueces ordenaron a la Comisión Etíope de Derechos Humanos que investigara las denuncias, las investigaciones no cumplían las normas internacionales de derechos humanos.

En Egipto, en la peor oleada de represión ejercida en más de un decenio, las autoridades detuvieron y enjuiciaron a personas por su presunta orientación sexual tras la exhibición en septiembre de la bandera arco iris en El Cairo, en un concierto de Mashrou’ Leila, grupo libanés al que se había prohibido actuar en Jordania poco tiempo antes. Las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a 76 personas y sometieron a exámenes anales, práctica que constituye tortura, como mínimo a 5. La tortura y otros malos tratos seguían siendo práctica habitual en los lugares oficiales de detención y eran sistemáticos en los centros que dependían de la Agencia de Seguridad Nacional.

En territorio libio había hasta 20.000 personas refugiadas y migrantes recluidas de forma arbitraria e indefinida y en condiciones de insalubridad y hacinamiento en centros de detención donde estaban expuestas a sufrir tortura, trabajo forzoso, extorsión y homicidio ilegítimo a manos de las autoridades y de las milicias que los administraban.

El gobierno de Sudán siguió sofocando la disidencia, y las fuerzas de seguridad intensificaron la persecución de miembros de partidos políticos de la oposición, sindicalistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y estudiantes, que sufrieron detenciones y reclusiones arbitrarias por cargos falsos, y tortura y otros malos tratos sistemáticos.

En respuesta a las amenazas del grupo armado Boko Haram y los crímenes de guerra que seguía perpetrando, las fuerzas de seguridad de Camerún y Nigeria continuaron cometiendo violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, detenciones en régimen de incomunicación, torturas y otros malos tratos que, en algunos casos, causaron muertes bajo custodia.

Las Salas Africanas Extraordinarias de Senegal confirmaron la sentencia condenatoria y la pena de cadena perpetua impuestas al expresidente chadiano Hissène Habré por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y tortura.

Asia y Oceanía

Las autoridades chinas continuaron reprimiendo la disidencia con una intensidad sin precedentes, sometiendo a activistas y abogados y abogadas de derechos humanos a una implacable campaña de detenciones, reclusiones y encarcelamientos arbitrarios, torturas y otros malos tratos. Siguieron utilizando la “vigilancia domiciliaria en un lugar designado”, una modalidad de detención secreta en régimen de incomunicación que permitía a la policía mantener recluida a una persona durante hasta seis meses fuera del sistema formal de detención y sin acceso a un abogado de su elección, a sus familiares ni a nadie del exterior, lo que la dejaba expuesta a sufrir torturas y otros malos tratos.

En Indonesia no se rindieron cuentas por el uso excesivo o innecesario de la fuerza durante manifestaciones masivas u otras operaciones de seguridad en la provincia de Papúa. En Fiyi, el gobierno no garantizó la rendición de cuentas por las torturas y otros malos tratos infligidos por las fuerzas de seguridad a personas detenidas.

La impunidad generalizada fomentó y perpetuó las violaciones de derechos humanos — entre ellas homicidios ilegítimos y torturas—, negó justicia y reparación a millones de personas y propició crímenes de lesa humanidad y de guerra en países como Myanmar y Afganistán.

Grupos armados en Afganistán perpetraron actos de violencia de género, tortura y otros malos tratos, así como otros abusos contra los derechos humanos, imponiendo castigos corporales a las mujeres por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o dedicarse al trabajo sexual.

En el norte de Myanmar, la constante de violaciones de derechos humanos a manos del ejército era similar a la situación del estado de Rajine, si bien recibió menos atención internacional. En los estados de Kachin y Shan del Norte se cometieron crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos contra la población civil, entre ellos ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, bombardeos indiscriminados, trabajos forzados y restricciones de acceso a la ayuda humanitaria.

En Arabia Saudí la tortura y otros malos tratos bajo custodia continuaban siendo práctica habitual y generalizada. Los tribunales seguían declarando culpables a los acusados y confirmando condenas a muerte basándose en controvertidas “confesiones” hechas en prisión preventiva. Los agentes de seguridad continuaban sometiendo a personas detenidas a torturas y otros malos tratos con total impunidad. Había documentación judicial según la cual los 14 hombres habían sido sometidos a detención prolongada previa al juicio y habían denunciado haber sido objeto de tortura y malos tratos durante su interrogatorio para obtener “confesiones”.

En la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), la ciudadanía siguió sufriendo graves violaciones de derechos humanos, algunas de ellas constitutivas de crímenes de lesa humanidad. Los derechos a la libertad de expresión y de circulación fueron severamente limitados, y hasta 120.000 personas siguieron recluidas arbitrariamente en campos penitenciarios para presos y presas políticos donde se las sometía a trabajos forzados, tortura y otros malos tratos.

En Taiwán, el Tribunal Supremo desestimó el recurso extraordinario interpuesto por la Fiscalía General para que se sometiera a un nuevo juicio a Chiou Ho-shun, el preso que más tiempo había permanecido condenado a muerte en la historia contemporánea del país. Chiou Ho-shun, condenado a muerte desde 1989, afirmaba haber sido torturado y obligado a “confesar” durante los interrogatorios policiales.

En Pakistán, las autoridades restringieron aún más el trabajo de decenas de ONG, y atacaron a un buen número de activistas, a quienes sometieron incluso a tortura y desaparición forzada. Continuaron las desapariciones forzadas, cuyas víctimas corrían considerable riesgo de tortura y otros malos tratos e incluso de muerte. No se tenía constancia de que ninguna de las personas responsables de los cientos o miles de casos denunciados a lo largo de los últimos años en todo el país hubiera comparecido ante la justicia.

En Irán, la libertad de religión o de creencias se vulneraba de forma sistemática en la ley y en la práctica. Continuaban cometiéndose ataques generalizados y sistemáticos contra la minoría religiosa bahaí, como detenciones arbitrarias, largos periodos de prisión, tortura y otros malos tratos, clausura forzosa de negocios, confiscación de bienes, prohibición de trabajar en el sector público y negación de acceso a universidades.

Tribunales en Irak seguían admitiendo como prueba “confesiones” obtenidas mediante tortura. Muchas personas declaradas culpables en estos juicios injustos y precipitados fueron condenadas a muerte. Se recibieron denuncias de tortura bajo custodia de personas acusadas de delitos contra la seguridad nacional en países como Bahréin, Israel y Kuwait. En general, no se investigaron las presuntas torturas.

El gobierno de Nepal, un tribunal de distrito condenó a cadena perpetua a tres militares por el asesinato de Maina Sunuwar, una muchacha de 15 años que había muerto bajo custodia militar en 2004 tras ser torturada en el contexto del conflicto armado que había terminado en 2006 y que a lo largo de diez años había enfrentado a los maoístas con las fuerzas del gobierno. Estas condenas supusieron un importante avance en la capacidad del sistema de justicia para abordar los graves abusos cometidos durante el conflicto, y fueron la primera señal de justicia para las víctimas.

Europa

Los Estados de la UE intensificaron sus esfuerzos para impedir la entrada irregular de personas y aumentaron el número de expulsiones, incluso por medio de políticas que dejaban a las personas migrantes y necesitadas de protección expuestas a sufrir malos tratos, tortura y otros abusos en los países de origen y de tránsito.

En el Cáucaso Septentrional, Rusia, continuaron denunciándose desapariciones forzadas, detenciones ilegales, tortura y otros malos tratos bajo custodia y ejecuciones extrajudiciales, cometidas en el contexto de operaciones de seguridad. Rusia continuó enviando a personas refugiadas y solicitantes asilo de regreso a países donde corrían peligro de sufrir tortura y otros malos tratos, como hicieron otros países de Europa y Asia central.

Italia y otros gobiernos no incluyeron garantías básicas de derechos humanos en estos acuerdos y miraron hacia otro lado ante los abusos cometidos contra personas refugiadas y migrantes, como tortura y extorsión, por las propias instituciones con las que estaban cooperando.

La reafirmación de los “valores tradicionales” derivados de dicha interpretación alcanzó proporciones terroríficas con la tortura y muerte en secreto de varios gays a manos de las autoridades en Chechenia. En abril se recibieron informes que indicaban que las autoridades chechenas detenían arbitrariamente, recluían en secreto, torturaban y mataban a gays. La respuesta de las autoridades a la indignación internacional fue que no había gays en Chechenia, y las autoridades federales no llevaron a cabo una investigación efectiva.

Las autoridades alemanas tanto federales como estatales siguieron sin establecer mecanismos independientes de denuncia para investigar los malos tratos por parte de la policía. Las organizaciones de la sociedad civil continuaron denunciando que la policía sometía a controles de identidad discriminatorios a las personas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas.