Arbitrariedades en las fronteras, dificultad en el acceso a diversos derechos sociales, problemas para validación de estudios, niños y niñas con matrículas provisorias, explotación con condiciones laborales precarias y hacinamiento son tan solo unas de las barreras que las personas migrantes deben sobrellevar al llegar a Chile; No obstante,  cuando las personas cuentan con visados y permanencias regulares siguen siendo altamente vulnerables a abusos y a hostilidades por parte de una sociedad que no los reconoce plenamente como sujetos de derechos.

Arbitrariedades en las fronteras, dificultad en el acceso a diversos derechos sociales, problemas para validación de estudios, niños y niñas con matrículas provisorias, explotación con condiciones laborales precarias y hacinamiento son tan solo unas de las barreras que las personas migrantes deben sobrellevar al llegar a Chile; No obstante,  cuando las personas cuentan con visados y permanencias regulares siguen siendo altamente vulnerables a abusos y a hostilidades por parte de una sociedad que no los reconoce plenamente como sujetos de derechos.

Roberto Morales, presidente de la Junta Directiva de Amnistía Internacional Chile, comenta que de acuerdo a los datos que manejan existen alrededor de 450 mil migrantes actualmente en Chile, eso sin obviar la posibilidad de que sea una cifra mayor. “Estos provienen esencialmente de países de nuestro continente: peruanos, colombianos, haitianos, ecuatorianos, venezolanos y en menor medida argentinos y un número menor de españoles y de otras nacionalidades. La situación es muy diversa,  pero la gran mayoría que llega a nuestro país por razones económicas viven situaciones de hacinamiento en cuanto a su vivienda, carecen de seguridad social y terminan accediendo a condiciones laborales precarias”, dijo.

Actualmente, Chile cuenta con una Ley de Extranjería que se remonta a 1975 cuyo objetivo central es preservar la seguridad nacional, regulando exclusivamente condiciones de entradas, permanencias y salidas de Chile. Cuarenta años más tarde, y con 465 mil extranjeros que han convertido al país en testigo de un flujo de inmigración nunca antes visto, el Decreto sigue vigente ocasionando graves vulneraciones al acceso de derechos y a la vida cotidiana de las personas migrantes. Éste tiene una visión que considera básicamente a los migrantes como fuentes de trabajo, estando finalmente al servicio del mercado laboral y no de las personas ni de sus derechos. “Regular la migración con un decreto propio de la Dictadura que pone el foco de manera exclusiva en la seguridad y en lo económico es limitado, retrógrado y absurdo. Chile debe abordar este complejo proceso con un nuevo marco legal que cumpla en plenitud con los estándares de derechos humanos”, explica Morales.

Un ciudadano venezolano agredido por la policía chilena

“Las estadísticas oficiales señalan que más de 8 mil ciudadanos venezolanos están actualmente en nuestro país, estimamos que son muchos más y que seguirá creciendo en este periodo. Existe un grupo importante de ellos que son técnicos, profesionales y estudiantes que se han insertado en la sociedad chilena con más facilidad que migrantes de otras nacionalidades”.

Sin embargo, parece ser que no todos los venezolanos corren con la misma suerte, pues Amnistía internacional Chile manifestó su preocupación sobre la situación de Carlos Díaz, ciudadano venezolano que fue agredido por personal policial al intentar defender a un ciudadano haitiano que era detenido; Díaz fue arrastrado, golpeado y detenido. El gobierno de Chile a través de su cancillería pidió disculpas y llamo a ser cuidadosos en el trato de las fuerzas policiales con ciudadanos extranjeros. Este hecho fue ampliamente difundido y repudiado por la ciudadanía, es importante señalar que AI Chile, viene denunciando hace ya un tiempo la violencia de las fuerzas policiales en contra de la ciudadanía en general.

#ChileSinBarreras

Ante dichas faltas y preocupación latente, Amnistía Internacional ha lanzado la campaña “Chile sin barreras” que tiene por objetivo instar al Gobierno a que dé prioridad rápidamente a la tramitación de un proyecto de ley de migraciones que garantice los derechos humanos de las personas migrantes. Además, busca sensibilizar a parlamentarios y a la ciudadanía en general sobre las continuas vulneraciones que sufren las personas extranjeras que residen en el país.

“El objetivo es dignificar la vida de los migrantes en nuestro país, reconociéndoles sus derechos y deberes como cualquier ciudadano chileno, protegerlos de arbitrariedades administrativas de funcionarios del Estado y garantizarles los derechos a educación, salud y trabajo en condiciones equivalente a un chileno/a”, señala Morales.

En este sentido, Amnistía Internacional ha señalado que si bien los Estados tienen la facultad de determinar libremente sus programas migratorios, establecer mecanismos para saber quién cruza sus fronteras y tomar medidas para minimizar la migración no autorizada, esto no los libra de respetar en cada momento los derechos de las personas migrantes. “Se espera de esta campaña que dicho proyecto establezca de manera expresa los derechos de las personas migrantes en línea con los estándares de derechos humanos, que fortalezca la institucionalidad migratoria, asegure normas de un debido proceso y defina los mecanismos de participación social y cívica de la sociedad civil”.

¡Actúa por una Ley migratoria que garantice los derechos humanos en Chile!