VENEZUELA: PAREN DE PERSEGUIR A ONG

Desde noviembre de 2024, las autoridades venezolanas han aumentado sus ataques contra PROVEA, una reconocida ONG que defiende los derechos humanos en el país. Si bien un alto funcionario del gobierno los amenazó directamente en un programa de televisión unas semanas antes, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) emitió una citación a Oscar Murillo, coordinador general de PROVEA, para que preste declaración en un caso de un presunto delito en virtud de la muy controvertida ‘ley del odio’. Llamamos a las autoridades a que cesen de inmediato todas las represalias y amenaza

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

Presidente de la República Nicolás Maduro

Palacio de Miraflores, Av. Nte. 10, Caracas 1012,

Caracas, Venezuela 

         Presidente Nicolás Maduro, Le escribo con una grave preocupación por los ataques y amenazas que se ciernen sobre PROVEA y su Coordinador General, Oscar Murillo. Hemos registrado cómo algunos representantes del gobierno han atacado a PROVEA en medios de comunicación, lo cual les pone en alto riesgo de sufrir persecución y otras violaciones de derechos humanos. Asimismo, tuvimos conocimiento de la citación emitida por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) a Oscar Murillo, por “la comisión de un delito contemplado en la Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia.”

      Las organizaciones defensoras de derechos humanos y sus integrantes deben ser protegidas y su labor debe ser garantizada por el Estado. Cualquier temor de represalias o criminalización de sus labores atenta contra el derecho a defender sus derechos y los de las demás personas. Le solicitamos que se desista de represalias y ataques contra PROVEA y se garantice que las personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer su labor de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos.

Cordialmente.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La organización PROVEA ha trabajado incansablemente para exponer y denunciar las graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro a lo largo de los años. Recientemente, PROVEA denunció la muerte del opositor político Edwin Santos, quien fue encontrado muerto el 25 de octubre de 2024 luego de ser detenido por sujetos encapuchados. Aunque el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) emitió un comunicado público argumentando que su muerte se produjo por un accidente de tránsito, numerosas organizaciones de la sociedad civil señalaron que podría tratarse de una ejecución extrajudicial a manos del Estado, ya que se desconocía su paradero y su familia había denunciado su detención y desaparición.

Estos hechos recientes, sumados al largo historial de denuncias contra el gobierno de Nicolás Maduro por parte de PROVEA, generan serias preocupaciones ante una posible detención inminente de Óscar Murillo, debido a la práctica generalizada de detenciones arbitrarias contra defensores de derechos humanos y disidentes políticos, que alcanzó un pico histórico tras las elecciones del 28 de julio que iniciaron una nueva oleada de represión con más de 2.000 personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, muchas de ellas acusadas de cargos aparentemente infundados de terrorismo e incitación al odio, incluidos grupos vulnerables como niñas, niños y personas que viven con discapacidad. Como Amnistía Internacional ha denunciado reiteradamente, las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela corren un riesgo constante de acoso, ataques y detención.

El defensor de derechos humanos, preso de conciencia y director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, permanece detenido y procesado por defender los derechos humanos desde julio de 2021. Pedimos su liberación inmediata e incondicional. Otras personas defensoras de derechos humanos como Rocío San Miguel, Carlos Julio Rojas, Edward Ocáriz, Henry Gómez y Kennedy Tejeda también se encuentran privados arbitrariamente de su libertad y sometidos a procesos penales infundados por defender los derechos humanos. El gobierno de Nicolás Maduro ha acosado, procesado y censurado continuamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de las personas venezolanas en medio de una emergencia humanitaria compleja y una profunda crisis de derechos humanos que está haciendo que las personas huyan de Venezuela en cantidades sin precedentes en busca de seguridad y protección. Hasta noviembre de 2024, más de 7,8 millones de personas habían huido del país. Actualmente, el gobierno de Nicolás Maduro está impulsando varias iniciativas para controlar y silenciar a las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil. El proyecto de ley recientemente aprobado con el nombre “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro”, comúnmente llamada ‘ley anti-ONG’, les impone estrictos controles que incluyen la entrega de listas de miembros y personal y sus activos, listas de donantes y registro de movimientos financieros.

El incumplimiento de los requisitos de registro podría dar lugar al cierre de las organizaciones de la sociedad civil y posibles procesos penales. Por el momento, el proyecto de ley ha sido aprobado por el Congreso, pero aún no ha entrado en vigor. Desde 2020, varios informes de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela han documentado exhaustivamente cientos de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014, así como las formas en que el sistema de justicia sirve como herramienta para la política de represión del gobierno, y han concluido que estas graves violaciones de los derechos humanos pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Desde noviembre de 2021, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional lleva a cabo una investigación penal sobre la situación en Venezuela, específicamente sobre los “[c]rímenes de lesa humanidad de privación de la libertad u otra privación grave de la libertad física (…); tortura (…); violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable (…); y la persecución por motivos políticos contra personas detenidas (…), cometidas al menos desde abril de 2017, por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y personas afines al gobierno (o grupos denominados “colectivos”).

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: español También pueden escribir en su propio idioma. ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 30 de enero de 2025. Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada. 

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: PROVEA (ellas y ellos)

Fotografía: Pixabay