VENEZUELA: UN DEFENSOR LIBRE, CUATRO CONTINÚAN EN PRISIÓN

El 16 de enero de 2025, Carlos Correa, reconocido defensor de los derechos humanos, fue puesto en libertad tras haber sido detenido arbitrariamente el 7 de enero. Durante ocho días se desconocieron su suerte y su paradero. Nunca debería haber sido detenido ni criminalizado por su trabajo, como tampoco deberían haberlo sido otros tres defensores y una defensora que se encuentran detenidos arbitrariamente a causa de su activismo en Venezuela: Javier Tarazona, Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas y Kennedy Tejeda. Pedimos a Nicolás Maduro que garantice la libertad inmediata e incondicional de estas personas y que, mientras estén bajo custodia del Estado, proteja su vida y su seguridad, su derecho a no sufrir tortura y sus garantías procesales.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

Señor Nicolás Maduro:

Presidente de la República Nicolás Maduro

Palacio de Miraflores, Av. Nte. 10, Caracas 1012,

Caracas, Venezuela

Tomamos nota de la liberación de Carlos Correa y aplaudimos que ya no esté detenido injustamente. No obstante, eso no cambia el hecho de que fuera detenido arbitrariamente por defender los derechos humanos en Venezuela, y que durante ocho días se desconocieran su suerte y su paradero, un hecho que resulta sumamente alarmante. Los informes que indican que está siendo sometido a procesamiento penal resultan también preocupantes, y pedimos que se retiren de inmediato todos los cargos en su contra.

Su liberación debe venir seguida de la liberación inmediata de todos los demás defensores y defensoras de los derechos humanos detenidos. Hay, al menos, otros tres defensores y una defensora que permanecen detenidos arbitrariamente: Javier Tarazona desde el 2 de julio de 2021, Rocío San Miguel desde el 9 de febrero de 2024, Carlos Julio Rojas desde el 15 de abril de 2024, y Kennedy Tejeda desde el 2 de agosto de 2024. También son inaceptables los informes sobre negación de asistencia médica adecuada a las personas detenidas. Por ejemplo, Rocío San Miguel requiere una compleja cirugía y rehabilitación por una lesión sufrida hace meses, mientras estaba bajo custodia. Tiene derecho a recibir atención médica, tratamiento y supervisión por parte de médicos de su confianza.

El hostigamiento, las amenazas y la detención de defensores y defensoras de los derechos humanos, así como los ataques a la población civil en general, deben cesar de inmediato. La función de estas personas, en medio de la actual emergencia humanitaria y la crisis de derechos humanos, debe ser protegida y celebrada.

Mientras en el país siguen cometiéndose impunemente crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos, recordamos a las autoridades que están siendo observadas y examinadas tanto individualmente como a nivel estatal por mecanismos internacionales de rendición de cuentas.

Pedimos la liberación inmediata e incondicional de todos los defensores y defensoras de derechos humanos detenidos injustamente en Venezuela y que, mientras estén bajo su custodia, estas personas disfruten de sus derechos a la vida y a la atención médica, no sean sometidas a tortura y gocen de todas las garantías procesales para estar plenamente protegidas.

Atentamente,

[NOMBRE]

INFORMACIÓN ADICIONAL

Carlos Correa, director de la ONG venezolana Espacio Público, fue interceptado en las calles del centro de Caracas el 7 de enero de 2025 hacia las cinco de la tarde por unos individuos encapuchados vestidos de negro y fue llevado a un lugar desconocido. Esta es una manera de proceder utilizada habitualmente por las fuerzas de seguridad del Estado cuando detienen arbitrariamente y hacen desaparecer a personas consideradas una amenaza para el gobierno de Nicolás Maduro, incluidas personas que defienden los derechos humanos. La suerte del detenido se desconoció hasta el 15 de enero, cuando un fiscal informó a la esposa de Carlos de que éste estaba de hecho detenido y se suponía que había comparecido ante un juez el 9 de enero. El fiscal se negó a facilitarle a la esposa información sobre el paradero de Carlos Correa, bajo la custodia de quién estaba recluido o de qué cargos se le acusaba. También se negó a informarla de la salud y la integridad física de su esposo. Carlos Correa fue puesto en libertad el 16 de febrero de madrugada.

Tal como ha denunciado reiteradamente Amnistía Internacional, las personas que defienden los derechos humanos en Venezuela corren un riesgo constante de sufrir acoso, ataques y detención arbitraria. El defensor de los derechos humanos, preso de conciencia y director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, permanece detenido y está siendo procesado solamente por defender los derechos humanos desde el 2 de julio de 2021. Rocío San Miguel,abogada de prestigio nacional e internacional, profesora y defensora de los derechos humanos, fue detenida arbitrariamente en Venezuela el 9 de febrero de 2024, estuvo en paradero desconocido hasta el 15 de febrero de ese año y permanece detenida injustamente. Carlos Julio Rojas es un periodista y activista detenido arbitrariamente el 15 de abril de 2024, al parecer por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que también permanece detenido injustamente por su activismo. Kennedy Tejeda, joven abogado y activista de derechos humanos que pertenece a la renombrada ONG Foro Penal, fue detenido arbitrariamente en el estado de Carabobo el 2 de agosto de 2024 cuando trataba de ofrecer asistencia jurídica gratuita a otras víctimas de detención arbitraria. Mientras todos ellos permanecen privados arbitrariamente de su libertad, también son sometidos a procedimientos penales infundados y sufren graves violaciones de su derecho a un juicio justo.

La política de represión largamente ejercida por el gobierno de Nicolás Maduro para silenciar toda forma de disidencia o presunta disidencia alcanzó un máximo histórico tras las elecciones del 28 de julio de 2024, cuando más de 2.000 personas fueron detenidas arbitrariamente por motivos políticos, muchas de ellas acusadas de cargos aparentemente infundados de terrorismo e incitación al odio; entre ellas había grupos vulnerables como niños y niñas y personas con discapacidad. Dentro de esta política de represión, el gobierno ha acosado, procesado y censurado continuamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de la población venezolana en medio de una compleja emergencia humanitaria y una profunda crisis de derechos humanos que está obligando a cantidades sin precedentes de venezolanos y venezolanas a huir en busca de seguridad y protección. Hasta noviembre de 2024, más de 7,8 millones de personas habían huido del país.

El gobierno de Nicolás Maduro está actualmente emprendiendo varias iniciativas para controlar y silenciar a las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil. El proyecto de ley adoptado en agosto de 2024 con el título de “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro”, o denominado también “Ley anti-ONG”, impone estrictos controles que incluyen la entrega de listas de miembros y personal y sus bienes y listas de donantes y el registro de sus movimientos económicos. El incumplimiento de los requisitos de registro podría dar lugar al cierre de organizaciones de la sociedad civil y a posibles procesamientos penales. Está previsto que las disposiciones del proyecto de ley entren en vigor en febrero de 2025.

Desde 2020, los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, de la ONU, han documentado exhaustivamente centenares de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014; además, han documentado la manera en que el sistema de justicia sirve como herramienta para la política de represión del gobierno, y han concluido que algunos de estos crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos constituyen crímenes de lesa humanidad. Específicamente en 2024, la Misión concluyó que tiene “motivos razonables para creer que el crimen de persecución por motivos políticos ha sido cometido durante el período cubierto por su mandato”.

Desde noviembre de 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está llevando a cabo una investigación penal sobre la situación en Venezuela, en concreto sobre los “[c]rímenes de lesa humanidad de privación de la libertad u otra privación grave de la libertad física (…); tortura (…); violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable (…); y persecución por motivos políticos contra personas detenidas (…), que fueron cometidos desde al menos abril de 2017, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y personas progubernamentales (o grupos denominados “colectivos”).

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: español.

También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 15 de julio de 2025

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional en su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Personas venezolanas que defienden los derechos humanos (no aplicable)

ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/8909/2025/es/