Renzo Prieto es diputado suplente electo para la Asamblea Nacional y estudiante en entrenamiento deportivo de la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira (región occidental). Fue detenido el 10 de mayo de 2014 por funcionarios de organismos policiales y militares de inteligencia en Caracas sin orden de aprehensión. En El Helicoide, Prieto ha sido sometido a aislamiento y se le han negado las visitas. Su audiencia de apertura de juicio ha sido diferida 32 veces. El 10 de mayo de 2018 cumplió 4 años de detención arbitraria.

Renzo Prieto es diputado suplente electo a la Asamblea Nacional y estudiante en entrenamiento deportivo en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) de la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, ubicado al extremo occidental de Venezuela.

Prieto fue detenido el 10 de mayo de 2014 en Caracas por alrededor de 30 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes no se identificaron ni presentaron orden de detención. Tras su aprehensión, fue trasladado a las instalaciones del SEBIN, donde fue interrogado bajo procedimientos intimidatorios y de violencia psicológica. Tampoco se le permitió la presencia de un abogado de acuerdo a informes de sus allegados.

El  12 de mayo de 2014, Prieto fue presentado ante el Tribunal 27 º en Funciones de Control de Área Metropolitana de Caracas. Se le decretó la medida preventiva de privación de libertad y fue imputado por los delitos de obstrucción contra la seguridad en la vía pública en grado de complicidad, asociación para delinquir y fabricación ilícita de armas en la modalidad de explosivos en grado de complicidad. Se ordenó como centro de reclusión la sede del SEBIN, el Helicoide, en Caracas.

Su audiencia preliminar fue diferida en seis oportunidades. Al realizarse, se ordenó el pase a juicio privado de su libertad.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU en su 73º período de sesiones entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre de 2015, calificó la detención de Prieto como arbitraria, en tanto se produjo en represalia al ejercicio de sus derechos a las libertades de opinión, expresión y participación en la vida política del país. Por cuanto el Estado no presentó fundamentos que justificaran la detención de Prieto, el Grupo de Trabajo recomendó al gobierno venezolano realizar su liberación inmediata.

Entre el 4 y 17 de diciembre de 2016, Prieto junto a otros 13 detenidos y detenidas en El Helicoide, llevaron a cabo una huelga de hambre con el objetivo de llamar la atención sobre sus casos. 

Durante el año 2017, Prieto participó en varios episodios de protestas llevadas a cabo por un grupo de detenidos en el Helicoide. De acuerdo a informes de sus familiares,  cada episodio generó “castigos” por parte de los custodios, los cuales incluyeron el aislamiento, la prohibición de visitas de familiares y abogados, así como la falta de acceso a luz solar. Familiares también han declarado públicamente que Prieto ha sido objeto de tortura psicológica.

El 10 de mayo de 2018, Prieto cumplió 4 años de detención arbitraria, durante los cuales no ha recibido atención médica, tal como informaron sus abogados. Su audiencia preliminar de apertura de juicio ha sido diferida 32 veces, debido a que funcionarios del SEBIN se niegan a trasladarlo a tribunales. Según la ley, la audiencia preliminar debió haberse efectuado a los 2 meses y medio desde la detención y al haberse cumplido 2 años sin que se hubiese iniciado el juicio, Prieto debería continuar su proceso en libertad.