Para muchos expertos y defensores de derechos humanos la situación es muy delicada, porque por un lado se trata de un espacio menos para conseguir justicia, pero por otra parte el interés de la ciudadanía al respecto no se corresponde con las dimensiones de lo que significa no contar con una herramienta tan importante en materia de justicia internacional, siendo la justicia venezolana tan poco eficiente.

10 de septiembre, Venezuela cumple un año más fuera de la protección de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a pesar de que la misma había quedado “constitucionalizada”, –término utilizado por el Abogado Carlos Lusverti –en los artículo 19, 23, 31 y 339 (en este último a texto expreso) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela desde el año 1999.

“Mal podía una simple decisión del Presidente afectar derechos humanos y menos quebrantar el texto expreso de la Constitución. Se requeriría a lo menos una enmienda constitucional.”

En términos prácticos, esta decisión se traduce en que, una vez agotadas las instancias internas, es decir, cuando no se consigue justicia a través de los tribunales venezolanos, las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares ya no pueden apelar a la protección que brinda la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, las denuncias de muertes, torturas y lesiones suscitadas en el marco de las manifestaciones que tuvieron lugar en Venezuela el 2014 (muchas de ellas documentadas por un equipo de investigación de Amnistía Internacional) ya no podrán ser llevadas ante dicha corte*, tampoco los recientes hechos de expulsiones masivas en Táchira. Las posibles violaciones a los derechos humanos cometidas antes del 10 de septiembre de 2012 están cubiertas, pero a partir de ahí ya no lo están.

Lee la declaración pública de Amnistía Internacional "Decepcionante decisión: Venezuela abandona la jurisdicción de la Corte Interamericana"

Para muchos expertos y defensores de derechos humanos la situación es muy delicada, porque por un lado se trata de un espacio menos para conseguir justicia, pero por otra parte el interés de la ciudadanía al respecto no se corresponde con las dimensiones de lo que significa no contar con una herramienta tan importante en materia de justicia internacional, siendo la justicia venezolana tan poco eficiente. Dorialbys de la Rosa, del Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC), explicó el año pasado durante el foro “Corte Interamericana de Derechos Humanos, Última Esperanza de la Justicia” (organizado por Amnistía Internacional Venezuela), que la justicia en Venezuela tarda en promedio 12 años en dar respuesta a casos de derechos humanos y que la impunidad y las trabas en los procesos legales están a la orden del día, de ahí la necesidad de contar con espacios como la Corte Interamericana.

Cabe resaltar que Venezuela es el único país latinoamericano que ha denunciado la Convención.

Por ello y por otras razones, diferentes ONG han solicitado, durante el Examen Periódico de los Derechos Humanos en Venezuela en el marco del Sistema de las Naciones Unidas, el retorno del país a la jurisprudencia de la Corte Internamericana de los Derechos Humanos.

Por años, las decisiones de la Corte Interamericana sentaron las bases para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, mujeres, víctimas de desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial, dando respuesta a la necesidad de justicia, verdad y reparación de quienes han sido víctimas en la región. La Corte falló a favor de las víctimas en casos de Venezuela, obreros y trabajadores informales como las víctimas del Caracazo, personas privadas de libertad (Retén de Catia y medidas provisionales), víctimas de grupos parapoliciales de exterminio en poblados del interior del país, defensores de derechos humanos de la zona fronteriza de Machiques, como el caso del joven Joe Castillo y jóvenes y niños, víctimas de torturas y ejecuciones extrajudiciales como el caso de los hermanos Landaeta. 

Lee el artículo de la antropóloga Vivian Díaz "Corte IDH y los venezolanos"

Mientras defensores y defensoras de derechos humanos, así como activistas y organizaciones de la sociedad civil, siguen haciendo un llamado para que Venezuela regrese a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, las palabras del abogado Julio César Bermúdez a propósito de haberse cumplido un año de la salida de Venezuela de la Corte, siguen vigentes:

"No obstante los bloqueos y retos que fomentan  los gobiernos, se va a mantener la determinación en la búsqueda por justicia y reparación de las personas afectadas, con la que van a mover la justicia internacional. Las víctimas y Organizaciones de la Sociedad Civil van continuar denunciando, documentando y movilizándose por casos de violaciones a los derechos humanos en instancias como la Comisión Interamericana, que todavía pueden conocer y actuar sobre casos que ocurran en el país o ante el Sistema de Naciones Unidas, que por las limitaciones en el derecho al acceso a la Corte Interamericana, se abocarán cada vez más a conocer casos y situaciones sobre Venezuela.”

La Defensoría del Pueblo tiene que pronunciarse

El Subcomité de Acreditación del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, recomendó en el “Informe y recomendaciones del período de sesiones del Subcomité de Acreditación” realizadas en Ginebra, en marzo del año pasado, rebajarle a la Defensoría del Pueblo la acreditación como institución a “clase B” si en el plazo de un año a partir del momento en el que fueron realizadas, no toma una serie de acciones y se pronuncia en relación a cuestiones críticas de derechos humanos en Venezuela, entre ellas sobre el incumplimiento de las medidas de protección dictadas por la Corte Interamericana en nombre de víctimas de violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Dicha medida fue tomada.

Por Víctor Molina Valladares @amnistia