El médico cirujano José Alberto Marulanda, fue detenido por funcionarios del DGCIM sin orden judicial, el 19 de mayo de 2018. A pesar de ser un civil fue imputado por delitos militares, con penas de hasta 30 años de prisión. No le permitieron comunicarse con nadie, estuvo 5 días desaparecido y ha denunciado que fue torturado.

El Dr. Marulanda fue detenido sin orden judicial, el día sábado 19 de mayo de 2018 a altas horas de la noche, por funcionarios adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en el apartamento de su pareja ubicado en el Municipio El Hatillo, en el sureste de Caracas. No tuvo derecho a hacer una llamada telefónica ni a comunicarse con sus familiares y abogados de confianza.

El 24 de mayo, 5 días después, José Marulanda fue presentado ante un Tribunal Militar de Caracas, le imputaron los delitos de Instigación al Odio y Traición a la Patria, previstos y sancionados en el Código Orgánico de Justicia Militar, cuyas penas pudieran ascender a 30 años de prisión, además, le decretaron Medida Judicial Preventiva de Libertad y le designaron como lugar de reclusión el Centro Nacional de Procesados Militares (CENAPROMIL), ubicado en Ramo Verde.

Ese mismo día, sus abogados defensores notaron que el Dr. José Marulanda tenía signos externos de maltrato y estaba afectado emocionalmente, momento en que él mismo les comunicó expresamente que había sido torturado, tanto física como psicológicamente, para que dijera el paradero de su pareja (una oficial de las Fuerzas Armadas). Situación que uno de los abogados en reiteradas oportunidades intentó denunciar oralmente durante la celebración de la audiencia de presentación, siendo interrumpida por la Jueza, quien tampoco emitió pronunciamiento alguno al respecto.

Sus abogados presentaron la denuncia ante el Ministerio Público, donde relataron detalladamente todas las torturas ocasionadas al médico Marulanda. Hasta el día de hoy, Amnistía no ha podido saber si ha recibido atención médica o si se ha iniciado investigación penal alguna con respecto a su denuncia. El estado sigue siendo responsable de la integridad física y psicológica de los detenidos que estén bajo su custodia.