Los activistas de Avesa siguen en pie para sistematizar todos los casos que lleguen a sus manos, aún cuando han tenido que disminuir el número del personal debido a la crisis económica por la que atraviesa el país en la actualidad

La coordinadora general de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA) Magdymar León, destaca con orgullo que en los 35 años de existencia de la organización al menos 16 mil mujeres jóvenes y adultas han acudido para solicitar asistencia y protección por casos de violencia sexual.

Sin embargo, indica que solo para algunos de estos casos se han logrado obtener justicia debido a las deficiencias que ha mantenido el sistema judicial en este tema. “Lamentablemente tenemos un alto grado de impunidad en el país. Yo diría que se ha llegado a hacer justicia solo en un dos o 3% de estos casos que Avesa ha acompañado”.

Pese a ello, las y los activistas de Avesa siguen en pie para sistematizar todos los casos que lleguen a sus manos, aún cuando han tenido que disminuir el número del personal debido a la crisis económica por la que atraviesa el país en la actualidad.

Sobre el organigrama de la asociación dijo que solo tres personas se encargan de llevar a cabo la administración y actividades de campaña y sensibilización, que principalmente se desarrollan de la mano de sus activistas y colaboradores aliados.

Entre las labores que actualmente realizan las y los miembros de Avesa se encuentran la realización de investigaciones, documentos, estudios de incidencias políticas, campañas de defensa, promoción y difusión; así como actividades de calle para exigir la garantía de los derechos de las mujeres.

Anteriormente, en la organización se contaba con el programa de acompañamiento psicológico para las víctimas, con el cual se ofrecía atención integral a las mujeres que sufrían violaciones a sus derechos humanos, pero hace un par de años tuvo que suspenderse por limitantes económicas. Sin embargo, Avesa ha logrado establecer alianzas con otras organizaciones para que este apoyo continúe dándose en otros escenarios.

Trabajo articulado

La también psicóloga clínica, destaca que pese a la crisis económica que se vive en Venezuela, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres han logrado articularse para no detener sus labores. “Nosotras trabajamos articuladas con otras organizaciones y es como hemos podido potenciar nuestras capacidades de la mano de Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Centro Hispanoamericano para la Mujer (Freya), la Red Naranja y el Observatorio Venezolano de los Derechos de las Mujeres”.

Estas organizaciones han logrado lanzar a la luz pública investigaciones sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, con énfasis en los dedicados a las niñas y mujeres, que fueron compiladas en 2017 en el informe “Mujeres al límite”. 

León destaca que tras la publicación del informe, las ONG dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres han podido establecer vínculos con las universidades que realizan la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (Encovi), para incorporar datos referidos a la situación de las féminas dentro del territorio nacional.

“Ha sido un primer ejercicio muy importante porque en Venezuela no hay un documento que compile la situación de los derechos humanos de las mujeres, eso es novedoso e importante. Además, otras organizaciones se dieron cuenta que es necesario transversalizar el enfoque de género en todos los programas, investigaciones y documentación de casos”, agregó.

La labor de todas las organizaciones de defensa de los derechos humanos y “todo lo dirigido al reconocimiento de derechos es fundamental, porque el desconocimiento de los mismos ocasiona que estos no sean garantizados, ya que no se exigen o no se tiene el conocimiento para exigirlos con propiedad”.

Programas públicos no efectivos

En el último año el gobierno venezolano ha ejecutado planes de parto humanizado, de asignación de bonos económicos y de bolsas de alimentación a una parte de la población, quienes están atravesando por una emergencia humanitaria compleja que pone en riesgo la vida de las personas más vulnerables. Sin embargo, León lamenta que estas acciones no sean las soluciones efectivas a las carencias de alimentos, medicamentos y servicios hospitalarios mínimos que requiere la ciudadanía para la protección de sus derechos esenciales.

“Son ineficientes e inefectivos. Los programas dirigidos a contrarrestar la crisis se han concentrado en asignaciones de bonos económicos, que son insuficientes. Eso no logra palear el poder adquisitivo de una persona y menos de una familia. Además, la asignación de bolsas alimentaria no satisface la demanda alimentaria de un grupo familiar”.

Con respecto a la esencia del programa parto humanizado, León no rechaza la iniciativa de que las mujeres puedan ser protagonistas del nacimiento de sus hijas e hijos y se evite que ese momento sea estigmatizado como una experiencia dolorosa, traumática y sumamente costosa en términos económicos. “Más bien, el parto humanizado empodera a la mujer en su capacidad reproductiva. Yo estoy de acuerdo con eso como feminista, pero eso no significa que mi destino único sea ser mamá”, objeta.

Para la psicóloga, el problema con este programa social está relacionado a la no inclusión de servicios y métodos para prevenir el embarazo no deseado, así como la desatención de los factores relacionados a la vida sexual y reproductiva de las mujeres.

“Las muertes maternas no están vinculadas, como dice el discurso del gobierno, solo a prácticas patriarcales, sino a una serie de deficiencias del sistema de salud que no permiten a la mujer acceder a condiciones sanitarias seguras ni medicinas necesarias para su atención”.

A esta situación, se suma el aumento del número de feminicidios en el país durante los últimos años, los cuales no obtienen respuesta por parte de las autoridades y cuyo proceso de investigación no es llevado a cabo de manera eficiente.

“Hace 4 o 5 años la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida libre de Violencia tenía un mejor desenvolvimiento, se le estaba dando un mejor proceso para su implementación y desarrollo. Sin embargo, en este momento no es mucho lo que se está haciendo porque las instituciones se han debilitado”.

Ante este panorama, la especialista sostiene que los programas sociales que el Estado venezolano lleva a cabo en la actualidad tienen como fin la captación de votos y “está generando mayor dependencia a las instituciones del Estado en vez de otorgarle posibilidades y libertad a las mujeres de gozar de una mejor calidad de vida”.    

La solución se encuentra en dirigir los programas a prevenir las causas que generan la emergencia humanitaria en Venezuela, como la pobreza, la no incorporación de las mujeres al mercado laboral y al sistema productivo del país, así como a mejorar las condiciones de atención médica para todas y todos.