La defensora de los derechos de la mujer, Magdymar León, insta a las autoridades a tomar medidas de acción positivas para este grupo social, así como a avocarse a la protección de quienes están siendo objeto de prostitución forzada y trata de blancas, especialmente en entornos vulnerables como las minas y las fronteras

Conocer sobre los casos de violaciones o vulneraciones a los derechos de la mujer a partir de la propia víctima es un factor determinante al momento de tomar la bandera a favor de los derechos humanos, así describe la coordinadora general de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), Magdymar León, al recordar cómo fue su paso de ser psicóloga clínica a defensora de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres.

En el año 2001, León ingresa a Avesa como psicóloga, para hacer efectivo el programa de acompañamiento que mantenía la organización hacia las víctimas de violación de los derechos sexuales y reproductivos. Este hecho originó que la dura realidad de las mujeres en Venezuela la llevara a convertirse en activista de derechos humanos.

“Comencé a ver más casos y situaciones que trastocaron mi visión acerca de la sexualidad, la vida y sobre cómo nos desenvolvemos los hombres y las mujeres. Eso promovió un proceso de reflexión individual que me cambió totalmente. Yo no soy la misma persona después de toda esta experiencia”, relata.

La labor de las organizaciones no gubernamentales es crucial en el país, debido a las amenazas por parte de agresores contra quienes atienden a las víctimas, la inacción de las autoridades para garantizar la protección de las mujeres y la falta de programas públicos permanentes dirigidos a la mujer.

León indica que durante sus años de labor en Avesa ha podido formar parte del grupo de mujeres activistas que se ha plantado firme para exigir los derechos y actuar a favor de los cambios legislativos, que permitan avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa.

“A partir de mi participación en la coordinación del servicio de atención psicológica y, evidentemente, mi vinculación hacia otras organizaciones que trabajan con el tema de las mujeres, fue que hice mi entrada como activista, porque tenía que argumentar de forma política, asistir al parlamento, hacer protestas, saber qué estaba ocurriendo, participar en la elaboración de informes para documentar la situación de los derechos sobre las mujeres”.

Defender derechos como mujer

En sus 17 años como defensora, reconoce que en el mundo a “las mujeres defensoras se les atacará más por su vida familiar, su reputación y su vida sexual, porque serían los blancos más fáciles dentro de la cultura androcéntrica”.

Sin embargo, León destaca que las agresiones contra las defensoras de los derechos humanos han ocurrido en situaciones en las que se abordan temas delicados, como la despenalización del aborto y la participación política, así como en sociedades con mayor exposición a las agresiones debido a restricciones religiosas y culturales.

Indica que “en un contexto más adverso, las mujeres pueden estar más expuestas. Estoy consciente de que algunos temas representan más riesgos al momento de ser activista”.

Magdymar León señala que en Avesa “hemos recibido llamadas telefónicas amenazantes, así como registrado agresiones en la sede de la organización y, en ese caso, tenemos un protocolo de atención, el cual nos permite actuar acorde a la situación”.

Derechos de las mujeres en emergencia

En este 2018, Venezuela continúa atravesando por una emergencia humanitaria compleja que ha trastocado todos los aspectos de la vida de las mujeres, quienes han sufrido un deterioro constante en su calidad de vida debido a las crisis económica, alimentaria, política y de salud.

En este sentido, la Coordinadora General de Avesa enfatiza que entre los derechos de las mujeres más vulnerados se encuentran los sexuales y reproductivos, ya que el deterioro de los servicios de salud, la escasez de medicamentos y métodos anticonceptivos, así como el encarecimiento de todos los productos, han incrementado los índices de mortalidad materna, infantil, los abortos y los problemas de salud derivados.

“Al no tener métodos anticonceptivos accesibles, las mujeres se embarazan sin desearlo. Existe mayor número de embarazos no planificados y ante eso las mujeres, en Venezuela y en todo el mundo, recurren al aborto. Evidentemente este hecho se vincula a la mortalidad materna”.

Además, agrega que “aquí no existe un programa dirigido a atender a las personas diagnosticadas con cáncer de mama, aún siendo la primera causa de muerte entre las mujeres del país. No existe todo lo que se requiere para la detección temprana de esta enfermedad crónica, ni siquiera su tratamiento adecuado”.

León subraya que las mujeres en Venezuela también tienen vulnerado su derecho a decidir cuándo y cómo ser madres. “Esos derechos para nosotras están muy limitados, por eso hay mujeres que no pueden continuar en sus trabajos o estudios, lo que significa que las mujeres tenemos menos ingresos económicos directos y menos oportunidades de acceso a su profesionalización”.

Aunque León reconoce que en el tema de la igualdad de género en el país se logró un avance importante, al incluirlo en las leyes promulgadas en los últimos años, lamenta que solo sea reflejada en el papel, puesto que la aplicación real de estas no está plenamente garantizada.

“Hemos logrado reconocimiento de derechos, que es una cosa, pero otra es la garantía de los mismos. Lo que está pasando hoy en día es que pareciera que se nos está restringiendo a las mujeres, cada vez más, acceder a los espacios públicos y nos relegan a lo privado”.

La defensora de los derechos de la mujer insta a las autoridades a tomar medidas de acción positivas para este grupo social, así como a avocarse a la protección de quienes están siendo objeto de prostitución forzada y trata de blancas, especialmente en entornos vulnerables como las minas y las fronteras.

Asimismo, exhorta al Estado a permitir la cooperación internacional como solución a la situación de las personas con enfermedades crónicas y terminales, así como a aceptar los insumos médicos que garanticen los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres en el país.