Martes, 13 de diciembre, 2016
Licón, Yaridbell
Mal puede un gobernante estigmatizar a un grupo social en sus discursos, puesto que en la historia se ha visto cómo ese es el primer paso hacia crímenes que han cometido las estructuras del Estado. Por eso preocupa tanto los discursos de odio de líderes como Donald Trump y políticos europeos que en pleno siglo XXI han optado por una demagógica postura de exacerbar los miedos de la población a la búsqueda de ambiciones electorales
El exterminio sistemático y deliberado de grupos sociales por motivos raciales, políticos, religiosos o de género, ha marcado en la historia las líneas más aterradoras de la intolerancia, el odio y la discriminación, y lamentablemente, pareciera que en el mundo siguen cometiéndose tales crímenes.
Los intereses de líderes sin escrúpulos parecen ser suficientes para que las fuerzas de los Estados “destruyan deliberadamente propiedades, ataquen hospitales e iglesias, repartan armas y cometan saqueos generalizados, dejando ciudades abandonadas y centenares de muertos”, así señala Amnistía Internacional, organización que tiene desde diciembre de 2013 investigando los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que continúan cometiéndose.
En este sentido, existe un factor común entre todas estas atrocidades, pues el discurso de odio representa en los distintos episodios la acción comunicativa que tuvo como objetivo promover y alimentar un dogma basado en el miedo, el rencor, la intolerancia y hasta el resentimiento con connotaciones discriminatorias, cuya finalidad es atentar contra la dignidad y vida de un grupo de personas.
Entre los casos de genocidio, considerado así por Amnistía Internacional, encontramos:
Ruanda
“Los tutsis no merecen vivir. Hay que matarlos. Incluso a las mujeres preñadas hay que cortarlas en pedazos y abrirles el vientre para arrancarles el bebé” se decía desde una emisora incitando a la mayoría de la población a matar a los tutsi, minoría étnica que en ese entonces representaba el 15% de la población de Ruanda; para esto, una gran cantidad de machetes fueron repartidos en las calles.
La llamada “emisora del odio”, un medio de comunicación público, llegaba a todos los rincones de Ruanda. La incitación venía acompañada de datos, nombres y señas para identificar a las personas tutsi y opositores al exterminio (dónde vivían, dónde trabajaban y dónde se escondían).
Cuando el conflicto se intensificó, el gobierno ruandés pidió la ayuda de sus seguidores para que atacaran a cualquier persona identificada como posible simpatizante del Frente Patriótico Ruandés, lo que se convirtió en una estrategia deliberada tan solo para conservar el poder. Desde las más altas esfera se culpaba a los tutsis de la catástrofe económica que vivía el país pero que n realidad no tenía otra causa más allá de la corrupción galopante en el gobierno.
Amnistía Internacional no ha dejado de pedir a Ruanda y a la comunidad internacional “justicia, reparación y compensación a las víctimas del genocidio”. Pero la tarea sigue a medias. Aunque desde 1994 se han iniciado más de un millón de enjuiciamientos relacionados con aquellas matanzas, la justicia se hace esperar.
“No puedo dormir sin pastillas, me altero fácilmente cuando escucho algún anuncio en la televisión, los mensajes que se enviaban durante la guerra y las violaciones marcaron mi vida”, dice Jasmina, superviviente de violencia sexual durante el genocidio de la antigua Yugoslavia.
La trágica Guerra que se desarrolló en la actual Bosnia y Herzegovina, del 6 de abril de 1992 al 14 de diciembre de 1995, fue causada por una compleja combinación de factores políticos y religiosos: exaltación nacionalista, crisis políticas, sociales y de seguridad que siguieron al final de la guerra fría y la caída del comunismo en la antigua Yugoslavia.
Mientras que la cifra de víctimas mortales de esta guerra se encuentra entre los 100.000, incluidas unas 38.000 víctimas civiles, menos de 1.000 casos de crímenes de guerra han sido investigados y enjuiciados en el ámbito estatal.
Sigue sin esclarecerse la suerte de miles de personas: Amnistía Internacional ha instado a las autoridades de Bosnia y Herzegovina a comprometerse a resolver realmente los 8.000 casos pendientes de desapariciones forzadas con motivo de la guerra, y a proporcionar a las familias acceso a la verdad, la justicia y la reparación. “Miles de mujeres y niñas fueron violadas a menudo con una brutalidad extrema; muchas fueron recluidas en campos prisión, hoteles y domicilios particulares donde fueron sometidas a explotación sexual; otras fueron asesinadas”, ha informado la organización, añadiendo que hasta hoy a los supervivientes de estos crímenes se les ha negado el acceso a la justicia. “Los responsables de su sufrimiento –miembros del ejército, la policía y los grupos paramilitares –andan libres. Algunos incluso ocupan cargos de poder o viven en la misma comunidad que sus víctimas”.
«Estamos dispuestos a que reine la honestidad y la justicia» era el discurso engañoso de Ríos Montt, mientras asesinatos, violaciones y demás atrocidades estaban ocurriendo en el país.
La justificación para acabar con la vida de grupos de indígenas era llamarlos“traidores”.
Efraín Ríos Montt gobernó Guatemala entre 1982 y 1983, uno de los periodos más sangrientos del conflicto armado interno. “Decenas de miles de personas fueron masacradas, violadas y desaparecidas durante el conflicto, entre ellas 1.771 indígenas ixil cuyos homicidios se abordaron en el juicio de Ríos Montt”.
El terrible genocidio de Guatemala produjo 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y un millón de desplazados internos. Parece prácticamente imposible juzgarlo todo o encontrar un sistema judicial que aguante toda esa cantidad de violaciones a los derechos humanos; sin embargo, se debe trabajar para lograrlo.
Amnistía Internacional ha señalado que el sistema judicial guatemalteco tiene una gran deuda con las víctimas. “Las víctimas vienen esperando 30 años para que se haga justicia, ellas están dispuestas a esperar, sin importar el tiempo que pase. Quieren una garantía de que esto no va a volverá a suceder”.
En este sentido, se conoce como avance que en agosto de 2011, en uno de los juicios contra los responsables de masacres, cuatro soldados fueron condenados por más de 6.000 años de prisión por la muerte de 250 personas en la localidad de Dos Erres.
No al exterminio
La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 9 de diciembre como el Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la Prevención de ese Crimen por la adopción de la Convención para la Prevención y la Sanción de este Delito.
“La prevención del genocidio es una obligación específica impuesta por el derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia y otros órganos judiciales han sido muy claros a este respecto; los gobiernos deben cumplir este imperativo invirtiendo en prevención y adoptando medidas preventivas. En este día internacional que hoy celebramos, reconozcamos la necesidad de trabajar juntos de manera más concertada para proteger a las personas de violaciones graves de los derechos humanos y defender la humanidad que todos compartimos”, expresa el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
Sin duda que el objetivo de la jornada es crear conciencia para la prevención y sanción del delito de genocidio y, por supuesto, para honrar a todas las víctimas de este método de odio que no tiene otra finalidad más que la muerte y discriminación; por esto es sumamente importante que los Estados del mundo tengan en cuenta la importancia de un discurso sincero que llame al respeto y aceptación con un trabajo centrado en el bien social, la unión y por sobre todas las cosas, la tolerancia.
Mal puede un gobernante estigmatizar a un grupo social en sus discursos, puesto que en la historia se ha visto cómo ese es el primer paso hacia crímenes que han cometido las estructuras del Estado. Por eso preocupa tanto los discursos de odio de líderes como Donald Trump y políticos europeos que en pleno siglo XXI han optado por una demagógica postura de exacerbar los miedos de la población a la búsqueda de ambiciones electorales.