Es indudable el impacto de la violencia social en nuestros niños, niñas y adolescentes, que afecta en distintas áreas de su desarrollo, entre ellas, educación, salud, alimentación, seguridad y un nivel de vida adecuado. Muchos de sus derechos están siendo vulnerados debido a la crisis social que actualmente afronta nuestro país.

Por: Gladys García Uzcátegui

Nuestros niños, niñas y adolescentes hoy en día se ven impactados por gran cantidad de factores que vulneran su integridad personal, entre ellos la violación a varios de sus derechos como lo son una alimentación de calidad, seguridad, salud, educación y un nivel de vida adecuado.  Al revisar las cifras de algunos estudios realizados a nivel nacional (CISOR, Centro de Investigación Social, 2016) de 1099 hogares observamos cómo 1077 de estos, hay un decrecimiento de la ingesta de alimentos con un aporte elevado de vitaminas y minerales. En encuesta realizada, el 61 por ciento (670 hogares) de las personas considera que la alimentación no satisface el apetito. De igual modo, se reporta que 345 hogares (de 1526 personas) dejan de hacer la comida una vez al día. En el 67% (736 hogares) no hay suficiente comida para “todos sus miembros y para todos los días”. Carecer de comida en el hogar es motivo de preocupación en esos hogares: 105 niños(as) y 113 adolescentes, temen que en sus hogares se queden sin alimentos.

En cuanto a la salud, de una muestra de 252 niños, niñas y adolescentes, que presentaron alguna enfermedad, 174 personas buscaron el tratamiento en distintas farmacias, 43 personas reportaron que les dieron el medicamento requerido en el centro de salud o buscó apoyo de organizaciones y redes de personas.

Con respecto a la educación, se reporta ausentismo escolar por diversas razones entre ellas por la carencia de alimentación, por problemas de salud o por insuficiencia de algún servicio público (electricidad, agua, falta de transporte) en sus centros escolares. En 753 hogares, el dinero no alcanza para comprar útiles, pagar mensualidad y matrícula del colegio. De estos 1099 hogares, 83 % reportó que no tiene suficiente dinero para divertirse y salir juntos.

En relación a la seguridad, 132 personas fueron víctimas de la violencia que se desarrolla fuera de sus viviendas, en las comunidades o en el país, en este sentido, algunos de los familiares que fallecieron fueron por alguna enfermedad que se complicó por falta de tratamiento y/o atención oportuna en centro médico asistencial, igualmente por atraco, secuestro o enfrentamiento entre bandas. Fuera del recinto escolar y de la vivienda la mayoría de los niños(as) y adolescentes entrevistados creen que corren riesgos, sensación que se nutre con la desconfianza en el rol y desempeño de quienes deberían garantizar el orden y evitar el delito: la policía.

Al revisar las cifras de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia desde el año 2013 (CECODAP,  Centro Comunitario para el Aprendizaje, 2016) se ha ido incrementando, de 4133 casos registrados a 9807 casos en el año 2016, es decir un 52 %. De 9807 casos el 49, 27 % son por violencia social. La violencia social afecta principalmente a adolescentes varones. De una muestra de 408 casos, 248 adolescentes y 6 niños mueren por agresiones de funcionarios de cuerpos de seguridad.

Todas estas situaciones conllevan a su vez a un clima familiar tenso, lleno de preocupaciones que a diario impactan a los niños, niñas y adolescentes, que se encuentran afectados por la vulneración frecuente de sus derechos y la disminución en su calidad de vida y el resguardo de su integridad personal. La crisis económica, social y política que se desarrolla en el país deja sus huellas en las familias, por la merma en la adquisición y disfrute de bienes y servicios e igualmente por las secuelas que deja en la interacción entre sus miembros.  Todo este panorama, conlleva a problemas de tipo emocional constantes dentro de la familia, presencia de indicadores de estrés, miedo y la ansiedad en los padres, por la incesante necesidad de cubrir, no sólo aspectos materiales, sino relacionados con la calidad de las interrelaciones con sus hijos e hijas.

En el país no se difundieron ni aplicaron las diversas recomendaciones plasmadas en el Estudio Mundial de Violencia contra los Niños de Naciones Unidas (ONU: 2006) ni las Observaciones Finales a Venezuela emitidas por el Comité sobre los Derechos del Niño (ONU: 2007 y ONU: 2014) siendo imposible presentar un balance objetivo sobre los avances en la protección de los niños, niñas y adolescentes. El Comité recomienda al Estado parte que: a) Adopte todas las medidas necesarias para lograr la aplicación efectiva de la legislación en relación con los derechos del niño en todas las esferas, proporcionando los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios; b) Garantice la rendición de cuentas sistemática respecto de todos los derechos del niño, facilitando el acceso efectivo a la justicia y vigilando de cerca y evaluando los efectos de las leyes, las políticas y los programas; c) Acelere el proceso de reforma y aprobación de las leyes pertinentes a la aplicación de la Convención.

Es por ello que se considera necesario, priorizar la protección en materia de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en contextos de crisis, el Estado debe desarrollar planes centrados en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, invirtiendo de manera prioritaria en ellos (Principio de Interés Superior y Prioridad Absoluta de la LOPNNA), recurrir a la cooperación internacional como un mecanismo de protección a esta población, garantizar escuelas como espacios de protección, implementar programas y servicios para las familias en situación de pobreza y pobreza extrema,  garantizar el acceso a bienes y servicios para todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en centros de salud y entidades de atención, fortalecer el Sistema de Protección, promover mejores condiciones para una sana convivencia en términos de respeto y justicia, garantizando el cumplimiento de todos los derechos contemplados en la Convención de los Derechos del Niño.

Desde el Equipo en Derechos Humanos de Amnistía Internacional consideramos necesaria la evaluación de la situación de vulneración constante de los derechos del niño, niña y adolescente en los diferentes ámbitos y como lo demuestran las estadísticas observadas, la protección y reajuste de políticas públicas podría garantizar gran parte de la solución a la problemática visibilizada. La protección y garantía de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes tanto en temas como alimentación, salud, educación, seguridad, entre otros, debe ser de atención prioritaria en la construcción de una sociedad sensible a los demás.

FOTO:  Eakachai Leesin