Para que las autoridades del Sebin puedan decir que respetan los derechos humanos (y recordemos que el Sebin está adscrito directamente a la Vicepresidencia de la República y por tanto su supervisión recae directamente en el Poder Ejecutivo) deben acatar escrupulosamente las órdenes emitidas por el Poder Judicial relativas a liberar de manera inmediata a las personas que cuentan con una boleta o una orden judicial de libertad

Amnistía Internacional acaba de lanzar un llamado a su activismo global –compuesto por millones de personas en todo el mundo– a exigir a Gustavo González, Director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, acatar la orden judicial de liberar a 14 agentes de Polichacao que se encuentran actualmente en detención arbitraria en El Helicoide. Según las diligencias realizadas por el agente judicial, la orden de liberación de los 14 agentes de policía detenidos ha sido entregada en El Helicoide del SEBIN en repetidas ocasiones, pero sus responsables se niegan a aceptarla aduciendo que “no tienen orden de hacerlo de sus superiores”. Es por ello que la organización, además, hace esta exigencia extensible al Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, en tanto entre las funciones de la Vicepresidencia de Venezuela está la supervisión del SEBIN.

No son sin embargo estas 14 personas las únicas detenidas debido a que los responsables del SEBIN se niegan a ejecutar una orden judicial de liberación. En lo que va de año Amnistía Internacional  ha puesto asimismo de relieve otros dos casos sumamente preocupantes, el del dirigente estudiantil Yon Goicoechea y el de José Vicente García, concejal de San Cristóbal, privados de libertad por miembros del servicio de inteligencia sin que la Fiscalía solicitara su detención y sin estar cometiendo delito alguno. Para ambos existen órdenes de excarcelación que están siendo ignoradas, tal como figura documentado en el último informe de Amnistía Internacional “Silencio a la Fuerza”. “El mantenimiento de personas detenidas a pesar que existe una orden directa de los juzgados para que se liberen, es una señal inequívoca y altamente preocupante de la detención arbitraria por parte del SEBIN en casos que tienen algún componente político. Además, la privación preventiva de la libertad no puede suponer una condena anticipada. Toda persona detenida por una acusación penal tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a quedar en libertad en espera de juicio”.

“La arbitrariedad se manifiesta de maneras diversas. Las detenciones sin órdenes judiciales justificadas con la excusa de situaciones de flagrancia; la falta de independencia de las autoridades judiciales que actúan en respuesta a señalamientos desde otros poderes públicos; el uso de jurisdicciones especiales, como la jurisdicción militar, que no es ni independiente ni imparcial; las prácticas de aislamiento e incomunicación de las personas privadas de su libertad, que constituyen tortura algunas veces; el uso de informantes anónimos - muchos de ellos funcionarios estatales - como fundamento de la detención; y la inobservancia de las órdenes judiciales que disponen la liberación de personas detenidas por parte del SEBIN”.

Ante este panorama, el deber ser se hace evidente. Para que las autoridades del Sebin puedan decir que respetan los derechos humanos deben acatgar escrupulosamente las órdenes emitidas por el Poder Judicial relativas a liberar de manera inmediata a las personas que cuentan con una boleta o una orden judicial de libertad. Asimismo, deben dejar en libertad a aquellas personas que han sido detenidas arbitrariamente en contravención con las obligaciones de derecho internacional del Estado venezolano y abstenerse de llevar a cabo detenciones sin orden de aprehensión.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, es un órgano auxiliar del Poder Ejecutivo que tiene como funciones primordiales “la neutralización de amenazas reales o potenciales para el Estado venezolano”. Entre sus competencias no se encuentra la detención o custodia de personas sometidas a prisión preventiva, a pesar de que desde hace algunos años en varias de sus sedes, posea calabozos y tenga a su cargo personas privadas de libertad en distintas calidades.