A seis meses del brutal asesinato de la activista medioambiental e indígena de Honduras, Berta Cáceres, Amnistía Internacional en compañía de su hija Berta Zúñiga realizaron una rueda de prensa en México para repudiar la falta de celeridad y seriedad por parte del gobierno hondureño para dar con los responsables de este terrible caso.

A seis meses del brutal asesinato de la activista medioambiental e indígena de Honduras, Berta Cáceres, Amnistía Internacional en compañía de su hija Berta Zúñiga realizaron una rueda de prensa en México para repudiar la falta de celeridad y seriedad por parte del gobierno hondureño para dar con los responsables de este terrible caso. 

Berta Zúñiga, hija de la activista asesinada, manifestó que la muerte de su madre representa un intento por detener la lucha del pueblo indígena Lenca para parar las construcciones hidroeléctricas que están afectando sus tierras y recursos ancestrales.

Denunció que a lo largo de estos meses tanto familiares de Berta como integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización que lideraba, han visto cómo la institucionalidad del Estado hondureño obstaculiza los procesos para esclarecer la verdad, a través de irregularidades en el proceso de investigación.

“Pese a las reiteradas solicitudes de familiares y representantes del COPINH, el Ministerio Público se ha negado a dar información sobre el avance en el caso de Berta, lo cual es una evidente falta de transparencia en la investigación”.

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El secretismo de la fiscalía se ampara en la excusa de evitar filtraciones de información, mientras a familiares y activistas medioambientales que trabajaban hombro a hombro con Berta les cuesta mucho más acceder a la justicia de su país y conocer cuánto ha avanzado el caso.

La fiscalía dice tener los nombres de quienes fueron los autores materiales, pero no se conoce las personas que pagaron para que se ejecutara este atroz homicidio.

Es tal el ocultamiento de la información, que la hija de la líder indígena denunció que en el mayo pasado fueron detenidos cuatro presuntos responsables, hecho que fue conocido por sus familiares a través de los medios de comunicación.

La falta de información además de dejar en una constante incertidumbre a quienes buscan la verdad sobre las causas y responsables de la muerte de Berta, los expone a potenciales represalias por parte de quienes están siendo investigados por la justicia hondureña. 

 

 

El pasado 28 de julio allegados a Berta se reunieron con la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida, representantes del Ministerio Público y el alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para establecer mesas de trabajo que les permitan participar en la investigación. “A más de un mes no tenemos respuesta de la propuesta por parte del Fiscal General, indicó Zúñiga.

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“Todas estas trabas nos hacen presumir que el asesinato de Berta quedará en impunidad y a seis meses de su partida no cesa nuestro convencimiento de que a Berta la mataron por su lucha”.

A pesar de las adversidades, exigen conocer a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Berta.

Por su parte, Érika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, denunció que el Estado de Honduras omite su responsabilidad de velar por los derechos humanos de quienes encabezan movimientos sociales a favor de grupos minoritarios, la tierra y el ambiente.

“Honduras es uno de los países que más concesiones les ha otorgado a empresas trasnacionales”.

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Manifestó que el sistema de justicia de honduras está más abocado a criminalizar a defensoras y defensores, que ha investigar la violencia y el acoso al que se enfrentan cada día por luchar por el respeto y reconocimiento de sus derechos y sus recursos naturales.

Es lamentable saber que en ese país priva el interés económico de estas empresas trasnacionales y el enriquecimiento de grupos minoritarios a través de la privatización y despojo del agua y las tierras indígenas.

Pareciera que esta deuda de justicia se debe a la pretensión de encubrir a los autores de este terrible homicidio, reiteró Guevara-Rosas.

Del mismo modo, denunció que Gustavo Castro fue el único testigo presencial de este asesinato y también sufrió agresiones por el sistema de justicia hondureño al ser detenido en contra de su voluntad y de manera ilegal por varias semanas. Ahora se encuentra refugiado en México.

Berta fue acribillada el pasado 3 de marzo dentro de su residencia ubicada en la localidad de La Esperanza, provincia de Intibucá, en el oeste de Honduras.

Amnistía Internacional este 1ro de septiembre publicó un nuevo informe titulado “Defendemos la tierra con nuestra sangre”, en el cual se muestra el aumento en la estigmatización, las amenazas, los ataques, los homicidios y la falta de justicia que enfrentan las personas y comunidades que luchan por proteger el medio ambiente frente a los proyectos en gran escala de minería, extracción de madera y producción de energía hidroeléctrica.

Para ver la rueda de prensa haz clic aquí.

POR DANIELA DAMIANO @AMNISTIA