Recientemente, Amnistía Internacional denunció en todo el mundo el uso de tribunales militares para tratar de silenciar voces disidentes en Venezuela.

De acuerdo con ONG locales, se cree que más de 300 personas han sido llevadas –incluso de manera grupal– ante tribunales militares, siendo tratadas como soldados en un conflicto armado, acusándoseles de tipos penales ambiguos y de carácter político como “traición”, lo que ha despertado las alarmas en el ámbito internacional. “El nivel de violaciones de derechos humanos y las acciones despiadadas de las autoridades venezolanas son una reminiscencia de los peores tiempos para los derechos humanos en las Américas” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“La administración de Maduro está convirtiendo esta crisis política en un conflicto violento, cuando debería estar escuchando las preocupaciones legítimas de la gente y trabajando para encontrar soluciones”.

El fenómeno de la aplicación de la justicia militar a civiles se ha disparado en el último mes en el contexto de una grave crisis económica y social, “caldo de cultivo” para que la gente salga a ejercer su legítimo derecho a la protesta; así lo manifiesta Keymer Ávila, experto en seguridad ciudadana, en una entrevista que le concedió al corresponsal alemán Jürgen Vogt y cuya versión extendida fue ya publicada en el Neues Deutschland y que puede ser consultada a su vez en castellano en Contrapunto.

“Lo que he podido conversar con varios defensores es que en la jurisdicción militar todo es más difícil, el acceso al detenido, las presentaciones, la consignación de escritos, hay más opacidad, discrecionalidad por parte de las autoridades y obstáculos para el ejercicio de la defensa”, expone Ávila, quien a su vez remarca que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, ha cuestionado este tipo de procesos llevados a cabo de manera irregular, tomado posiciones institucionales que el experto califica de “acertadas”, “necesarias” y “valientes” en un contexto en el que parece que ningún actor institucional quiere asumir su rol.

“Cuando civiles que no han cometido delitos militares son procesados por tribunales de este tipo, se comete una violación de sus derechos humanos, en especial al debido proceso y al derecho al juez natural, dejando un precedente muy peligroso para la consolidación de un Estado Social y de Justicia. Ese tipo de procesos viola lo establecido en nuestra Constitución, así como lo ordenado por sentencias tanto nacionales como de la Corte Interamericana sobre esta materia”.

Específicamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho lo siguiente sobre Venezuela: “cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”

Sobre las principales diferencias que distinguen los tribunales civiles de los tribunales militares, Ávila explica que en la jurisdicción civil existen todas las garantías legales y constitucionales que gozan los ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos, en cambio la jurisdicción militar está destinada a los funcionarios dentro de la institución militar y del Estado en tanto su rol acarrea de inmediato una responsabilidad que no tiene ni debe tener el ciudadano común. “Los delitos de naturaleza militar están contemplados en el Código Orgánico de Justicia Militar, cuyo núcleo radica en amenazas armadas y militares en contra de la seguridad del Estado, son cometidos por militares en actos de servicio”.

“La lógica de la jurisdicción militar es la de la excepción, la de la guerra”. “Es de advertir que ese Código es anterior a nuestra actual Constitución y no ha sido adaptado a la misma, por lo que algunas de sus disposiciones pueden ser inconstitucionales”.

En su último informe sobre Venezuela, “Silencio a la Fuerza; detenciones por motivos políticos en Venezuela”, Amnistía Internacional considera imprescindible que todos los civiles sean juzgados ante tribunales ordinarios y que no se utilice la jerarquía militar para intimidar las expresiones políticas. Asimismo, para la organización el uso de tipos penales como ‘traición’, debido a la ambigüedad de su definición y al amplio margen de discrecionalidad, pone en alto riesgo que se celebre un juicio justo y con observancia al debido proceso.