Cuba ha ratificado todos los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, un total de 90 convenios, entre los que se encuentran el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación) (Convenio nº 111) y el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (Convenio nº 87). A pesar de esto, la OIT lleva casi tres décadas expresando preocupación por la discriminación basada en la opinión política respecto al acceso al empleo, la educación y la formación.

 

Un camarero empleado en un restaurante estatal contó a Amnistía Internacional que lo despidieron de su trabajo el 2 de mayo de 2015 por no haber participado en la marcha del Día del Trabajo, el día anterior.

 

Apenas existen categorías profesionales en las que las personas graduadas de la universidad pueden obtener licencias para trabajar por cuenta propia en Cuba (Estas ocupaciones están permitidas legalmente, en su gran mayoría, a trabajadores semicualificados o no cualificados). Existe una prohibición, de hecho, de que los miembros de la mayoría de las profesiones -incluidos los licenciados universitarios- ejerzan en el sector privado.

 

Cuando los profesionales son despedidos indebidamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión en el sector público o estatal no pueden continuar con su carrera. Tal como se ha documentado en Cuba: "Es una prisión mental" La Red cubana de control de la libertad de expresión y su efecto en la vida cotidiana, a menudo no consiguen trabajo en el sector estatal, y en el sector no estatal no pueden seguir desempeñando la profesión que han elegido.

 

Es por esto que los profesionales con voces críticas se encuentran en un “círculo vicioso” que los excluye de acceder a formas de trabajo que puedan ser consideradas legales en el país. La OIT en 1989 expresó sobre las formas de acceso y ascenso laboral que: “el acceso a la formación y al empleo, así como también la evaluación de los trabajadores para la selección y la ubicación laboral o para definir los méritos y deméritos laborales dependen, entre otros factores, de la actitud política.”

 

 

Desde quienes manifiestan una desaprobación sútil hasta quienes se dedican al activismo político o aquellos que han intentado abandonar Cuba en las denominadas salidas “ilegales” en balsa, son despedidos de forma indebida de su empleo en el sector público, o sufren el acoso del Estado hasta que sienten que no tienen más opción que renunciar.

 

Un activista político dijo a Amnistía Internacional que había sido detenido 36 veces en poco más de 10 años y que había sido degradado progresivamente desde un puesto de gestión a un puesto de atención al cliente, para finalmente ser despedido arbitrariamente cuando las autoridades descubrieron más sobre su activismo.

 

 

Muchas de las personas entrevistadas fuera de Cuba, por Amnistía Intenacional, habían intentado marcharse en numerosas ocasiones y habían pasado años tratando de abandonar el país; un hombre dijo que lo había estado intentando durante 15 años y una mujer afirmó que, las cuatro veces que trató de salir por mar en 2016, la habían detenido durante períodos que oscilan entre 72 horas y 7 días; la última vez fue recluida en una prisión de alta seguridad.

 

En ocasiones, cuando la gente ha conseguido salir del país, las autoridades han tomado represalias contra sus familiares que permanecen en la isla.

 

Todo esto ocurre, a pesar de que en 2012 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto-Ley Nº 302 (modificativo de la Ley Nº 1312 - Ley de Migración) donde se elimina parcialmente el requisito de contar con autorización para salir del país.

 

Paralelamente a esta reciente medida, el Decreto 194 de 1999 sigue tipificando como delito administrativo punible con una multa el tratar de salir por mar, o participar en la construcción de una embarcación, entre otras cosas. A la vez, el artículo 216.1 del Código Penal cubano mantiene la “salida ilegal” como delito punible con una sanción de privación de libertad de uno a tres años o una multa.

 

Además, en virtud del artículo 217.1, quien organice, promueva o incite dicha salida ilegal incurrirá en sanción de privación de libertad de dos a cinco años.

 

 

Casi todas las personas entrevistadas para el informe, Cuba: "Es una prisión mental" La Red cubana de control de la libertad de expresión y su efecto en la vida cotidiana, identificaron la falta de libertad de expresión como un factor clave en su decisión de abandonar Cuba. Según una encuesta realizada en el país en 2017 por la Universidad de Chicago, el 76% de la población cubana dijo que en ocasiones tenía cuidado con lo que decía, frente al 21% que decía que sentía que siempre podía expresarse libremente.

 

Muchas personas dijeron que no podían expresar ningún tipo de crítica al gobierno en un espacio público, y algunas afirmaron que incluso se reservaban sus opiniones en su propia familia. Una mujer que había sido encarcelada por participar en marchas de las Damas de Blanco dijo que, después, los maestros impidieron a su hijo de seis años relacionarse con los demás niños, como si fuera una mala influencia para ellos a causa del activismo de su madre.

 

 

Entre las principales recomendaciones expresadas por Amnistía Internacional en el informe, Cuba: "Es una prisión mental" La Red cubana de control de la libertad de expresión y su efecto en la vida cotidiana, podemos encontrar las siguientes. 

 

 

• Tomar las medidas necesarias para levantar el embargo económico, financiero y comercial contra Cuba que socava los derechos económicos, sociales y culturales en la isla.

 

 

Escrutinio internacional:

 

• Ratificar sin demora el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

 

• Permitir a los observadores independientes de los derechos humanos el acceso a Cuba, y facilitarles el acceso sin trabas a autoridades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, defensores y defensoras de los derechos humanos, asociaciones políticas independientes y sindicatos independientes.

 

Libertad de expresión y de reunión pacífica:

 

• Cursar invitaciones a los relatores especiales de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, y sobre la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos.

 

• Revisar todas las disposiciones legales, incluido el artículo 62 de la Constitución, que limitan ilegalmente el derecho a la libertad de expresión y asociación, con el fin de conformarlas a las normas internacionales.

 

Defensores y defensoras de los derechos humanos y sociedad civil:

 

• Promover la revisión de los delitos penales, como la resistencia y los desórdenes públicos, y garantizar que no se aplican para restringir indebidamente el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

 

• Poner en libertad inmediata e incondicional a todos los presos y presas de conciencia encarcelados exclusivamente por ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión, asociación o reunión.

 

Derecho al trabajo y a la no discriminación en el trabajo:

 

• Cesar todas las formas de acoso e intimidación, incluida la práctica de detenciones arbitrarias breves y reiteradas, contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra activistas políticos.

 

• Poner fin a los despidos discriminatorios de trabajadores y trabajadoras del sector público como manera de silenciar las críticas contra el gobierno.

 

• Prohibir la discriminación por opiniones políticas o de cualquier otra índole a la hora de contratar, ascender o dar por terminado el empleo tanto en el sector público como en el privado.

 

Libertad de circulación:

 

• Abolir las leyes que violan el derecho de toda persona a salir de su propio país y regresar a él. En particular, derogar los artículos 216 y 217 del Código Penal, que imponen penas por “salidas ilegales”.

 

• Garantizar que los cubanos y cubanas que deseen regresar a su país después de haberse marchado pueden hacerlo sin miedo ni discriminación incluso en los casos en los que han emigrado sin autorización.

 

Independencia del poder judicial:

 

• Adoptar las medidas necesarias, incluida la adopción de legislación específica, para garantizar la independencia e imparcialidad del poder judicial.

 

• Garantizar que toda persona privada de libertad o contra la que se puedan presentar cargos penales tiene derecho a contar con la asistencia de un abogado que proteja sus derechos y la ayude en su defensa.

Más información sobre las recomendaciones sugeridas y el informe: https://www.amnesty.org/es/documents/amr25/7299/2017/es/