Organizaciones No Gubernamentales defensoras de los Derechos Humanos se han pronunciado con suma preocupación por la alta letalidad de las incursiones de la OLP llevadas a cabo en los sectores populares de varias ciudades del país, donde las actuaciones de los organismos de seguridad se han producido sin que medien averiguaciones ni evaluaciones claras de los “enfrentamientos” y el uso de la fuerza

Desde hace ya algunos años, la inseguridad ciudadana ha sido el tema de más discusión en la sociedad venezolana que reclama mayores controles al ente gubernamental para reducir los índices de la violencia que azota a las principales ciudades del país. Frente a ello, numerosos planes se han organizado y publicitado desde las dependencias encargadas de esta materia, siendo el último la denominada Operación Liberación del Pueblo y de Protección de los Territorios (OLP, en adelante) estrenada el 13 de julio del año 2015 en el marco de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, a partir de un despliegue especial de las fuerzas de seguridad nacional en los estados Aragua, Miranda y Distrito Capital[1]con la finalidad de desmantelar bandas criminales con fines paramilitares que operaban en ese eje del norte del país.

Así, las primeras incursiones se llevaron a cabo en los urbanismos creados por el gobierno nacional a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela en zonas como los Valles del Tuy y Fuerte Tiuna, justificadas en la necesidad de recuperar apartamentos que habían sido despojados arbitrariamente a sus adjudicatarios por la delincuencia organizada y desde los cuales actuaban las bandas criminales dedicadas a diversos delitos como el secuestro, la extorsión y el tráfico de drogas.

Paulatinamente, la OLP se fue extendiendo a otros espacios que incluyeron barrios de la ciudad capital y la frontera colombo-venezolana, gracias a la intervención conjunta del poder popular, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para atacar el contrabando de extracción y el narcotráfico, en lo que ha sido catalogado como una unión cívico-militar-policial representada en el despliegue de unos 44 mil efectivos por todo el país, cuyo objetivo oficial es liberar zonas que han sido ocupadas por delincuentes dedicados al paramilitarismo y diversos delitos.

En este sentido, los resultados de las primeras 72 horas de la OLP en julio de 2015 arrojaron 245 detenidos y 17 muertos[2] entre los estados Aragua, Miranda y Distrito Capital; pero cuando se cumplió un mes de su activación la cifra oficial de muertos era de 52 presuntos delincuentes[3] en un total de 12 estados del país: Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo, Anzoátegui, Guárico, Monagas, Barinas, Lara, Portuguesa, Yaracuy y Zulia.

Particularmente, en el Estado Carabobo entre julio y septiembre se registró un total de 21 bandas desarticuladas, 43 armas de fuego incautadas y 35 muertes, mientras que durante el mes de noviembre hubo 13 muertos y 4 detenidos[4]. Por su parte, en diciembre de 2015, 13 presuntos delincuentes fueron abatidos en el suroeste de Caracas (Cota 905, Barrio 1º de Mayo, El Cementerio, Barrio Los 70, El Guarataro y San Agustín del Sur), donde además 10 armas de fuego fueron incautadas, 12 automóviles y 11 motos recuperados.

Por consiguiente, entre julio y diciembre de 2015 a simple vista se contabilizarían aproximadamente 100 muertes por acciones enmarcadas en la OLP, pero según la Memoria y Cuenta de la Fiscal General de la República la cifra total oficial de bajas fue de 245 presuntos delincuentes abatidos en enfrentamientos[5] en todo el territorio nacional.

A su vez, durante 2016 en el mes de enero se registraron sólo en el Estado Zulia 58 muertes; en abril se reportaron 13 muertes en Barlovento, Estado Miranda; en julio en Caracas se registraron 5 muertes en el 23 de Enero, mientras que en agosto fueron 4 las muertes en El Valle, uno de ellos un menor de edad del que no se evidenciaron antecedentes penales ni datos oficiales de los organismos de seguridad[6]. De igual forma, entre el día jueves 6 de octubre y el martes 11 de octubre del 2016 varias incursiones de la OLP en el Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo, Anzoátegui, Bolívar, Guárico, Zulia, Lara y Monagas[7] dejaron un saldo total de 41 muertes, 60 detenidos y 11 armas de fuego incautadas. En consecuencia, se estaría frente a una cifra aproximada de 121 muertes entre enero y octubre del año pasado.

Vale destacar que los fallecidos fueron catalogados oficialmente como delincuentes (algunos de alta peligrosidad) con amplios antecedentes penales, miembros de bandas criminales, solicitados por el CICPC por delitos de extorsión, secuestro, homicidio y tráfico de drogas; todos dados de baja en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. De modo que, según cifras oficiales en el primer año de lanzamiento de la OLP fueron desarticuladas 157 bandas criminales, 2.399 delincuentes detenidos, 1.492 armas de fuego incautadas junto con 42.247 municiones de distintos calibres, 262 vehículos y 462 motocicletas recuperadas, un balance calificado como positivo por las autoridades ministeriales.

No obstante, la OLP ha tenido otros alcances, pues en algunas zonas de Caracas se llevaron a cabo numerosos desalojos arbitrarios. Así, el 24 julio de 2015 se registraron los primeros 300 desalojados de una comunidad cuyo terreno estaría destinado a un parque, pero que luego fue catalogada por las autoridades como un nicho de paramilitares, consejos comunales corruptos e invasores[8]. La mayoría de estas personas fueron a parar a refugios improvisados y a algunas les fueron adjudicadas, posteriormente, viviendas de la Misión que en esta materia conduce el Estado venezolano, mientras que otras permanecieron damnificadas a orillas de las carreteras de la ciudad capital[9].

Otro evento muy particular que se suscitó en torno a la OLP es el caso de un ciudadano que habiendo cumplido ya para el año 2015 la pena de 8 años de prisión que le fue impuesta por el delito de robo a mano armada, se “refugió” desde entonces en la Penitenciaría General de Venezuela ubicada en el Estado Guárico de la cual se presume es el pran, a causa de dicha Operación, por temor a sus consecuencias.

Ahora bien, frente a los hechos descritos algunas Organizaciones No Gubernamentales defensoras de los Derechos Humanos se han pronunciado con suma preocupación por la alta letalidad de las incursiones de la OLP llevadas a cabo en los sectores populares de varias ciudades del país, donde las actuaciones de los organismos de seguridad se han producido sin que medien averiguaciones ni evaluaciones claras de los “enfrentamientos” y el uso de la fuerza pública[10], además han sido numerosas las denuncias de violaciones de derechos fundamentales, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y desalojos forzosos de viviendas, no procesadas por los organismos competentes[11]; en lo que parece ser, a juicio de la organización PROVEA, una suerte de mecanismo para fortalecer el sentido de seguridad del Estado en detrimento del concepto de seguridad ciudadana asi como de las obligaciones y límites que ésta impone a aquél.

Aunado a esto, es importante procurar que las personas detenidas en el marco de la OLP gocen del derecho al debido proceso que incluye su sometimiento a un juicio justo para determinar su responsabilidad penal, pues la falta de transparencia en cuanto a resultados públicos sobre las investigaciones oficiales de todos los casos, alimentan las sospechas de que se ha producido un uso desproporcionado de la fuerza, de allí que abunden las denuncias por presuntas detenciones ilegales. A tenor de ello, PROVEA ha señalado que en medio de la OLP se han ejecutado 10 mil detenciones pero sólo 1.992 han sido procesadas por el Ministerio Público, asumiéndose entonces que el 80,8% de las detenciones han sido arbitrarias mientras que sólo el 19,92% ha versado sobre personas presuntamente vinculadas a hechos delictivos.

Visto así, es necesario considerar que históricamente las políticas de “mano dura” contra el hampa han resultado en más violencia e inseguridad ciudadana por la criminalización de la pobreza y la comisión de arbitrariedades por parte de las autoridades, de allí que sea imprescindible que los planes para la reducción de la criminalidad incluyan programas en salud, educación, seguridad, justicia, legislación y desarrollo, para entender que el fenómeno es multicausal[12] y, por ende, amerita de una atención integral para su solución progresiva.

Por último, es vital reseñar que no basta con el empleo de estrategias policiales sino que es imperativo garantizar el respeto de los derechos humanos y la seguridad de los ciudadanos para mejorar su calidad de vida, asi como también es indispensable acudir a la reeducación de los organismos policiales para que puedan alcanzar su verdadera institucionalización y profesionalización, de manera que se logre fomentar la ética y el respeto de derechos fundamentales como el debido proceso en sus actuaciones ante la ciudadanía.