Desde 2013, Aracelis Sánchez se ha dedicado a buscar a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, estén donde estén, para brindar todo el apoyo y asesoría que puede dar a través de la Organización de Familiares de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos (Orfavideh)

Empoderar a las mujeres para asumir el rol de “buscar de justicia” frente a las ya contaminadas y carcomidas instituciones del Estado venezolano es la labor principal de la Organización de Familiares de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos (Orfavideh), que ha sido impulsada por la fuerza y el coraje de madres que han perdido a sus hijos víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

En uno de los países más violentos del mundo, de acuerdo a lo publicado por organizaciones de la sociedad civil, defender el derecho a la justicia y exigir la garantía de acceso al debido proceso es una labor titánica. Sin embargo, esta dificultad no ha hecho mella en la determinación de Aracelis Sánchez para dirigir la organización.

Desde 2013, Sánchez se ha dedicado a buscar a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, estén donde estén, para brindar todo el apoyo y asesoría que puede dar, contando con el respaldo del Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic).

“Desde mi experiencia como víctima, ayudo a quienes han sufrido alguna violación de derechos humanos, específicamente a familiares de personas que han sido asesinadas a manos de funcionarios del Estado, para que se empoderen y puedan llevar sus casos a los tribunales, no desmayen ante las innumerables diligencias y logren justicia”, explica Sánchez.

Apoyo a las madres

“Siempre recibo apoyo de Orfavideh para redactar los documentos que se introducen ante la Fiscalía, también me acompañan a las citas y hacen seguimiento de mi caso, porque no ha sido fácil lograr que investiguen el asesinato de mis 4 familiares”, destaca Glory Tovar, una madre que sufrió la pérdida de dos hijos y dos sobrinos en un operativo realizado dentro de su vivienda, ubicada en una popular zona de Caracas.

Esta ONG ha contado, desde el momento de su fundación en 2013, con el apoyo de los integrantes de Cofavic, quienes prestan sus servicios gratuitos a las víctimas defendidas por la organización que dirige Sánchez.

Abogados, psicólogos y un equipo de prensa están a disposición de quien necesite asesoría o apoyo para exigir justicia en sus casos. “Cuando las autoridades no nos quieren tomar en cuenta, vamos a la prensa para que publiquen la situación de sus casos y así ejercer más presión”, explica Glory Tovar.

Debido a la emergencia humanitaria compleja que sufren día a día los venezolanos, y en especial las personas en situación más vulnerable, Orfavideh y Cofavic buscan costear los gastos relacionados al traslado, documentación, preparación de talleres y alimentación, cuando las personas asisten a las actividades realizadas por las ONG.

Casos sin resolver

El 11 de junio de 2013, efectivos del Cicpc rodearon la vivienda de Sánchez en busca de su hijo. Ese día, un funcionario accionó un arma de fuego contra Darwilson y le arrebató la vida, luego de haber vivido sus últimos tres meses un incesante acoso e intimidación por parte de funcionarios de seguridad. En la vivienda solo quedaron pocos muebles, tras haber vendido casi todo para pagar el dinero que los uniformados exigían cada vez que tocaban la puerta.

Casos como este ha recibido Orfavideh en demasía. Desde hechos individuales ocurridos en sectores populares, como los vinculados a grandes operaciones de los cuerpos de seguridad del Estado (como la llamada Operación de Liberación y Protección del Pueblo, OLP).

“Hasta diciembre teníamos 56 casos de violaciones extrajudiciales, pero en 2018 han llegado más víctimas para solicitar apoyo. Además, tenemos casos que han sido resultado del arbitrario proceder de las OLP de El Valle, del 23 de Enero y de Caricuao que están estancados porque en ellos están involucrados funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), del CIPC y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)”.

En estos casos, Orfavideh ha armado los expendientes y se ha puesto en contacto con los familiares de las víctimas para que, pese a la corrupción y el amiguismo reinante en el sistema de justicia venezolano, se determinen a los responsables de las ejecuciones y se haga justicia.

El principal obstáculo al que se enfrentan Sánchez y los familiares de las víctimas es el retardo procesal, que se acentúa aún más cuando se involucran efectivos de las fuerzas de seguridad del Estado. “Los funcionarios del Ministerio Público juegan al cansancio de los familiares y al olvido, por eso la impunidad es muy grande”, señala la representante de Orfavideh, quien añade que para impulsar las investigaciones tienen que estar llevando peticiones y presionando a los trabajadores del ente estatal para que cumplan con su labor.

Empoderarse para exigir justicia es el elemento clave para transformar el retardo procesal y la impunidad, porque “cuando una víctima que llega a la Fiscalía sin conocer cuáles son sus derechos y cómo es el procedimiento, es objeto de burlas por parte de los funcionarios. En cambio, cuando es la persona quien presiona a los fiscales y les indica cómo tienen que actuar, su caso es tomado en consideración y avanza mucho más rápido”.

Es por ello que la defensora y fundadora de Orfavideh no cede ante el miedo que infunden los mismo funcionarios a los familiares de las víctimas, ni ante la presión que puedan ejercer aquellos que tienen el poder de frenar las investigaciones. Para Sánchez, asumirse como sujeta de derecho es un paso fundamental para erradicar la impunidad en Venezuela.

“Si fuese por el Estado nuestros casos estarían paralizados. Nosotros hemos podido salir adelante es con el apoyo de alianzas con ONG que tratan estos temas y gracias a personas que de verdad se avocan a defender los derechos humanos”.

La perseverancia, o como ella misma lo describe “la insistencia”, ha permitido que las madres y familiares pierdan el miedo de denunciar y se sumen a las acciones para exigir la garantía de sus derechos humanos.

“Desde hace 5 años yo no he descansado y llevaré mi lucha y la de otras madres hasta el final, con la esperanza de que algún día no se produzcan más ejecuciones extrajudiciales en Venezuela y no hayan más familiares dolidos por la pérdida de su ser querido y por la burla que reciben de parte de quienes deben protegernos”, recalcó Sánchez apretando contra su pecho la foto de su hijo asesinado, aún su caso continúa sin respuestas.

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