LIBERTAD PARA PERSONAS PRESAS DE CONCIENCIA EN VENEZUELA

Al menos cuatro personas defensoras de los derechos humanos se encuentran actualmente detenidas de forma arbitraria en Venezuela por el ejercicio legítimo de su actividad: Javier Tarazona, detenido en 2021; Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda. Estas personas son presas de conciencia y deben ser puestas en libertad de inmediato y sin condiciones. Pedimos a Nicolás Maduro que garantice que se las pone en libertad con carácter de urgencia y que, mientras estén bajo custodia del Estado, se protege su vida y su seguridad, así como su derecho a no sufrir tortura y las garantías de un juicio justo.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

Presidente de la República Nicolás Maduro

Palacio de Miraflores, 

Av. Nte. 10, Caracas 1012,

Caracas, Venezuela

Señor Nicolás Maduro:

Pedimos la libertad inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda. Estas cuatro personas son presas de conciencia, privadas de libertad únicamente haber defendido los derechos humanos, promoverlos y realizar actividades de educación sobre ellos. Nunca debieron ser detenidas y ahora sus vidas han cambiado para siempre.

Javier Tarazona es educador y director de la ONG FundaRedes. Lo detuvieron el 2 de julio de 2021 cuando trataba de informar ante el Ministerio Público el hostigamiento que sufría por parte de las autoridades. Rocío San Miguel es abogada y presidenta de la organización de la sociedad civil Control Ciudadano. La detuvieron el 9 de febrero de 2024 y sufrió una fractura de hombro mientras estaba detenida que requiere cirugía urgente y rehabilitación. Carlos Julio Rojas es periodista y organizador comunitario, detenido desde el 15 de abril de 2024 por manifestar preocupación por problemas que afectan a su comunidad. Kennedy Tejeda es un joven abogado y voluntario de Foro Penal. Lo detuvieron el 2 de agosto de 2024 cuando preguntaba por el paradero de dos hombres que supuestamente habían sido arrestados.

Estas cuatro personas, todas ellas presas de conciencia, han sufrido un sinfín de otras graves violaciones de derechos humanos, como desaparición forzada en los días posteriores a su detención, negación de defensa letrada de confianza, periodos de detención en régimen de incomunicación, negación de atención médica, y algunos han denunciado incluso haber sido sometidos a tortura.

Estos posibles crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos están siendo objeto de seguimiento y escrutinio individual por parte de los mecanismos internacionales de justicia y rendición de cuentas, incluida la Corte Penal Internacional.

El hostigamiento, las amenazas y la detención de defensores y defensoras de los derechos humanos, así como los ataques a la población civil en general, deben cesar de inmediato. La función de estas personas, en medio de la actual emergencia humanitaria y la crisis de derechos humanos, debe ser protegida y celebrada.

Pedimos la libertad inmediata e incondicional de Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda, y de cualquier otra víctima de detención arbitraria en Venezuela. Asimismo, solicitamos que, mientras estén bajo su custodia, estas personas disfruten de sus derechos a la vida y a la atención médica, no sean sometidas a tortura y gocen de todas las garantías procesales para estar plenamente protegidas.

Atentamente,

Información complementaria

La política de represión largamente ejercida por el gobierno de Nicolás Maduro para silenciar toda forma de disidencia o presunta disidencia alcanzó un máximo histórico tras las elecciones del 28 de julio de 2024, cuando más de 2.000 personas fueron detenidas arbitrariamente por motivos políticos, muchas de ellas acusadas de cargos aparentemente infundados de terrorismo e incitación al odio; entre ellas había grupos vulnerables como niños y niñas y personas con discapacidad. Según la organización local Foro Penal, a 17 de febrero de 2025, al menos 1.061 personas permanecían detenidas arbitrariamente por motivos políticos, entre ellas 121 mujeres, cuatro adolescentes y 58 cuya suerte y paradero se desconocen.

Dentro de esta política de represión, el gobierno ha acosado, procesado y censurado continuamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de la población venezolana en medio de una compleja emergencia humanitaria y una profunda crisis de derechos humanos que está obligando a cantidades sin precedentes de venezolanos y venezolanas a huir en busca de seguridad y protección. Hasta noviembre de 2024, más de 7,8 millones de personas habían huido del país.

Tal como ha denunciado reiteradamente Amnistía Internacional, las personas que defienden los derechos humanos en Venezuela corren un riesgo constante de sufrir acoso, ataques y detención arbitraria. El gobierno de Nicolás Maduro está actualmente emprendiendo varias iniciativas para controlar y silenciar a las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil. El proyecto de ley adoptado en agosto de 2024 con el título de “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro”, o denominado también “Ley anti-ONG”, impone estrictos controles que incluyen la entrega de listas de miembros y personal y sus bienes y listas de donantes y el registro de sus movimientos económicos. El incumplimiento de los requisitos de registro podría dar lugar al cierre de organizaciones de la sociedad civil y a posibles procesamientos penales. Las disposiciones del proyecto de ley empezaron a entrar en vigor en febrero de 2025.

Desde 2020, los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, de la ONU, han documentado exhaustivamente centenares de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014; además, han documentado la manera en que el sistema de justicia sirve como herramienta para la política de represión del gobierno, y han concluido que algunos de estos crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos constituyen crímenes de lesa humanidad. Específicamente en 2024, la Misión concluyó que tiene “motivos razonables para creer que el crimen de persecución por motivos políticos ha sido cometido durante el período cubierto por su mandato”.

Desde noviembre de 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está llevando a cabo una investigación penal sobre la situación en Venezuela, en concreto sobre los “[c]rímenes de lesa humanidad de privación de la libertad u otra privación grave de la libertad física (…); tortura (…); violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable (…); y persecución por motivos políticos contra personas detenidas (…), que fueron cometidos desde al menos abril de 2017, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y personas progubernamentales (o grupos denominados “colectivos”).

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: español. También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 26 de agosto de 2025 

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional en su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.