Wamatíkani kuiyúlin (nuestro silencio es triste) expresa un líder del pueblo Baré a propósito de los desafíos que debe sortear el movimiento indígena frente al aumento del riesgo social que padecen sus pueblos. Luego de dar la batalla para que el contrato social venezolano reconociera sus derechos históricos y colectivos, se vivieron los primeros pasos del capítulo VIII de la Constitución en el regocijo de la novedad. Actualmente, en medio de la aguda crisis político-económica y la negativa gubernamental de recibir ayuda humanitaria, las condiciones que garantizan la vida de los pueblos originarios se encuentran en un estado crítico. ¿Tendrán algo que celebrar?

Venezuela, constitucionalmente, es un país pluricultural y con un ordenamiento jurídico que considera la existencia de 52 pueblos  indígenas,  que representan el 2,8% del padrón poblacional (Censo 2011, INE). La Constitución de 1999, además de reconocer el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe del país, cuenta con un capítulo (Nº VIII) dedicado a los derechos de los pueblos indígenas. En el año 2002, Venezuela ratificó el Convenio N° 169 sobre pueblos indígenas y tribales (1989) de la Organización internacional del Trabajo que insta a los  gobiernos “asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos [indígenas] interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.” (Convenio N° 169, Art. 2). Como marco jurídico de apoyo, se desarrollaron la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005) y  otras cuatro leyes que le coadyuvan[1] para la implementación de los derechos consagrados constitucionalmente y convenidos en los instrumentos internacionales de protección a los DDHH.      

Sin embargo, la falta de implementación de estas garantías -especialmente las territoriales- ha generado un profundo malestar entre los pueblos indígenas y sus organizaciones de base, descontento en la actualidad magnificado por  la notoria ineficiencia de las pocas acciones estatales para la protección de los indígenas y la precarización de los espacios de atención a esta población. Si bien el gobierno venezolano se ha caracterizado por generar acciones y políticas indigenistas asistenciales, desde la agudización de la crisis político-económica  y  la negativa gubernamental de recibir ayuda humanitaria, las condiciones que garantizan la vida de los pueblos indígenas se encuentran en un estado crítico.  Comunicados y denuncias de las organizaciones indígenas, así como informes de la sociedad civil, exponen  la vulnerabilidad y el aumento del riesgo social que padecen los pueblos originarios desde los últimos cinco años. Si la creciente, y al parecer indetenible, crisis político-económica (aunada a la emergencia humanitaria) tiene grandes efectos en la población con acceso a los pocos servicios y políticas públicas que aún parecen operar tambaleantes, la incidencia es mayor sobre las poblaciones históricamente marginadas y alejadas del radio de acción de las políticas paliativas gubernamentales. 

Frente a esta angustiosa situación, el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas (MINPPI)  -órgano rector de las políticas públicas indigenistas- resalta como sus mayores logros la entrega de casas en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que valga indicar son culturalmente inadecuadas en comunidades donde además, con generalidad, hay deficiencias en el suministro del agua y/o la electricidad. Esta última es una situación que nos recuerda la continuidad del asimilacionismo propio de los estados nacionales y su talante monocultural.

Por poner un ejemplo actual de las grandes deudas que mantienen las autoridades venezolanas en relación con los pueblos indígenas es la altísima prevalencia de VIH-SIDA en el pueblo warao, situación que amenaza desaparecer comunidades enteras  y que ha sido denunciada y analizada por la comunidad científica del país[2].  De igual forma, es de altísima preocupación las inminentes consecuencias del Arco Minero del Orinoco, megaproyecto extractivista que compromete seriamente la biodiversidad y la vida de los pueblos indígenas de la Amazonía y para el cual el gobierno venezolano violentó el derecho a la consulta previa e informada. Tal como lo admitieron funcionarios gubernamentales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la audiencia sobre el Arco Minero, convocada por PROVEA y realizada el 7 de diciembre de 2016.

No podemos celebrar la paralización del derecho a la demarcación territorial y la escasa transparencia en los datos relacionados con el otorgamiento de los títulos. En el 2015, específicamente durante el 4to Examen del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, el gobierno venezolano realizó una serie de afirmaciones relacionadas con la demarcación del pueblo yukpa, entre ellas el supuesto otorgamiento de tierras en condiciones favorables para este pueblo. La Organización Homo et Natura desmintió los supuestos avances[3], recordando que los únicos títulos otorgados son de carácter parcelario y no colectivos, situación que fragmenta el territorio tradicional y a la vez propicia conflictos internos que pueden ser instrumentalizados por actores políticos, terratenientes, grupos armados no estatales, entre otros.

Queda también recordar que la actuación del sistema judicial venezolano ha sido ineficiente frente a los asesinatos de los líderes indígenas: Sabino Romero Izarra, Alexander Fernández, José Luis Fernández, Cristóbal Fernández y Freddy Menare.  Víctimas del sicariato que pagaron con sus vidas el fungir como voceros de las reivindicaciones de sus pueblos.  En el 2016, cuando la ex-Fiscal General de la República cerró el expediente de Sabino Romero, el pueblo yukpa junto a Lucía Romero exhortaron a la Fiscalía mantener la investigación. Denuncian también que los fiscales del Ministerio Público, que adquirieron compromisos con el caso, fueron expulsados de la institución, a pesar de planificar un tercer juicio para condenar a los autores intelectuales del asesinato del líder yukpa. Incluso “hasta se acordaron los nombres de los ganaderos y funcionarios del grupo GAES de Machiques ya señalados en el expediente.[4]” 

Las indígenas organizadas también han aportado a la visibilización de sus problemas específicos a través de una serie de comunicados y denuncias, donde expresan sus preocupaciones y exhortos para el gobierno venezolano y el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. El informe para el Examen Periódico Universal de Venezuela (2016) de la Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas Wanaaleru indica que "a pesar de la existencia de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que consideramos un logro del movimiento feminista, aún las indígenas no contamos con garantías específicas de protección y atención transversalizadas por la variable étnica. La Ley mencionada clasifica a las indígenas como un grupo especialmente vulnerable (Art. 4), pero entre las circunstancias agravantes (Art. 65) no incluye la procedencia étnica, ni las acciones sexistas motivadas por la discriminación étnica y racial (...) Esta debilidad de la Ley, que resulta desfavorable para las indígenas, se suma a la carencia de políticas públicas especiales para atender a este sector de las mujeres venezolanas.[5]"

Asimismo, instan al gobierno nacional a formular y ejecutar  "políticas públicas de protección y atención para las mujeres, adolescentes y niñas indígenas, siendo preciso continuar los esfuerzos realizados en alianza con las organizaciones de mujeres indígenas. Estas medidas son una necesidad taxativa en el contexto minero que vivimos y su recrudecimiento, a propósito de las nuevas políticas extractivistas del estado Venezolano. A las medidas, políticas y acciones debe asignársele un presupuesto coherente, realizarse en base a indicadores mesurables y con la supervisión de las organizaciones de mujeres indígenas. El estado venezolano debe trascender los esfuerzos que se quedan en las fases declarativas e ir hacia la creación de condiciones materiales para la concreción de las acciones y actividades planificadas (...) El Estado venezolano debe asumir las recomendaciones que órganos como la CEDAW han generado para la protección de las mujeres indígenas." (Idem)

Todas las razones expuestas son pequeños fragmentos de una larga y dolorosa historia que nos permiten afirmar que, este Día de la Resistencia Indígena y después de dieciocho años del capítulo VIII, no hay nada que celebrar. La alegría de los tiempos iniciales se ha transformado en una profunda decepción que atraviesa los corazones de los pueblos indígenas que viven en la Venezuela profunda, esa a la que el Estado llama en sus planes y programas “zonas de silencio” y que trata de abordar con acciones más parecidas a declaraciones de buena voluntad que a políticas públicas. 

 Foto: ShutterStock/Paolo Costa

[1] Nos referimos a la Ley de demarcación y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas  (2001), Ley del artesano y artesana indígena (2009), Ley de patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas (2009) y Ley de idiomas indígenas (2008).

[2] Véase: “1er Foro sobre Salud Indígena: Warao y VIH”. UCV-Escuela de Antropología, 21-07-2016. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=LfcQkFUAjvQ . Villalba et al (2013) "HIV-1 epidemic in Warao Amerindians from Venezuela: spatial phylodynamics and epidemiological patterns" En: AIDS. Vol. 27, Nº 11.

[3] Comunicado “Es mentira lo que afirmó la Viceministra Clara Vidal en el Comité de Derechos Humanos de la ONU”, 1 de julio de 2015. Disponible en: https://www.aporrea.org/ddhh/a210115.html

[4] Comunicado “Los yukpas exigen justicia”, 14 de junio de 2016. Disponible en: https://www.aporrea.org/ddhh/a229450.html

[5] Véase: “INFORME PARA EL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL - REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Situación de los Derechos Humanos de las mujeres indígenas en la Amazonía venezolana.” Disponible en: https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=3337&file=SpanishTranslation