La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es un organismo de alcance internacional que ofrece justicia a las personas que por una razón u otra no pudieron obtenerla en los tribunales de su propio país. Miles, dentro y fuera de Venezuela, han conseguido reparaciones integrales y que los culpables de crímenes que les hayan afectado, pagaran por sus actos. En su seno se han elaborado sentencias referentes a derecho a la vivienda, salud, no discriminación y no violencia, entre otros.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es un organismo de alcance internacional que ofrece justicia a las personas que por una razón u otra no pudieron obtenerla en los tribunales de su propio país. Miles, dentro y fuera de Venezuela, han conseguido reparaciones integrales y que los culpables de crímenes que les hayan afectado, pagaran por sus actos. En su seno se han elaborado sentencias referentes a derecho a la vivienda, salud, no discriminación y no violencia, entre otros.

Lamentablemente, el gobierno venezolano –y a pesar de que la Constitución explícitamente establece su alcance dentro de Venezuela –decidió deslindarse de la Corte IDH hace cuatro años, dejando a las venezolanas y a los venezolanos en vulnerabilidad en tanto el sistema de justicia nacional se caracteriza por sus retrasos, corrupción y falta de imparcialidad, según han venido denunciado diferentes organizaciones durante décadas. La razón para este deslindamiento pareciera ser la egoísta y miedosa resistencia de algunas autoridades a rendir cuentas, disfrazada de preocupación ante la pérdida de soberanía.

Sin embargo, la Corte IDH nunca ha sido una amenaza para gobierno alguno. Desde 1977 este organismo no ha hecho más que ayudar a las personas.

Para Liliana Ortega, directora ejecutiva del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), las denuncias empezaron a llegar a la Corte IDH por el retardo injustificado en las instancias de justicia venezolanas. “En la mayoría, hubo destrucción o manipulación de evidencia, hostigamiento a las víctimas sobrevivientes e investigaciones incompletas y/o incipientes”.

Haciendo un recorrido cronológico por la historia venezolana, encontramos la masacre de El Amparo, perpetrada en 1988 contra 14 pescadores por efectivos del Comando “José Antonio Páez” (CEJAP), en el sector conocido como Caño La Colorada, estado Apure[1].

Por este caso, la Corte IDH emitió sentencia por primera vez a favor de víctimas en Venezuela para que el gobierno investigara, sancionara a los responsables e indemnizara a las víctimas. Si bien los autores materiales de este múltiple asesinato nunca fueron declarados culpables a pesar de las continuas solicitudes que se han realizado hasta el presente especialmente por ONG venezolanas, la reparación a las y los familiares de las víctimas sí llegó. Estamos hablando en su mayoría de núcleos familiares cuyo proveedor había perdido cruelmente la vida, quedando sin recursos para subsistir.

A propósito de los acontecimientos que tuvieron lugar el 27 de febrero de 1989, hito en nuestra historia contemporánea denominado el Caracazo donde al menos 300 personas perdieron la vida, los casos de 45 víctimas fueron presentados ante la Corte IDH en 1991 puesto que los tribunales nacionales no movían un dedo por hacer justicia. Los familiares de estas víctimas también consiguieron reparaciones.

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Otro caso venezolano emblemático donde intervino la Corte IDH fue en la conocida masacre del Retén de Catia, donde 63 reclusos fueron asesinados después de presentarse una situación irregular dentro del centro de detención. En aquella oportunidad, efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Metropolitana hicieron un uso excesivo de la fuerza para controlar la situación. Algunos de los cuerpos de las víctimas mortales desaparecieron.

Sobre este crimen la Corte IDH estableció: Las acciones cumplidas por las autoridades venezolanas en el curso de la investigación de los hechos no han sido suficientes para el debido esclarecimiento de la verdad histórica, la determinación de responsabilidades y condena de los responsables de la masacre del Retén de Catia.[2]

Otros ejemplos que demuestra el trabajo de la corte IDH en casos venezolanos son el de las desapariciones forzadas de Vagas durante las lluvias que azotaron la región en 1999; el asesinato de 10 integrantes de la familia Barrios por agentes de la Policía de Aragua; la desincorporación ilegal en 2002 de María Cristina Reverón, quien fungía como jueza de Control de Caracas; entre otros.

La ciudadanía no sabe lo que ha perdido

Si bien es el Ejecutivo Nacional quien tiene la última palabra sobre regresar o no a la Corte, porque a fin de cuentas es quien dirige la política internacional del Estado, la sociedad civil también juega un papel en la exigencia del reconocimiento y respeto de sus derechos.

Sin embargo, para la representante de Cofavic, la ciudadanía en general aún no tiene pleno conocimiento sobre la importancia del amparo de la Corte IDH.

“Hoy día la sociedad venezolana tiene mayor información sobre los derechos humanos, sin embargo, es posible que aún no se tenga de manera general una clara conciencia del impacto de la denuncia de la Convención Americana”.

Ortega afirmó que una de las consecuencias más graves de estar fuera de este sistema de justicia es “una reducción alarmante en la tutela de las víctimas” en un país donde la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos puede ascender, según cifras oficiales, al 98%. Por ello, contar con la oportunidad de obtener una sentencia de la Corte Interamericana es una esperanza de justicia muy importante, manifestó.

Para que la gente esté enterada de que esta decisión menoscaba los derechos humanos de las venezolanas y venezolanos es importante que las organizaciones de la sociedad civil difundan masivamente el alcance de las sentencias ya dictadas por la Corte sobre Venezuela y los testimonios de las víctimas como beneficiarias de primer orden del tribunal interamericano.

“También, puede ser interesante dar a conocer dictámenes de otros países que tengan relevancia en el contexto país y que hayan generado un impacto regional, como la sentencia Campo Algodonero vs. México o la del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú”.

Es preciso regresar al amparo de la Corte IDH

Como hemos visto, la Corte IDH ha contribuido de buena manera para que se luche por encontrar la justicia y se repare de forma integral a las víctimas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos. Sin embargo, estos atributos que contribuyen en buena medida en la aplicación de la justicia no han sido valorados para replantear la urgente necesidad de regresar a la jurisdicción de la Corte, tal como ha recomendado en reiteradas ocasiones Amnistía Internacional.

El gobierno actual se ha dado a la tarea de satanizar las acciones del organismo en vez de educar a la población sobre el beneficio de ser parte de ella. Un acto que sin lugar a dudas se percibe como una actitud de rebeldía ante la mirada internacional.

Es vital apegarse al exhorto que le hizo la Corte IDH al gobierno nacional hace tres años, tras al momento de oficializarse la salida de Venezuela de su jurisprudencia: “La Comisión Interamericana hace un llamado a Venezuela a reconsiderar esta decisión. Ya que ella va en detrimento de la protección de los derechos de los y las habitantes de Venezuela, quienes pierden una instancia de protección de sus derechos humanos”.

Por Daniela Damiano @amnistia

Foto de Anton_Ivanov / Shutterstock.com