Las graves violaciones a los derechos humanos en El Salvador han alcanzado niveles alarmantes en el contexto del régimen de excepción, con más de 84.000 detenciones, muchas de ellas arbitrarias, y cientos de denuncias de torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia estatal.
En este escenario, el pasado 12 de febrero de 2025, la Asamblea Legislativa aprobó reformas que profundizan y facilitan la perpetuación de abusos generalizados de derechos humanos, especialmente de quienes aún no cumplen la mayoría de edad legal – 18 años –, tal como han documentado organizaciones de la sociedad civil y mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos.
Las modificaciones a la Ley Penitenciaria, la Ley Penal Juvenil y la Ley contra el Crimen Organizadoagravan las condiciones de las personas privadas de libertad y establecen un tratamiento penitenciario desproporcionado y punitivo particularmente para niños, niñas y adolescentes. Estas reformas consolidan la represión masiva sin salvaguardas adecuadas, lo que podría derivar en mayores violaciones de derechos humanos.
Al respecto, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló:
Con estas reformas, que entraron en vigor el pasado 22 de febrero, se institucionaliza la privación de libertad como única respuesta del Estado, incluso para la niñez, en flagrante violación a los estándares internacionales de derechos humanos
-Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
“Desde la imposición del régimen de excepción en marzo de 2022, el Gobierno de El Salvador ha desmantelado las garantías procesales y normalizado la detención masiva sin pruebas o indicios suficientes. Con estas reformas, que entraron en vigor el pasado 22 de febrero, se institucionaliza la privación de libertad como única respuesta del Estado, incluso para la niñez, en flagrante violación a los estándares internacionales de derechos humanos.”
“El uso del aparato legislativo para consolidar un modelo de represión sin controles demuestra que el régimen de excepción ya no es una medida temporal, sino una estrategia permanente de gobierno.”
Niñez tratada como adultos en un sistema punitivo
Desde la implementación del Régimen de Excepción en El Salvador, se ha reportado la detención de un número significativo de niños, niñas y adolescentes. Organizaciones de derechos humanos han señalado que más de 1,000 niños, niñas y adolescentes han sido condenados, principalmente por el delito de agrupaciones ilícitas, bajo procesos marcados por falta de pruebas suficientes, presiones para declararse culpables y condiciones inhumanas de reclusión.
Las reformas a la Ley Penal Juvenil ahora permitirán el traslado de adolescentes condenados por delitos de crimen organizado a centros penitenciarios para adultos, bajo la administración de la Dirección General de Centros Penales, en violación directa de los estándares internacionales. Tanto la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) como las Reglas de Beijing establecen que la niñez en conflicto con la ley debe recibir un trato diferenciado y orientado a la rehabilitación, no a la simple reclusión punitiva.
Además, la Ley Penitenciaria permitirá la creación de sectores especiales dentro de cárceles para los menores de 18 de edad y los adultos hasta 21 años, sin garantizar un régimen adecuado de protección y reinserción. La simple separación etaria no protege contra la violencia, el abuso ni garantiza acceso a educación y programas de rehabilitación.
“Con estas reformas, el Estado salvadoreño está condenando a adolescentes a un sistema penitenciario diseñado para adultos, en el cual ya se han documentado torturas, hacinamiento extremo y la muerte bajo custodia de más de 300 personas. En lugar de garantizar su protección y reinserción, las autoridades están exponiendo a la niñez y adolescencia a condiciones inhumanas que pueden constituir tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
“En lugar de garantizar su protección y reinserción, las autoridades están exponiendo a la niñez y adolescencia a condiciones inhumanas que pueden constituir tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”
-Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional
La privación de libertad debe ser la última opción y solo en circunstancias excepcionales, tal como lo establecen los estándares internacionales. Estas reformas contradicen directamente este principio, poniendo en riesgo la seguridad de miles de jóvenes en el país.
Endurecimiento de penas
Asimismo, las reformas a la Ley del Crimen Organizado eliminan el acceso a beneficios penitenciarios, como la libertad condicional, para personas condenadas por delitos contenidos en esta legislación, ya sean menores de 18 años o personas adultas. Esto socava la posibilidad de resocialización, en contradicción con las Reglas de Mandela y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Las modificaciones a la legislación penitenciaria consolidan un modelo de encarcelamiento basado en el castigo y la represión, sin mecanismos efectivos de supervisión judicial. En lugar de garantizar justicia, estas reformas refuerzan las violaciones al debido proceso que ya venían cometiendo y aumentan el riesgo de tortura y tratos inhumanos en los centros de detención.”
Llamado urgente a la comunidad internacional
Amnistía Internacional reitera su llamado a que las autoridades salvadoreñas permitan el acceso de organismos internacionales de derechos humanos a los centros penitenciarios, y que la comunidad internacional impulse mecanismos de monitoreo independiente para documentar la crisis penitenciaria en el país.
El Salvador debe revertir urgentemente estas reformas y garantizar que su sistema penitenciario cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos. El encarcelamiento masivo y el debilitamiento de la legislación que garantiza la protección de los derechos de la población no pueden ser la base de la política de seguridad en el país.