Este decreto, en el que nunca figura la palabra “voluntario” ni ninguno de sus derivados, está redactado en términos que permiten, en el contexto del ámbito agroalimentario, que cualquier persona trabajadora pueda ser constreñida a trabajar para el Estado, lo cual, según aseveró Amnistía Internacional, equivale a trabajo forzado. 

El viernes 22 de julio salió publicada en Gaceta Oficial la resolución N° 9855 mediante la cual el Ministerio del Poder Popular para El Proceso Social de Trabajo establece un nuevo régimen laboral “de carácter obligatorio” para contribuir “con el reimpulso productivo del sector agroalimentario” en el que “se deberá disponer de trabajadores y trabajadoras del sector público o privado”.

“Las entidades de trabajo del sector público y privado están obligadas a cumplir con el estricto imperio del presente acto administrativo, a tal efecto deberán proporcionar los trabajadores requeridos y las trabajadoras requeridas a objeto de aumentar la entidad de trabajo requiriente”.

“Los trabajadores requeridos y las trabajadoras requeridas, prestarán sus servicios en las entidades de trabajo requirientes o solicitantes, por el lapso de sesenta (60) días, prorrogables por igual tiempo.”

Este decreto, en el que nunca figura la palabra “voluntario” ni ninguno de sus derivados, está redactado en términos que permiten, en el contexto del ámbito agroalimentario, que cualquier persona trabajadora pueda ser constreñida a trabajar para el Estado, lo cual, según aseveró Amnistía Internacional, equivale a trabajo forzado. “El decreto en ningún momento considera un tema fundamental en el ejercicio de la libertad del trabajo que es el consentimiento y la voluntad de todo trabajador de decidir dónde, cómo y cuándo realiza una actividad remunerada”, declaró Carolina Jiménez Sandoval, Directora Adjunta para las Américas de la organización, quien espera que las autoridades reconsideren la medida.

Carlos Lusverti, del equipo de documentación de Amnistía Internacional Venezuela, explica que la resolución 9855 no solo “plantearía un quebrantamiento a la prohibición de esclavitud y servidumbre prevista en el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos” e ignoraría al Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales en lo tocante al “derecho a trabajar, en un trabajo libremente escogido o aceptado” –ambos suscritos por Venezuela –, sino que además “establece que la remuneración en la nueva empresa será la misma que corresponda en dicha empresa, es decir que si el trabajador percibía una remuneración más alta u otros beneficios en su empresa de origen, quedan suspendidos mientras dura el préstamo de trabajadores; esto puede calificarse de una desmejora o regresión en los derechos de los trabajadores protegidas por la Constitución.”

Marino Alvarado, también del equipo de documentación de Amnistía Internacional Venezuela, agrega que la resolución 9855 tampoco se encuentra en línea con la Nueva Declaración Sociolaboral del Mercosur que establece en su Artículo 8:

1. Toda persona tiene derecho a un trabajo libremente elegido y a ejercer cualquier oficio o profesión, de acuerdo con las disposiciones nacionales vigentes.

2. Los estados Partes se comprometen a adoptar las medidas necesarias para eliminar toda forma de trabajo forzoso u obligatorio exigido a un individuo bajo amenaza de sanción y para el cual no se haya ofrecido espontáneamente

3. Los Estados Parte se comprometen, así mismo, a adoptar medidas para garantizar la abolición de toda utilización de mano de obra que propicie, autorice, o tolere el trabajo forzoso u obligatorio.

La resolución 9855 está enmarcada en el Decreto de Excepción y Emergencia Económica, realizado por el Presidente Nicolás Maduro el 13 de mayo de este año, sobre el cual Amnistía Internacional ya había expresado preocupación al entender que ponía en riesgo los derechos humanos. Lo cierto es que, más allá de la dudosa legalidad de estas medidas, no parece que las mismas sean de verdad una solución creíble a la urgente necesidad de alimentos que padece Venezuela. “Intentar abordar la severa falta de alimentos en Venezuela forzando a la gente a trabajar en el campo es como intentar curar una pierna quebrada con una curita,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“El Nuevo decreto es completamente inútil en cuanto a encontrar formas para que Venezuela pueda salir de la crisis en la que ha estado sumergida por años. Las autoridades Venezolanas deben enfocarse en pedir y llevar de manera urgente la ayuda humanitaria que millones de personas necesitan en todo el país y desarrollar un proyecto efectivo a largo plazo para abordar esta crisis.”

Por diferentes motivos, Venezuela ha sido platonizada en el ámbito internacional debido a los significativos avances que se alcanzaron en materia de derechos económicos y sociales en el siglo XXI a favor de las personas más desfavorecidas. Sin embargo, la realidad que vivimos en estos momentos es el fin de ese sueño. Existe una crisis económica que se ha traducido en una crisis humanitaria, complicada además por un grave descontrol de armas. Lo peor de todo es que estamos lejos de tocar fondo porque el gobierno lejos de escuchar y tener el coraje de admitir la terrible dimensión de lo que pasa, ha adoptado una actitud testaruda en la que los derechos humanos son la última de sus prioridades, aplicando fórmulas antiguas de militarización y de choque que no han dado resultado en el pasado ni los darán ahora.