Alexander Tirado es un dirigente del partido político opositor, Voluntad Popular (VP), quien fue detenido mientras participaba en una protesta pacífica y condenado a 8 años de prisión, tras ser sometido a un proceso judicial irregular. Luego de ser trasladado sin autorización judicial a un centro de reclusión de alto riesgo, Tirado ha sido tomado como rehén por otros privados de libertad y su vida corre peligro. Las autoridades deben garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal de inmediato.

Alexander Tirado es un dirigente del partido político opositor, Voluntad Popular (VP).

El 21 de marzo de 2014, Tirado, junto a Raúl Emilio Baduel, fue detenido por funcionarios de la Policía del Estado Aragua en la ciudad de Maracay, estado Aragua (región central), mientras se encontraba protestando por la realización de las ferias de San José durante un momento de alta conflictividad social y política que había cobrado la vida de muchos venezolanos.

Tirado fue detenido cuando hablaba por un megáfono. A pesar de que existen videos y múltiples testigos que dan cuenta de que la protesta se desarrollaba de forma pacífica, el 22 de marzo de 2014, el Tribunal Segundo de Juicio del estado Aragua imputó a Baduel y Tirado los delitos de instigación pública, intimidación pública con artefactos explosivos y agavillamiento, así como les dictó medida preventiva de libertad.

Baduel y Tirado han denunciado que fueron sometidos a torturas y malos tratos durante su detención preventiva. Específicamente, relatan que fueron golpeados por funcionarios policiales y trasladados en múltiples ocasiones sin autorización judicial.

El 10 de abril, fueron recluidos en el Centro Penitenciario de Centro Occidente II, conocido como la Cárcel de Uribana, ubicada en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara (región central), a 4 horas de distancia de sus familiares y su equipo de defensa. En este centro de reclusión, se les arrojó a la celda bombas lacrimógenas, se les dio comida caliente en las manos para que se les cayera al suelo y entraban residuos de aguas negras a la celda donde se encontraban. También denunciaron el sometimiento a música proselitista durante las noches, y la orden de los custodios de acostarse en el suelo de asfalto caliente, episodio en el que relatan haber sufrido quemaduras en sus partes genitales. Tales hechos fueron denunciados a la Fiscalía el 24 de noviembre de 2014.

El 4 de marzo de 2015, el Tribunal Segundo de Juicio del estado Aragua condenó a ocho años de prisión a Baduel y Tirado por los delitos de intimidación pública, agavillamiento e instigación a la desobediencia.

Tal como explicaron los abogados a Amnistía Internacional, entre las arbitrariedades cometidas en su procesamiento y sentencia, se encuentra la exclusión injustificada de pruebas -como los videos presentados en los que se evidencia el carácter pacífico de la protesta-, y basar la condena en el uso de un megáfono como señal de que se encontraban en el lugar con objetos que podrían poner en peligro la tranquilidad pública. Además, a los abogados se les negó obtener las copias de las primeras actuaciones, y no se grabaron en video las audiencias que se celebraron, a pesar de ser un requisito legal.

En el proceso de apelación la Corte de Apelaciones no materializó el traslado de Baduel y Tirado a la sede del Tribunal, por lo que no pudieron ser escuchados. El 31 de julio de 2015, se declaró sin lugar el recurso de apelación.

El 15 de junio de 2016, se introdujo el recurso para solicitar el decaimiento de la medida judicial de preventiva de libertad, dado que a dos años, dos meses y 24 días de la detención de Baduel y Tirado, no se había emitido una sentencia definitiva firme. Hasta marzo de 2017, no se había dado un pronunciamiento al respecto.

El 14 de enero de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una medida cautelar solicitando a la República Bolivariana de Venezuela que protegiera la vida de Baduel y Tirado, dada la situación de riesgo en vista de su detención arbitraria como consecuencia de su posición política.

El 22 de noviembre de 2017, Alexander Tirado pasó su cuarto cumpleaños en prisión, cumpliendo una condena arbitraria.

El 24 de enero de 2018, Alexander Tirado fue sacado del Centro Experimental de Rehabilitación y Reclusión (CERRA) en la ciudad de Maracay, estado Aragua, y recluido en el Penal de Tocuyito en el estado Carabobo sin autorización judicial y sin que su defensa haya sido notificada. Ha estado en cuatro centros de reclusión.

El 14 de febrero de 2018, la abogada alertó sobre la seguridad de Tirado, luego de que privados de libertad en el Penal de Tocuyito hubiesen iniciado un motín y tomado como rehenes a los custodios y otros detenidos, incluyendo a Tirado, para exigir traslados a otros centros de reclusión. La abogada asimismo compartió imágenes en redes sociales, en las cuales se observa a Tirado amarrado a una reja, mientras los privados de libertad que lideran el secuestro le apuntan con armas de fuego y granadas.

En horas de la noche, Tirado explicó en un audio que las autoridades no habían dado ninguna respuesta. Informó asimismo que el agua, la luz y el gas habían sido cortados, que se escuchaban disparos y que de no restablecerse estos servicios, empezarían a haber heridos. Tirado manifestó: “Yo temo por mi vida. Yo no me quiero morir en un penal”.

El director de Amnistía Internacional Venezuela, Marcos Gómez, al respecto declaró: “Mientras Alexander Tirado esté recluido es responsabilidad de las autoridades garantizar su integridad física y procurar su pronta liberación del secuestro en el que se encuentra". Instó también a que permitieran su traslado a instalaciones de menor riesgo, mientras terminan de procesar su total liberación, en tanto constituye un castigo cruel recluirlo en este tipo de penales donde se le expone a una situación de mayor vulnerabilidad y le agravan aún más la violación a sus derechos.