Juan Pablo Pernalete era un joven de 20 años, estudiante del segundo semestre de Contaduría Pública de la Universidad Metropolitana, quien pertenecía al equipo de baloncesto de esa casa de estudios y tenía una beca por excelencia deportiva. Había sido atleta desde los 8 años de edad, había participado en Modelos de las Naciones Unidas y rescataba perros de la calle.

El 26 de abril de 2017 mientras se encontraba en una protesta en Altamira, Caracas, según testigos, Juan Pablo recibió el impacto en el pecho de una bomba lacrimógena. Minutos más tarde, murió.

El 27 de mayo, la Fiscal General en rueda de prensa presentó los detalles de las investigaciones del Ministerio Público según las cuales Juan Pablo había muerto producto del impacto de una bomba lacrimógena disparada por un Guardia Nacional que se encontraba haciendo labores de control de orden público.

Meses luego, familiares solicitaron ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un antejuicio de mérito para seis altos representantes gubernamentales por tratos crueles, debido a que habían declarado que Juan Pablo era un terrorista y que había sido asesinado por otros manifestantes con una pistola de perno.

El 16 de febrero de 2018, sus familiares explicaron públicamente en rueda de prensa, que a pesar de tener todas las pruebas y el expediente estar completo, a 10 meses de los hechos, el presunto culpable aún no había sido identificado. El caso continúa paralizado en tribunales.

“Tiene que haber justicia. Nosotros somos la voz de nuestro hijo en la tierra. Si se apaga nuestra voz, se apaga la de él”, dijeron familiares de Juan Pablo a Amnistía Internacional. Justicia, verdad y reparación para la familia Pernalete.