Miércoles, 21 de marzo, 2018
Buada Blondell , Gabriela
En el mes de febrero, la justicia venezolana aceptó la solicitud de investigar a Roberto Deniz, Joseph Poliszuk, Alfredo Meza y Ewald Scharfenberg, reporteros y editores de Armando.info, portal especializado en periodismo de investigación
No pasaron 15 días cuando los tribunales de Caracas admitieron la demanda número 31 por difamación e injuria, que se dio en Venezuela entre 2002 y 2017. El trabajo de investigación periodística del portal Armando.info estaría siendo silenciado. Roberto Deniz, Joseph Poliszuk, Alfredo Meza y Ewald Scharfenberg fueron acusados por el empresario colombiano Alex Nain Saab quien introdujo la demanda por los delitos “difamación agravada continuada” e “injuria agravada”.
El empresario tomó represalias judiciales en contra de los editores del portal digital Armando.info Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk, así como en contra de su redactor, Roberto Deniz. La demanda fue presentada el 8 de septiembre de 2017, por delitos establecidos en los artículos 442 y 444 del Código Penal, y sancionados con prisión de hasta cuatro años y multas de hasta 500 unidades tributarias, el que equivalente a 150 millones de bolívares.
La demanda fue interpuesta después de dos publicaciones que muestran la conexión del empresario Alex Nain Saab con una red de corrupción vinculada con la distribución de alimentos en Venezuela a través de la empresa Group Grand Limited. El primer trabajo fue publicado en abril de 2017 y fue titulado “Empresarios cuestionados en Ecuador y EE.UU. le venden comida al Gobierno venezolano”. El segundo se publicó en septiembre de 2017 y lleva como título “De Veracruz a la Guaira: un viaje que una a Nicolás Maduro con Piedad Córdoba”.
Luego de la publicación de septiembre, los profesionales de la comunicación denunciaron una serie de amenazas en su contra y sus datos personales fueron expuestos de manera anónima en redes sociales, en una clara violación del derecho a la privacidad. Sin embargo, en la demanda Saab afirma que su honor y reputación se han visto afectados por las afirmaciones contenidas en las publicaciones del portal.
Los cuatro comunicadores de Armando.Info se sintieron obligados a salir del país, ante la ausencia de garantías para un proceso judicial equilibrado ya que cualquier persona que se considere difamado puede solicitar el derecho a réplica al medio de comunicación y/o al periodista que realizó el trabajo como lo establece el artículo 58 de la CRBV, el Código de Ética y en el artículo 9 de la Ley del Ejercicio del Periodismo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en que lo exija al agraviado
A pesar de este evidente intento de censura, artículo 57 de la Constitución venezolana consagra el derecho a la libertad de expresión, por cualquier medio y sin que pueda establecerse censura, en armonía con lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, el artículo 58 de la carta magna establece el derecho de réplica y rectificación en caso de que alguna persona se vea directamente afectada por informaciones inexactas o agraviantes. De modo que el ordenamiento jurídico interno reitera la normativa internacional cuando dispone específicamente mecanismos no penales y en consecuencia más expeditos que la vía judicial para resolver este tipo de controversias.
La amenaza de aplicación de la ley penal a periodistas por la publicación de reportajes de investigación, así como el uso de los delitos de difamación e injuria, además de contrariar estándares internacionales en materia de libertad de expresión, pretende generar un efecto inhibitorio en el gremio periodístico. Esto en definitiva limita el ejercicio de la libertad de expresión, tanto del profesional de la comunicación, cuando se le impide difundir su trabajo, como de los ciudadanos y ciudadanas que dejan de recibir la información necesaria para hacer contraloría sobre la gestión pública y el debate social propio de estos asuntos.
La aplicación arbitraria y discrecional de la justicia penal contra medios de comunicación y periodistas mediante acusaciones de difamación e injuria constituye un patrón claro de hostigamiento judicial que promueve la censura, castiga la crítica y con ello paraliza el debate sobre asuntos de interés público.
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