Ser mujer o niña en República Dominicana es como ser una máquina reproductora cuya misión no puede ser interrumpida de ninguna manera, incluso, si el embarazo es producto de una violación o incesto, se sepa que el feto no sobrevivirá fuera del útero o conlleve al peor de los escenarios: la muerte de la mujer.

Ser mujer o niña en República Dominicana es como ser una máquina reproductora cuya misión no puede ser interrumpida de ninguna manera, incluso, si el embarazo es producto de una violación o incesto, se sepa que el feto no sobrevivirá fuera del útero o conlleve al peor de los escenarios: la muerte de la mujer.

Amnistía Internacional en conjunto con otras ONG locales ha pedido a las autoridades dominicanas que se apruebe de una vez por todas una reforma –ya escrita y planteada –en el Código Penal que despenalice el aborto o la interrupción del embarazo cuando sea necesario.

Incluso, República Dominicana había dado un importante paso adelante en diciembre del 2015 después de incluir algunas reformas en el Código Penal. Sin embargo, un imprevisto giro sorprendió a las mujeres y todas las organizaciones que luchan a favor de este derecho cuando el gobierno decidió un año después anular las reformas.

Las razones de este retroceso para los derechos sexuales y reproductivos de las dominicanas recaen en tres grupos religiosos y conservadores quienes ejercieron presión para apelar en contra de la decisión del Congreso alegando errores de procedimiento. Esta lamentable decisión conllevó a que continuara en vigor el Código anterior, aprobado en 1884 y que es uno de los más anacrónicos y draconianos del mundo. Sin embargo, Sergia Galván, activista femenina e integrante de la organización civil dominicana Colectiva mujer y Salud, explica que las restricciones al aborto y a la interrupción del embarazo en República Dominicana van en contra de la voluntad de la población, ya que según las últimas encuestas realizadas la mayor parte de la ciudadanía las rechaza.

La ley aún vigente ordena prisión entre dos y tres años para todas las mujeres que se sometan a un aborto y para todas las personas que cooperen de alguna forma con el fin del embarazo. Incluso, si se comprueba que personal médico o farmacéutico facilitó el abortó será encarcelado entre cuatro a diez años.

Horror y sufrimiento por una ley absurda

En todo caso, a pesar de la prohibición absoluta del aborto, en el país se práctica de forma masiva, ilegal, clandestina e insegura, situación que afecta muchísimo más a las mujeres con menores recursos económicos que se ven en la necesidad de someterse a procedimientos para interrumpir sus embarazos en sus propias casas o lugares que no están acondicionados para ello, recalcó Galván.

Esta situación ha traído consigo una taza alarmante de muertes maternas dentro del país –cientos de mujeres mueren cada año por este motivo, una de las cifras más altas en toda América Latina según Naciones Unidas –básicamente por complicaciones obstétricas y abortos inseguros. Galván indicó que la mayoría de las muertes están ligadas a abortos inseguros que pueden ser totalmente evitables si el Estado lo reconociera como un derecho humano y dispusiera de centros de salud adecuados para practicarlo.

Las dominicanas no pueden decidir sobre su propio cuerpo, lo que frecuentemente las condena a morir. Uno de los peores casos, que tuvo resonancia internacional, fue el de Rosaura Almonte, mejor conocida como“Esperancita”, quien con tan solo 16 años murió de leucemia porque los médicos se negaron a aplicarle la quimioterapia que necesitaba para sobrevivir porque habría sido necesario practicarle un aborto primero. Ni ella ni el feto sobrevivieron. Su madre, Rosa Hernández, aún exige justicia y clama porque no sigan muriendo más mujeres dominicanas en las condiciones en la que perdió la vida su hija.

Contenido relacionado: Muerte de “Esperancita” en República Dominicana: Mortalidad materna prevenible

El clima de paranoia legal en República Dominicana hace que las y los profesionales de la salud se abstengan o busquen la manera de desentenderse de las pacientes que vienen a consulta por problemas con el feto. La activista afirmó que, en ocasiones por complicaciones de las mismas alternativas clandestinas para abortar, las mujeres recurren desesperadas a los hospitales públicos con la esperanza de que las atiendan, pero se topan con el repudio de los profesionales de la salud que no quieren involucrase en un caso de aborto que los lleve a pagar años en prisión.

La masificación de embarazos no deseados se empeora gracias a la falta de políticas eficientes para garantizar métodos anticonceptivos para la población. Galván manifestó que en República Dominicana estos métodos son sumamente costosos para los sectores más humildes y la distribución tampoco se mantiene constante, “hay épocas donde los anticonceptivos escasean, desaparecen paulatinamente y no se consiguen por ningún lado”.

En la mayoría de los países donde esta práctica está prohibida, generalmente, se realiza en la clandestinidad con objetos, sustancias y procedimientos que no son adecuados para una intervención de esa naturaleza. “Los procedimientos del aborto inseguro pueden implicar la inserción de un objeto o sustancia (una raíz, una ramilla o un catéter o un brebaje tradicional) en el útero, la dilatación y el curetaje hechos en forma incorrecta por un profesional no capacitado, la ingesta de sustancias dañinas y la aplicación de una fuerza externa. En algunos entornos, profesionales tradicionales golpean fuertemente a puñetazos la parte inferior del abdomen de la mujer para interrumpir el embarazo, lo que puede causar la ruptura del útero y la muerte de la mujer”, denuncia la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS estima que cada año, a pesar de las continuas recomendaciones porque se respete y garantice la seguridad sexual y reproductiva de las mujeres por parte de organismos intergubernamentales, siguen produciéndose 22 millones de abortos inseguros, que provocan la muerte de alrededor de 47 mil mujeres.[1]

Hace décadas que el gobierno conoce el drama de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, por ello después de adoptar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el 2000 se comprometió en reducir la tasa de mortalidad a 47 por cada 100 mil niños nacidos para 2015.[2] Meta que hoy en día no está cerca de cumplir.

República Dominicana se encuentra aún entre el pequeño grupo de países latinoamericanos que prohíben el aborto totalmente, acompañado por El Salvador y Nicaragua. “Es lamentable que este país se mantenga entre los pocos del mundo que se niegan a despenalizar el aborto, violentando de esta manera los principios de igualdad, no discriminación y salud integral contemplados en su propia constitución”, explicó la activista dominicana.

Los efectos psicológicos de tener que continuar un embarazo por una violación o de un feto que no tiene posibilidades de sobrevivir

Para una mujer estar embarazada por causa de una violación o insecto en la mayoría de los casos podría convertirse en una situación desagradable que quisiera revertir. Según la psicóloga y activista por los derechos humanos de las mujeres, Ariadna Acosta, ser víctima de violencia sexual genera un estado de sufrimiento que afecta todas las áreas de la mujer (física, social, psicológica, sexual, familiar, pareja), y generalmente entre sus consecuencias son recurrentes los sentimientos de angustia, ansiedad, síntomas de depresión,sueños recurrentes sobre el evento, culpabilidad, vergüenza, desconfianza, alteración en el deseo y frecuencia sexual. Si a este episodio negativo en la vida de la mujer se le suma un embarazo proveniente de la violación las reacciones psicológicas se complican, porque esto significaría para la victima que la violencia que sufrió se estableció en su cuerpo.

La experta explicó que a pesar de que cada mujer es distinta y reaccionará a este tipo de violencia según sus condiciones socioeconómicas y educativas, “la idea de continuar con un embarazo no deseado se convierte, para muchas mujeres, en una tortura psicológica. Obligarlas incluso a ser madres luego del nacimiento del bebé, genera un impacto negativo tanto en las vidas de la madre como en la del hijo o hija. Estudios demuestran la relación que tiene estas realidades con la pobreza, criminalidad, abuso de sustancias, embarazos adolescentes, abandono y malnutrición infantil, violencia intrafamiliar y de género”.

Por otro lado, está el drama de las madres que se les obliga a continuar con el embarazo a pesar de saber que su hijo no sobrevivirá cuando nazca o tendrá malformaciones que lo harán sufrir por el resto de su vida. Según expertos de la ONU someter a una mujer a este calvario puede producirle un “intenso sufrimiento físico y mental”.

Acosta manifestó que sobre estos casos se debe tomar en cuenta la expectativa que construye la madre hacia su bebé si el embarazo es deseado, ya que la noticia de que el bebé no sobrevivirá una vez que nazca ocasionará en la mujer un proceso de duelo desde ese momento, con todas sus etapas (negación, rabia, negociación, tristeza y aceptación).

“A esto debemos añadirle que deberá cargar durante el resto de los meses que dure la gestación, cargar tanto psicológica como físicamente el recuerdo constante de su pérdida, tener que confrontarse constantemente con la presión social, familiar e individual de los cambios corporales que experimenta –que incluyen la producción de leche materna –y así alagar el curso del duelo debido a la imposibilidad de despedirse. Por otra parte, la incapacidad de poder decidir sobre su propio cuerpo debido a la imposición del Estado de continuar con ese embarazo, cosifica el cuerpo de las mujeres transformándolo, además de una incubadora, en una urna”, añadió la especialista.

Existe un precedente en Irlanda bastante ejemplificador del trato cruel e inhumando que deben soportar estas madres que viven en países donde está prohibido el aborto a pesar de conocer que el embarazo no llegará a feliz término. Fue el caso de Amanda Mellet, quien tuvo que salir de Irlanda para abortar un feto al que se le había diagnosticado una malformación mortal. Sobre esto, la Comité de Derechos Humanos de la ONU “concluyó que la penalización del aborto en Irlanda había causado a Amanda Mellet humillación y estigma, y que su sufrimiento se había visto además agravado por los obstáculos que había encontrado a la hora de obtener información sobre las opciones médicas adecuadas”.[3]

Esta resolución fue pionera y pretende tener un alcance internacional en cuanto a las exigencias de modificar las leyes de los países donde el aborto es prohibido con el fin de buscar que se respeten los derechos humanos de las mujeres que se encuentren inmersas en casos como este donde existe imposibilidad de un aborto seguro.

Al permitírsele a las mujeres tener acceso a abortos seguros se les garantiza un cúmulo de derechos tales como el de decidir libre, responsablemente y sin coacción si desea proquear o no, el número de hijos que se desea tener y el intervalo entre cada uno, además del acceso a servicios gratuitos de calidad sobre su salud sexual y reproductiva, el derecho a la libertad, a la salud, a una educación y programas de salud laicos, actualizados y a la vida propia de las mujeres, concluyó Acosta.

Hoy, Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, son miles de voces que reclaman una modificación en las leyes en República Dominicana y a todos los demás Estados que lo requieran con el fin de garantizar el disfrute de los derechos sexuales y reproductivos, además del acceso a servicios gratuitos de calidad sobre su salud sexual y reproductiva, el derecho a la educación y programas de salud laicos, actualizados y a la vida propia de las mujeres.

POR DANIELA DAMIANO @AMNISTIA

Foto: Klemen Misic/ ShutterStock

[1] OMS. Aborto sin riesgos: Segunda edición guía técnica y de políticas para sistemas de salud. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77079/1/9789243548432_spa.pdf

[2] Onu.org.do. Salud Materna. Disponible en: http://portal.onu.org.do/republica-dominicana/datos/salud-materna/36

[3] AI. La prohibición del aborto impuesta por Irlanda viola los derechos humanos: resolución pionera de las Naciones Unidas. Disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/06/irelands-ban-on-abortion-violates-human-rights/