Pensar distinto y opinar jamás debe ser un motivo para ser acusado, incluso por tribunales militares, de crímenes con tipificaciones absurdas como “traición a la patria” o “rebelión”, y terminar tras las rejas incluso cuando media una orden de libertad emitida por los tribunales competentes o la negación del derecho a la salud

Las Universidades Venezolanas se encuentran enfrentando desde hace ya largo tiempo una compleja situación derivada de una serie de políticas adoptadas por el gobierno venezolano. Todo esto ha llevado a estas instituciones a repensarse y reestructurarse para poder cumplir con sus naturales funciones estrechamente vinculadas al bienestar social del país. La Autonomía Universitaria en este sentido en un factor preponderante para la realización de este necesario cometido.

Pensar, expresar y criticar las ideas propias, ajenas o ambas es parte del ejercicio docente. Impresiona que hoy día los niveles de censura se hayan elevado tanto que pensar y opinar puedan ser considerados delitos.

Un experto en técnicas económicas, en prospectiva y planificación, está en todo su derecho de opinar desde cualquier plataforma, incluyendo los espacios universitarios, sobre la economía del país. Las autoridades están incluso en la obligación de protegerle, jamás de perseguirle.

Denunciar la situación de calle en la que se encuentran niños y ancianos y hacer propuestas sobre cómo debe ser una mejor ciudad reconstruida por medio de la educación de sus ciudadanos no debe interpretarse jamás como una amenaza por parte de las autoridades. Al contrario, el Estado venezolano a través de sus instituciones debe tomar nota de las recomendaciones, especialmente de la de expertos en la materia.

El Estado Venezolano a través de sus órganos de poder debe respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, reconocidos incluso en nuestra propia Constitución. En este sentido, el Estado debe defender a las personas que asumen un liderazgo a la búsqueda de construir una sociedad justa, nunca al contrario.

Por nuestra parte, todos los Universitarios y la Ciudadanía en general debemos continuar sumando nuestras voces a fin de exigir con contundencia la libertad de todas las personas privadas de libertad por el simple ejercicio de su legítimo derecho a la libertad de expresión. Del mismo modo debemos exhortar al Estado a respetar los derechos humanos, porque es solo a partir del reconocimiento de ellos que se pueden gestar formas de vidas más sanas basadas en la tolerancia y el respeto mutuo. Hacer propuestas es nuestro derecho. Denunciar las posibles violaciones de derechos humanos también. En este sentido el rol de los profesores universitarios es fundamental para que sigan dando sus aportes científicos, tecnológicos y humanísticos al mismo tiempo que transmiten la importancia de la libertad de pensamiento a las futuras generaciones.

¡La Universidad No se Doblega!                                                                                                          @LilianaCMY

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