Hoy 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Prensa, es evidente que los discursos contra periodistas y medios de comunicación son símbolos de las políticas de muchos países que quieren, o más bien les conviene, un contexto de desinformación para continuar perpetrando abusos desde el poder

Son innumerables los obstáculos y retos por superar cuando se habla de la prensa libre. Cada día suman más países democráticos que se ven envueltos en temas de censura y de violaciones de este derecho y resulta inadmisible la obsesión de varios Estados por la vigilancia y el irrespeto a todo lo concerniente a esta loable profesión que, a fin de cuentas, busca elevar la voz de quienes no pueden por si solos. 

Según reseña el informe 2017/ 2018 de Amnistía Internacional en al menos 30 países—más de la mitad de los que eran objeto de seguimiento— se restringe la libertad de los medios de comunicación y se criminalizaba a quienes ejercen el periodismo.

Venezuela, libertad de prensa pasó a la historia

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por el cierre de 50 emisoras de radio por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Otros medios de comunicación también se enfrentaban a la amenaza de cierre, a pesar de una sentencia dictada en 2015 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaraba que dichos cierres vulneraban la libertad de expresión. El gobierno acusó a manifestantes contrarios a las políticas del Estado y a algunos líderes de la oposición de ser una amenaza para la seguridad nacional. También en este país se ordenó retirar de las cadenas nacionales de televisión por cable algunos canales extranjeros de noticias, entre ellos CNN, RCN y CARACOL.

En septiembre 2017, unas personas no identificadas amenazaron a periodistas del portal de noticias y periodismo de investigación en Internet Armando.Info por sus investigaciones sobre casos de corrupción administrativa. A principio del año en curso, trabajadores del mismo portal se vieron forzados a salir del país por los mismos trabajos periodísticos.

México: Amenazas a periodistas

Continuaron las amenazas, el hostigamiento, las agresiones y los homicidios contra periodistas. Perdieron la vida al menos 12 profesionales de la comunicación, la cifra más alta registrada en un solo año desde 2000. Entre ellos se encontraba el periodista galardonado Javier Valdez, fundador del periódico Ríodoce, asesinado el 15 de mayo en el estado de Sinaloa. Muchos de los homicidios de periodistas se produjeron a la luz del día y en espacios públicos. Las autoridades no realizaron avances significativos en las investigaciones de estos homicidios. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión no investigó si el trabajo de estos profesionales podía haber motivado los ataques en la mayoría de los casos. El Mecanismo de Protección para periodistas, de carácter federal, no brindaba protección adecuada. Isidro Baldenegro López, ganador del Premio Goldman fue asesinado en enero.

En enero se conoció que una red de personas empleaba Internet para hostigar y amenazar a periodistas en todo México. En junio se conocieron indicios de actividades de vigilancia para las que se sabía se había utilizado software adquirido por el gobierno. El Mecanismo de Protección para Periodistas no aportó ninguna estrategia de respuesta a los ciberataques y la vigilancia ilegal de personas a las que se habían otorgado medidas de protección.

Paraguay puso en riesgo la libertad de prensa

En marzo, los periodistas Menchi Barriocanal y Oscar Acosta dieron cobertura a un intento secreto de varios senadores de reformar la Constitución para permitir reelecciones presidenciales. El 31 de marzo y el 1 de abril estallaron protestas, y algunos manifestantes prendieron fuego a la sede del Congreso Nacional. El presidente Cartes y representantes del partido gobernante acusaron públicamente a los dos periodistas de incitar a la violencia, y los amenazaron con detenerlos. Otros profesionales de medios de comunicación críticos con la reacción del gobierno a las protestas también denunciaron estar siendo objeto de acoso por parte de las autoridades. En junio, en respuesta a las denuncias de que 23 periodistas habían sido atacados por la policía durante las protestas de marzo, la Policía Nacional adoptó un protocolo de seguridad para periodistas en peligro.

España violó derecho de periodistas

Algunas autoridades restringieron de manera desproporcionada el derecho a la libertad de expresión tras la decisión de suspender cautelarmente la ley del referéndum catalán adoptada por el Tribunal Constitucional el 7 de septiembre. Continuaron imponiéndose a periodistas sanciones administrativas basadas en la Ley de Seguridad Ciudadana y que podían constituir restricciones ilegítimas del derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de información. Se impuso una multa de 601 euros a la periodista Mercé Alcocer, de Catalunya Radio, por desobedecer una orden de la policía. Había traspasado una línea policial no señalizada al intentar entrevistar a un testigo cuando estaba cubriendo la información de un caso de corrupción investigado en la Audiencia Nacional. La periodista recurrió la sanción alegando que había retrocedido cuando se lo habían ordenado y que existían grabaciones de cámaras de seguridad que lo demostraban. Las imágenes no fueron admitidas como prueba, y su recurso estaba pendiente al final del año.

Muchos lugares con tareas pendientes por la libertad de prensa

En África la represión generalizada de la disidencia también se manifestó en los ataques cometidos contra periodistas, blogueras y blogueros. Mientras que en Camerún se detuvo arbitrariamente a trabajadores de la prensa, y muchos fueron silenciados por criticar al gobierno, especialmente en respuesta a la indignación creciente por la crisis económica. El uso indebido del sistema de justicia para silenciar la disidencia era habitual en Angola, donde el gobierno utilizó legislación sobre difamación especialmente contra periodistas.

En Uganda, la periodista Gertrude Uwitware fue detenida por apoyar a Stella Nyanzi. En Kenia, las autoridades utilizaron el hostigamiento y la intimidación para silenciar a los medios de comunicación. En Botsuana se hostigaba e intimidaba persistentemente a periodistas por realizar labores de investigación, y unos agentes de seguridad vestidos de civil detuvieron y amenazaron de muerte a tres periodistas que habían llevado a cabo una investigación.

En Mauritania se conmutó la condena a muerte por apostasía impuesta al bloguero Mohamed Mkhaïtir, que no obstante siguió recluido aun después de haber cumplido su condena. Las autoridades de Madagascar intimidaron y hostigaron a periodistas para tratar de silenciarlos.

En Asia y Oceanía la represión fue muy dura para quienes ejercían el periodismo; desde la oleada de represión sin precedentes que China lanzó contra la libertad de expresión hasta la intolerancia de Camboya y Tailandia ante cualquier forma de disidencia.

Los derechos a la libertad de expresión y de circulación fueron severamente limitados en Asia Oriental.  También, Asia Meridional atacó la libertad de expresión esgrimiendo difusos conceptos como el de “seguridad nacional” para silenciar a la población. La criminalización de la libertad de expresión en Internet fue la tendencia.

En Pakistán se sometió a desaparición forzada a cinco blogueros críticos con el gobierno y se detuvo a otros por haber hecho comentarios críticos con el ejército o haber expresado ideas consideradas “contrarias al islam”. El gobierno propuso una nueva Ley de Seguridad Digital que limitaría aún más el derecho a la libertad de expresión en Internet e impondría sanciones más duras. En Afganistán, donde la penetración de Internet era una de las más bajas de la región de Asia y Oceanía, se aprobó una nueva Ley de Delitos Informáticos que criminalizaba la libertad de expresión. También se utilizó legislación represiva para suprimir la libertad de expresión, y se lanzaron cada vez más ataques contra quienes ejercían el periodismo y contra la libertad de prensa. Grupos armados y agentes estatales amenazaban constantemente la vida y la seguridad y hubo actos de violencia y censura contra periodistas. Surgió episodio parecido en Pakistán, ya que las autoridades no protegieron a periodistas, blogueros que sufrían hostigamiento, intimidación, amenazas, campañas de desprestigio y agresiones constantes por parte de agentes no estatales. En Maldivas se intensificó la represión del debate público y las autoridades hostigaron a periodistas, activistas y medios de comunicación.

En Tailandia, el gobierno militar siguió reprimiendo de manera sistemática la libertad de expresión. En Malasia, el gobierno reprimió constantemente los derechos civiles y políticos: hostigó, detuvo e investigó a periodistas por manifestarse pacíficamente contra los abusos. Por su parte, el gobierno de Fiyi utilizó legislación represiva para silenciar a los medios de comunicación y limitar la libertad de expresión y de reunión pacífica. Los cargos que pesaban contra varios empleados del diario Fiji Times se modificaron a una acusación de sedición en lo que constituyó una maniobra política concebida para silenciar a los pocos medios de comunicación independientes que quedaban en el país. En Singapur se impusieron restricciones a la libertad de prensa. En Laos, los derechos a la libertad de expresión siguieron sometidos a graves restricciones. El espacio de la prensa libre se redujo aún más en Myanmar, donde se sometió a periodistas y personal de los medios de comunicación a intimidaciones y, en ocasiones, a detención, reclusión y procesamiento a causa de su trabajo.

En toda Europa del Este y Asia Central se restringió a los medios de comunicación. En Tayikistán, las autoridades acentuaron aún más el deterioro del respeto a la libertad de opinión y de expresión, al imponer amplias restricciones para silenciar las voces críticas. La policía y los servicios de seguridad acosaron e intimidaron a periodistas. En Kazajistán, periodistas y activistas sufrieron ataques y procesamientos de motivación política. Las autoridades, que ya habían conseguido asfixiar a los medios de comunicación independientes, emplearon métodos cada vez más sofisticados y agresivos para erradicar las voces disidentes en Internet y las redes sociales. En Azerbaiyán se puso en marcha una cibercampaña específica contra las voces críticas.

En Uzbekistán, el gobierno sometió a vigilancia ilegal a la ciudadanía dentro y fuera del país, reforzando un entorno hostil para periodistas y activistas y sembrando el miedo entre sus  ciudadanos y ciudadanas en Europa. Las autoridades continuaron citando a periodistas y sometiéndolos a palizas y a arresto domiciliario. En Turquía continuaron recluidas decenas de miles de personas consideradas críticas con el gobierno, en el marco de las secuelas del intento de golpe de Estado de 2016. Las críticas al gobierno prácticamente desaparecieron de los medios de comunicación de mayor difusión.

Fueron muchos los países, en los que la defensa de la información periodística, así como las críticas a las instituciones de los Estados, desembocaron en enjuiciamiento y prisión y, en algunos casos, en campañas de desprestigio orquestadas por los gobiernos o sus seguidores.

Todos los Estados sin excepción deben garantizar el derecho a la libertad de prensa, ya que este, es un elemento central del derecho más amplio a la libertad de expresión. La prensa juega un papel central al informar de forma contextualizada sobre los temas relevantes para todas y todos, al colocar en debate público las cuestiones centrales para el desarrollo y la democracia en el mundo. Por eso, es fundamental que las y los profesionales de la comunicación y la información puedan ejercer su trabajo con libertad.