Miércoles, 20 de diciembre, 2017
AIVEN, Equipo de Documentación

José Vicente García es un concejal venezolano de la región andina detenido el 18 de octubre de 2016 y privado de libertad arbitrariamente. El 20 de diciembre de 2016, García recibió una orden de libertad emitida por tribunales. A mayo de 2018 sigue detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, El Helicoide, en Caracas a más de 800 kilómetros de su familia. Amnistía Internacional ha pedido la libertad inmediata de José Vicente García.


José Vicente García es concejal por el partido opositor, Voluntad Popular, en el estado Táchira (Andes venezolanos), quien fue detenido por funcionarios del Servicio de Inteligencia Bolivariano (SEBIN) cuando salía de su casa el 18 de octubre de 2016.

García fue imputado por porte ilícito de armas y fue privado de libertad por orden del juez sin que el Ministerio Público (MP) haya encontrado razones para su detención. Fue trasladado a la sede del SEBIN en la ciudad de San Cristóbal.

El 21 de octubre de 2016, García fue trasladado a la sede del SEBIN El Helicoide en Caracas sin que su defensa hubiese sido notificada. Durante los siguientes 5 días estuvo incomunicado. Sus abogados luego conocieron de la orden de traslado con fecha de 20 de octubre.

El 21 de noviembre, García pudo recibir las primeras visitas por parte de abogados y familiares.

A los 45 días, el tribunal decretó el decaimiento de la medida y acordó una medida sustitutiva de libertad. El 20 de diciembre, el tribunal emitió la boleta de excarcelación  y fue entregada en el SEBIN en San Cristóbal.

El 20 de enero de 2017, la defensa introdujo un habeas corpus, dado que no se había hecho efectivo el envío de la boleta de excarcelación de San Cristóbal a Caracas, imposibilitando la liberación de García.

El 21 de septiembre, María Alejandra Rivera, esposa de García, denunció públicamente que su esposo estaba en una celda sin ventilación ni ventanas, de 3 metros por 3 metros, y que la compartía con 5 personas. Denunció asimismo que le daban agua contaminada para bañarse. El equipo de defensa y Rivera consignaron un documento ante el Ministerio Público pidiendo la liberación de García a 9 meses de emitida su orden de excarcelación.

Rivera también ha informado a Amnistía Internacional que a su esposo le han negado el acceso a la luz del sol y la realización de llamadas.

En dos ocasiones, el 6 de junio y el 8 de octubre, García participó en la emisión de comunicados con mensajes políticos junto a otros detenidos, por lo que fue objeto de represalias: estuvo incomunicado, se le prohibió la visita de familiares y abogados, se le limitó el acceso de agua corriente y de luz solar. 

El 20 de diciembre de 2017, se cumplió un año de la emisión de su boleta de excarcelación.

A mayo de 2018, García continúa recluido en la sede del SEBIN, El Helicoide, a más de 800 kilómetros de distancia de su familia en el estado Táchira. Tal como ha informado su defensa, se encuentra en una celda insalubre, con acceso limitado a luz solar y sin agua corriente.

Amnistía Internacional ha pedido que el estado venezolano haga efectiva y respete las órdenes y/o boletas de liberación que hayan sido emitidas por el Poder Judicial. José Vicente García debe ser liberado inmediatamente.