Berta Cáceres en Honduras y Máxima Acuña en Perú se han convertido referentes necesarios a la hora de hablar de la defensa de los derechos ambientales, incluido el derecho humano al agua.

En Latinoamérica existen dos defensoras medioambientales de gran importancia que han dado todo por el respeto y la garantía del derecho al agua para el mantenimiento de la vida de su gente: una es Berta Cáceres en Honduras y Máxima Acuña en Perú.

La primera fue cruelmente asesinada por impedir que la tierra de su pueblo indígena fuera invadida por una hidroeléctrica privada: la otra, aún continúa su batalla contra una empresa minera que busca extender su explotación minera hacia lagunas cercanas al lugar donde vive con su familia.

Berta Cáceres

El pasado tres de marzo de 2016 sujetos desconocidos acabaron con la vida de la líder indígena hondureña y activista medioambiental, Berta Cáceres, a causa de varios disparos que le propinaron sujetos desconocidos que entraron de forma violenta a su propia casa. Berta, fue una destacaba miembra y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Durante años, se dedicó a luchar en defensa del medio ambiente, el rescate de la cultura e identidad Lenca y para elevar las condiciones de vida de comunidades indígenas. Uno de los casos más emblemáticos por los que luchaba esta activista medioambiental fue la defensa de los derechos a la propiedad de las tierras y la dignidad del pueblo indígena Lenca, quienes se han visto amenazados por el desalojo forzoso que se pretende hacer contra ellos para construir un proyecto hidroeléctrico impulsado por trasnacionales privadas.

Hoy, este pueblo originario continúa siendo víctima del arrebato arbitrario de sus tierras y ríos sagrados, la destrucción de sus casas y cultivas, más el maltrato físico y psicológico por parte de funcionarios del orden público.

Máxima Acuña

La historia de Máxima Acuña, agricultora y ambientalista, como defensora de derechos humanos destaca probablemente desde 1994 cuando junto a su esposo compró un terreno en la zona alto andina de Sorochuco, provincia de Celendín, departamento de Cajamarca, cerca de unas lagunas donde la Minera Yanacocha había solicitado expandir su explotación. Posteriormente en 2015 la minera alegó haber adquirido aquellas propiedades de parte de la comunidad local en 1997 y desde entonces se encuentran en una enconada batalla legal. En 2012, las protestas contra el proyecto Conga se volvieron masivas y Acuña les daría la bienvenida a los protestantes para que se organizaran en los terrenos en torno a su vivienda y huerta. La policía les ha atacado, tanto a ella como a su familia, llegando incluso a golpear a Máxima y a sus hijos, a provocar daños en su casa y a demoler una ampliación que estaba construyendo. En varias ocasiones, los propios guardias de seguridad armada de Yanacocha destruyeron su cosecha. El proyecto Conga plantea traspasar el agua de cuatro lagunas (Mala, Chica, Azul y Perol) hacia tres reservorios y extraer oro, plata y cobre debajo de los humedales.

Máxima Acuña de Chaupe es miembra de la Asociación de Mujeres en Defensa de la Vida y de la Unión Latinoamericana de Mujeres (ULAM), red regional integrada por grupos y organizaciones dirigidas por mujeres para el beneficio de mujeres de origen rural e indígena afectadas social, cultural y económicamente, por prácticas y políticas mineras. “La convicción que juntas y colectivamente debemos luchar porque se reconozca y se tomen medidas parar frenar y prevenir el impacto negativo de la actividad minera en la mujer; une en hermandad a todas las asociaciones que forman parte de la red”.

Gracias a su valentía, Máxima en 2016 fue galardonada con el Premio Goldman, el más prestigioso galardón medioambiental.

En ambos casos los recursos hídricos están siendo amenazados por agentes externos que de salirse con la suya pondrían en peligro la vida de cientos de personas. Hoy, Día Mundial del Agua, es importante que se la reconozca como un derecho humano que debe ser garantizado para el disfrute y sobrevivencia de todos a través de planes y gestiones gubernamentales que permitan su acceso oportuno, basto y en condiciones óptimas de salubridad.

Por Daniela Damiano @amnistia