Es importante tener en cuenta que más que las OLP como campaña, es fundamental develar el impacto que una política de esta naturaleza, con independencia de sus siglas coyunturales, tiene en la práctica cotidiana de los organismos de seguridad del Estado, que los convierte en agencias violadoras de derechos fundamentales. El problema no son solo las OLP, estas siglas son circunstanciales y serán otras el día de mañana.

Este 13 de julio las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) cumplieron 2 años ¿qué nos ha dejado esta política? ¿Cómo podríamos evaluarla? ¿Cuáles han sido sus resultados? ¿Ha mejorado nuestra seguridad? ¿Nuestras vidas se encuentran ahora más protegidas?

Comencemos por lo más básico ¿Qué son las OLP?

Desde que se iniciaron no se ha publicado documento oficial alguno donde se definan claramente sus objetivos, alcances y protocolos de actuación. Hasta ahora lo que existen son múltiples declaraciones y videos propagandísticos. Según este discurso oficial ¿cómo pudiera definirse las OLP?

Las OLP son, como la primera palabra lo indica, operaciones, procedimientos llevados a cabo por distintos cuerpos de seguridad que actúan de manera conjunta –es de destacar que las actuaciones conjuntas dificultan la adjudicación posterior de responsabilidades-. Su objetivo inicial era “liberar” “áreas donde operan elementos de grupos delincuenciales, quienes se dedicaban especialmente a actividades del paramilitarismo colombiano, bandas criminales, sicariato, extorsión y secuestro”. Este fue el discurso con el que fueron presentadas las OLP, que fue variando y no siempre fue coherente.

Es de advertir que este tipo de operativos no son novedosos en el país, la profesora Tosca Hernández hace unas tres décadas estudió este fenómeno desde el año 1958 a 1986. La OLP es, entonces, la continuidad de una lógica y praxis represiva de antaño, que los actuales gobernantes habían prometido no se repetiría en el país, y que posiblemente se esté manifestando de una manera más letal y generalizada.

Un indicio de esto se puede apreciar al analizar las fuentes disponibles, tanto de registros criminales oficiales, como de la mayoría de los datos no oficiales, que coinciden en una tendencia al aumento de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado.

Los últimos dos años son emblemáticos por el aumento abrupto de estas muertes. En 2015 aumentaron un 70% respecto al año anterior, y en 2016 el incremento fue de 163% respecto al 2015 y de un 344% con relación al año 2014.

El Ministerio Público en su informe anual de 2015 registró unas 245 personas fallecidas en el marco de las OLP durante sus primeros cinco meses, éstas apenas representaron, aproximadamente, un 14% de las muertes totales en manos de los cuerpos de seguridad durante ese año. Lo mismo ocurrió el año 2016 en el que los fallecidos por las OLP apenas llegaron al 5%. Por ello es importante tener en cuenta que más que las OLP como campaña, es fundamental develar el impacto que una política de esta naturaleza, con independencia de sus siglas coyunturales[1], tiene en la práctica cotidiana de los organismos de seguridad del Estado, que los convierte en agencias violadoras de derechos fundamentales. Puede afirmarse que la política de respaldar este tipo de operativos militarizados, sin controles legales ni institucionales, impactó directamente en el incremento abrupto de las muertes en manos de los cuerpos de seguridad del Estado en todo el país.

Al concentrarnos solo en las OLP, sin ver al resto de los operativos como una totalidad, pudiéramos estar invisibilizando inadvertidamente la gravedad real de la violencia policial y militar.

La violencia institucional también tiene un impacto directo sobre la violencia social y delictiva. El aumento abrupto de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado también influye en el comportamiento de los homicidios; ambos fenómenos tienen, en Venezuela, una tendencia al aumento. Así por ejemplo, en el año 2015 mientras las muertes en manos de las policías aumentaron un 70%, los homicidios lo hicieron un 20%, creciendo 9 puntos la tasa de homicidios por cien mil habitantes, se pasó de 49 a 58, la más alta hasta ese momento.

Para el año siguiente las muertes en manos de las policías aumentaron un 163%, los homicidios lo hicieron en un 22%. La tasa aumentó 12 puntos, se pasó así de una tasa de 58 a 71, la más alta de la historia del país, al menos de los registros de los últimas 5 décadas.

El porcentaje que ocupan las muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado dentro del total de los homicidios generales del país también se viene incrementando. En 2015 ocuparon el 10% y en 2016 crecieron 12 puntos para llegar a un 22%.

Estos operativos son poco eficaces para la reducción de la violencia delictiva, por el contrario contribuyen a su aumento. Y así se pudo observar con las OLP, no solamente por el incremento de los homicidios ya descritos, sino también por el aumento de los secuestros, extorsiones, robos  y hurtos; de la misma manera aún se mantienen enfrentamientos armados con grupos delictivos con posterioridad a la implementación de las OLP. Adicionalmente, como muestra de la dificultad de su sostenibilidad, en la medida que pasaba el tiempo cada vez se informaban de menores incautaciones de armas y recuperación de vehículos.

¿Qué podemos concluir de todo esto? ¿Para qué ha servido entonces la OLP?

Tomando las categorías de funciones manifiestas y latentes de Merton, pudiera afirmarse que las funciones manifiestas de las OLP son “combatir el crimen”, “ir contra los malos”, “defender a la gente decente de la escoria de la sociedad”, etc., y así como la inquisición luchaba contra el diablo que es la encarnación del mal mismo, las OLP luchan contra el mal en términos absolutos, sin ningún tipo de límite. El problema radica cuando los que combaten a ese mal terminan haciendo mucho más daño que el mal que adversan.

Las funciones latentes son varias, entre ellas pueden destacarse las siguientes:

1. Medio para legitimarse: en 2015 en el contexto de un año electoral sumergido en crisis de diversa índole, se opta por el camino aparentemente más sencillo, tomar la seguridad como bandera de la campaña electoral y a través de ella tratar de mostrar eficiencia ¿Cómo? Siguiendo las lógicas de la macdonalización, confundiendo cantidad con calidad. De allí el empeño de mostrar grandes cifras de detenidos y de “abatidos”, con independencia que se trate realmente de delincuentes actuando en flagrancia o no, así como de la proporcionalidad y legalidad de la actuación de los cuerpos de seguridad. Sin embargo, esta función en 2015 no se cumplió porque los promotores de las OLP perdieron las elecciones legislativas. No obstante, ante la dificultad de asumir las otras crisis, como la económica o la política, durante 2016 el comodín de la inseguridad se mantuvo como el más accesible para el gobierno.
2. Rentabilidad política para los que ejecutan la política: con las OLP el aparato militar y policial no solamente gana poder bélico y señorío en la calle, sino que además se posicionan políticamente dentro de los espacios de toma de decisiones, teniendo cada vez más autonomía, discrecionalidad y recursos.
3. Mensaje autoritario: no existen límites en el ejercicio del poder por parte de militares y policías, se impone la fuerza y la razón de Estado. Los límites que las leyes deben imponerle al poder policial y punitivo se desvanecen. Llegando a manifestaciones extremas de poder como disponer de la vida y muerte de las personas sin ningún tipo de consecuencia.

Esta forma política, represiva y autoritaria, trasciende de la “lucha contra el delito” y se expande como gestión generalizada de la conflictividad por parte del poder. Parece estar llegando ya a otros espacios y sectores sociales e institucionales, lo ocurrido en diversas zonas residenciales, cuyo caso más emblemático es el de las Residencias conocidas como “Los Verdes”, el ataque sistemático contra el Ministerio Público y la imposición inconsulta e inconstitucional de la constituyente, promovida a través de amenazas, pudieran ser nuevas expresiones de esta misma racionalidad.

El problema no son solo las OLP, estas siglas son circunstanciales y serán otras el día de mañana. Esto no tiene que ver sólo con el actual gobierno, como se ha señalado, estos dispositivos no son una novedad, no tienen que ver ni con izquierdas ni con derechas, sino con una racionalidad bélica que se encuentra subyacente en el ejercicio arbitrario e ilimitado del poder militar, policial y punitivo del Estado, que una vez que se legitima es difícil que sea reversible y en ese escenario perdemos todos.

@Keymer_Avila

Para más detalles sobre este tema pueden leer la investigación completa en los siguientes enlaces: https://www.academia.edu/32305070/Las_Operaciones_de_Liberaci%C3%B3n_del_Pueblo_OLP_entre_las_ausencias_y_los_excesos_del_sistema_penal_en_Venezuela ; http://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/article/view/16878

Publicado originalmente en: Contrapunto.