Si tomamos en cuenta que por cada persona que muere, sobreviven entre 3 y 4, y considerando que sólo en el año 2016, 21.752 personas fueron víctimas de homicidios, entre 65.256 y 87.009 madres, padres, hermanos, hermanas y amigos están sufriendo hoy la muerte de un ser querido. El Estado venezolano no ha garantizado, protegido y respetado el derecho a la vida y a la integridad cuando falla en la toma de medidas eficaces para contener la violencia, cuando no logra impedir que particulares maten sin importar la hora y el lugar, y cuando sus funcionarios cometen violaciones a los derechos humanos en el marco de sus funciones.

En una zona popular caraqueña, un joven de 25 años está en la parada esperando un autobús para ir a su casa. En la acera se ha formado una larga fila de personas; hay mujeres, hombres y unos cuantos niños. El joven saca su teléfono celular del bolsillo para revisar sus mensajes. Minutos luego, un empujón en su hombro lo despierta de su distracción. Otro joven de 25 años le grita e insulta. Siente algo que le oprime el pecho. Segundos después se produce un estruendo y cae al piso. Se han llevado su teléfono celular.

Horas más tarde, ya de noche, en otro barrio popular de la ciudad, una familia está durmiendo: los padres, una niña de 10 años y un adolescente de 16. Unos golpes en la puerta de la casa los sacan de sus camas. El padre pregunta qué está pasando y unos hombres vestidos de negro, algunos encapuchados y portando armas largas, le responden que están en pleno operativo policial. Los oficiales entran a la casa sin mostrar un solo papel. La familia se entera que son policías por el logo de sus uniformes. Los oficiales sacan a los padres y a la niña a la calle y se encierran dentro de la casa con el adolescente. A pesar de los gritos y las protestas, no los dejan entrar. Tras una hora, escuchan disparos.

Un hombre, joven, que habite en un barrio popular venezolano tiene altas probabilidades de morir por la violencia armada, ya sea que venga de civiles o de funcionarios. Estudios oficiales de 2006 y 2009 han establecido que las víctimas de la violencia fueron en su mayoría hombres (92,6%), entre 25 y 44 años (61,6%) y en situación de pobreza (86,2%)^[1]. Cifras más actualizadas (pero que adolecen de especificidad) informan que en el año 2016, 21.752 personas perdieron la vida por la violencia. El 55,48% de las víctimas fueron jóvenes entre los 15 y 30 años de edad^[2]. 

En Venezuela, ser joven y hombre en un barrio venezolano puede costar la vida. ¿Cómo se evalúa esta realidad bajo una perspectiva de derechos humanos?

La teoría que sustenta la práctica

Los derechos humanos engloban derechos que en su conjunto establecen las condiciones indispensables para que toda persona viva con dignidad, incluyendo la vida e integridad personal. Son inherentes a la persona humana, y por lo tanto, universales e indivisibles. Toda persona, independientemente de su sexo, nacionalidad, origen nacional o étnico, lugar de residencia, color, religión, lengua, edad, partido político o condición social, cultural o económica, tiene derechos humanos que los Estados están obligados a garantizar,  satisfacer, respetar y proteger. Los Estados en este sentido, además de tomar las medidas y proveer los medios para que todos puedan disfrutar de sus derechos, no deben interferir ni permitir que terceros obstaculicen con su realización.

La seguridad ciudadana como ausencia de amenazas y garantía de derechos

Seguridad pasó de referirse a la preservación territorial y estabilidad del Estado a centrarse en la protección contra cualquier situación que atente contra la vida, la satisfacción de las necesidades básicas, el desarrollo y libertades de las personas[3]. La seguridad ciudadana se relaciona específicamente a la protección contra amenazas provenientes de actos violentos y criminales[4]. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), consiste en “la protección de un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de la persona, y su derecho a tener una vida digna”[5].

El Estado, representado por el gobierno ejecutivo encargado del diseño y toma de políticas y los funcionarios de seguridad encargados de su implementación, es el agente responsable de garantizar la seguridad ciudadana y así, tiene el deber de velar por la vida y la integridad de todas las personas, protegiéndolas de amenazas, vulnerabilidades y riesgos[6].

Como ocurre en el caso de la violencia en Venezuela, si bien un acto de un particular que genera la vulneración de los derechos vinculados a la seguridad ciudadana de una persona no es automáticamente atribuible al Estado, no obstante, dado que éste se ha comprometido a respetar y garantizar el libre ejercicio de los derechos y debido al carácter esencial del derecho a la vida y a la integridad personal, tiene el deber primario de adoptar medidas capaces de garantizar las condiciones necesarias que eviten su vulneración y faciliten su protección[7]. Además, dichas medidas –que deben integrar desde la prevención, hasta el control, sanción y rehabilitación-, deben ajustarse a las instituciones y leyes: es decir, las políticas de seguridad ciudadana, en especial los modelos policiales generados para controlar el delito y la violencia, no pueden en ninguna circunstancia vulnerar derechos^[8].

Medidas que violan derechos humanos

En Venezuela, a pesar de contadas experiencias[9], las medidas integrales que incorporan los elementos de control, prevención y rehabilitación han sido relegadas, prevaleciendo enfoques que se concentran en lo represivo. La respuesta ha estado marcada por intervenciones violentas en barrios pobres, detenciones masivas, uso excesivo de la fuerza y participación militar en operativos de seguridad ciudadana en barrios de zonas populares[10].

Un ejemplo reciente de ello es la Operación Liberación del Pueblo (OLP). Familiares de víctimas han hecho público cómo jóvenes, en ocasiones adolescentes sin antecedentes penales, murieron a manos de funcionarios policiales y militares[11]. De acuerdo con cifras del Ministerio Público, 505 personas murieron entre julio de 2015 y marzo de 2017^[12].

La violencia institucional no es un fenómeno nuevo. La ONG, Comité de Familiares de las Víctimas (COFAVIC) ha documentado 6385 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2012 y 2017[13]. Desde los años 80, Amnistía Internacional ha registrado torturas, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales[14] a manos de efectivos de seguridad, muchas de éstas encubiertas como enfrentamientos^[15]. La mayoría de las víctimas eran presuntos delincuentes, civiles que protestaban o personas desarmadas de barrios pobres.

Violaciones que se quedan impunes, víctimas que viven sin justicia

Cuando las personas bajo la jurisdicción de un Estado ven sus derechos comprometidos por la conducta ya sea de particulares o funcionarios, corresponde al Estado esclarecer las circunstancias o de lo contrario, estaría incumpliendo con su obligación de brindar protección judicial[16].

Según Amnistía Internacional, tras un análisis de las cifras del Ministerio Público, entre los años 2009 y 2011, sólo entre el 3 y el 3,1% de las denuncias formales de violaciones de derechos humanos dieron lugar a la formulación de cargos contra los sospechosos y a su enjuiciamiento[17]. En el año 2012, organizaciones locales informaron a la CIDH que sólo 3% de los casos de violaciones de derechos humanos resultaron en acusaciones[18].

El 24 de marzo se conmemora el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. Éste día además de promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas, incluyendo las ejecuciones, busca reconocer el derecho que tienen los familiares de saber plenamente qué sucedió y los responsables de las muertes de sus seres queridos.

Hoy en Venezuela, la conmemoración de este día adquiere especial importancia para los familiares que no obtienen justicia. Aquellos familiares que no sólo han sufrido la ejecución de su ser querido, sino también han tenido que experimentar cómo son atendidos por fiscales que asumen la versión policial de enfrentamiento sin someterlo a pruebas, o cómo los agentes presuntamente culpables siguen ejerciendo funciones en sus barrios, o cómo los funcionarios imputados no acuden a los tribunales[19], o cómo sus casos han durado más de 10 años sin solución. Aquellos familiares que además son amenazados a muerte, perseguidos y atacados como respuesta a sus esfuerzos por condenar a los culpables[20].

Inseguridad ciudadana: desprotección y vulneración de derechos humanos

En Venezuela, entre 1994 y 2011, la tasa de homicidios por 100 mil habitantes pasó de 22 a 50[21]. Según cálculos basados en cifras oficiales, la tasa de homicidios entre 2012 pasó el rango de 50 y subió a 70,1 en 2016[22]. A pesar de la implementación de decenas de programas, la violencia no ha podido ser contenida ni aliviada, y en cambio, se han implementado medidas que matan, especialmente a los más jóvenes con menos recursos.  

El Estado venezolano no ha garantizado el derecho a la vida y a la integridad cuando continuamente falla en la toma de medidas integrales, eficaces, ajustadas a las circunstancias y capaces de reducir la violencia. Tampoco ha protegido el derecho a la vida y a la integridad, cuando no logra impedir que particulares maten sin importar la hora y el lugar. Y no ha respetado el derecho a la vida y a la integridad, cuando sus funcionarios cometen violaciones a los derechos humanos en el marco de sus funciones. Además, irrespeta el derecho a la justicia, cuando dichas violaciones se mantienen impunes.

Si tomamos en cuenta que por cada persona que muere, sobreviven entre 3 y 4, y considerando que sólo en el año 2016 21.752 personas fueron víctimas de homicidios, entre 65.256 y 87.009 madres, padres, hermanos, hermanas y amigos están sufriendo hoy la muerte de un ser querido.