Los sucesivos gobiernos iraquíes no han garantizado justicia, verdad y reparación por la letal represión de las protestas de Tishreen, que tuvieron lugar en octubre de 2019 y se saldaron con la muerte y la desaparición de cientos de manifestantes y miles de personas heridas, ha declarado hoy Amnistía Internacional, en vísperas del quinto aniversario de las protestas, en las que cientos de miles de iraquíes en todo el país pidieron reformas económicas y el fin de la corrupción.
En un nuevo informe, titulado “We hold them responsible for the blood of our youth” (“Consideramos que son responsables de la sangre de nuestros jóvenes”), se presenta la larga lista de promesas incumplidas que las autoridades iraníes han hecho a las víctimas de la represión de las protestas de octubre de 2019. El informe revela un alarmante panorama de negligencia e impunidad, con escasos intentos de ofrecer un grado de justicia adecuado frente a la magnitud de las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional cometidos durante y después de las protestas que tuvieron lugar en todo el país en octubre de 2019, incluido el uso excesivo e ilegítimo de fuerza letal por parte de la policía antidisturbios, las fuerzas antiterroristas y los miembros de las Unidades de Movilización Popular (UMP).
“El quinto aniversario de las protestas de Tishreen, que se extendieron por todo el país, es un claro recordatorio de la arraigada impunidad que sigue existiendo, unida a la falta de voluntad política por parte de las autoridades iraquíes para garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas, las personas sobrevivientes y sus familias por los crímenes de derecho internacional y otras graves violaciones de los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad y las milicias afines durante las protestas y después de éstas”, ha declarado Aya Majzoub, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Las autoridades iraquíes deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar que haya investigaciones independientes, imparciales y transparentes, que incluyan a quienes puedan haber planeado u ordenado crímenes cometidos desde 2019 contra manifestantes, activistas y sus familias, así como para asegurar la protección de testigos y de familias que hacen campaña por la justicia. Deben crear una base de datos nacional para proporcionar datos fiables sobre la identidad de las personas desaparecidas, como recomendó el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, y garantizar que el proyecto de ley sobre desapariciones forzadas, actualmente en el Parlamento, se ajuste al derecho y las normas internacionales. Los miembros de la comunidad internacional, en virtud del principio de jurisdicción universal, también deben llevar a cabo investigaciones penales sobre los crímenes cometidos por las autoridades iraquíes.”
En 2.700 investigaciones penales abiertas, sólo se han dictado 10 órdenes de arresto contra presuntos perpetradores, y sólo ha habido siete sentencias condenatorias, según el análisis realizado por Amnistía Internacional de la información de los tribunales iraquíes que el Consejo Judicial Supremo de Irak proporcionó a la organización en agosto de 2024. Seis casos de gran repercusión relacionados con las violaciones ocurridas durante las protestas de Tishreen que Amnistía Internacional examinó, subrayan las graves deficiencias del sistema judicial, la injerencia política en la labor de la judicatura, la falta de voluntad para exigir responsabilidades a los poderosos miembros de las fuerzas de seguridad y las milicias afines, y la total falta de transparencia que rodea los procedimientos judiciales. Estos casos también demuestran el grave riesgo que afrontan los testigos y los familiares de las víctimas que buscan justicia.
El quinto aniversario de las protestas de Tishreen, que se extendieron por todo el país, es un claro recordatorio de la arraigada impunidad que sigue existiendo, unida a la falta de voluntad política por parte de las autoridades iraquíes para garantizar justicia, verdad y reparación […]
Aya Majzoub, Amnistía Internacional
La violenta represión de las protestas, que Amnistía Internacional documentó sistemáticamente, vino acompañada de una campaña de intimidación, secuestros y asesinatos de personas destacadas del movimiento de protesta o que buscaban justicia por los abusos perpetrados.
En lugar de hacer un verdadero esfuerzo para involucrar a la sociedad civil en las reformas, asegurar la rendición de cuentas y evitar futuras violaciones, el gobierno ha adoptado nuevas medidas que reducen aún más el espacio de la sociedad civil. El 9 de mayo de 2023, se volvió a presentar en el Parlamento un proyecto de ley que regula la libertad de expresión y de reunión pacífica y que, de aprobarse, reduciría significativamente los derechos a la libertad de expresión y otorgaría en la práctica poderes ilimitados a las autoridades para prohibir todas las protestas. En el momento en que se redacta este documento, el Parlamento debate un proyecto de ley sobre la regulación de las ONG. Dirigentes de la sociedad civil que han tenido acceso a versiones filtradas del proyecto de ley en 2024 expresaron su alarma ante unas disposiciones que permitirían disolver las ONG sin necesidad de una orden judicial. Trabajadores y trabajadoras de la sociedad civil dijeron a Amnistía Internacional que el motivo de estas restricciones es “el temor a otro Tishreen”, que se conjura aplicando medidas para evitar futuros levantamientos y reprimir la disidencia, en lugar de abordar las reivindicaciones legítimas por las que la población iraquí se echó a la calle en 2019.
Amnistía Internacional entrevistó a 56 personas para este informe: supervivientes, testigos y familiares de las personas asesinadas, así como defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales de la abogacía y trabajadoras y trabajadores de la sociedad civil. También solicitó información al gobierno iraquí y analizó documentos judiciales, informes médicos, artículos periodísticos y publicaciones de las redes sociales con relación a incidentes concretos.
En los últimos cinco años, las autoridades iraquíes han creado numerosas comisiones para investigar asesinatos e intentos de asesinato, desapariciones y lesiones de manifestantes y activistas. Sin embargo, se mantiene el hermetismo respecto a sus resultados, integrantes, presupuestos y ámbito de competencia. Pocos meses después de ocupar su cargo en octubre de 2022, el primer ministro Mohammed Shia al Sudani ordenó a la comisión de investigación creada por el entonces primer ministro Al Kadhimi que acelerara su labor, y prometió que los resultados de las investigaciones se presentarían en una conferencia pública, algo que todavía no ha ocurrido.
Al menos nueve personas entrevistadas por Amnistía Internacional pronunciaron una frase que se ha convertido en habitual para describir a esas comisiones: “Si quieres acabar con una causa, crea una comisión”.
Una mujer que participó en las protestas de Bagdad afirmó: “Consideramos que [las autoridades] son responsables de la sangre de los jóvenes que hemos perdido, derramada en estas calles. Pero al gobierno no le importa”.
Muchas familias de las víctimas se han visto obligadas a guardar silencio o han sido reubicadas tras sufrir intimidaciones y represalias por hablar públicamente, sin que las autoridades hicieran nada para protegerlas. En un caso, mataron a los familiares de personas asesinadas o desaparecidas sólo por exigir públicamente justicia y señalar a los presuntos responsables penales.
En otro, Sajjad al Iraqi, destacado activista de la sociedad civil y figura influyente en las protestas de Tishreen, fue secuestrado por un grupo de hombres armados cuando viajaba por la gobernación de Thi Qar, en septiembre de 2020. Sus familiares, que preguntaron a las autoridades cuál era su paradero sin recibir ninguna respuesta sustancial, fueron sometidos a numerosas amenazas tras interponer una demanda judicial contra los presuntos autores de su desaparición.
Un familiar dijo a Amnistía Internacional: “El caso de Sajjad es el más peligroso, porque los acusados son conocidos y se saben sus nombres […] Quieren que abandonemos el caso.”
Un tribunal de apelación emitió órdenes de detención contra dos personas en relación con el secuestro, que posteriormente fueron condenadas a muerte in absentia, aunque hasta la fecha ninguna ha sido detenida y la suerte y el paradero de Al Iraqi siguen sin conocerse.
Al menos 504 familias recibieron una indemnización por la muerte de sus seres queridos durante las protestas de Tishreen, según una carta enviada por el gabinete del primer ministro a Amnistía Internacional el 2 de abril de 2023, después de que el gobierno los reconociera como “mártires”, lo que les daba derecho a recibir un pago único a través de la Fundación de los Mártires.
Sin embargo, las personas que resultaron heridas o quedaron discapacitadas durante las protestas siguen enfrentándose a importantes obstáculos para acceder a estos fondos.
Algunas personas que participaron en las protestas y resultaron heridas o quedaron discapacitadas afirmaron que la falta de accesibilidad de los edificios oficiales que tenían que visitar, así como la duración y la dificultad del proceso, que exige recorrer como mínimo cinco organismos oficiales, las ha disuadido de solicitar indemnizaciones.
Otro obstáculo burocrático importante: para solicitar una indemnización, las personas heridas en las manifestaciones tenían que presentar el informe hospitalario emitido cuando se había producido la lesión. Algunas dijeron que en ese momento se habían mostrado reacias a buscar atención médica por temor a ser detenidas por las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional documentó casos de detenciones o intentos de detención en hospitales y ambulancias de manifestantes que habían participado en las manifestaciones de 2019, lo cual hizo que muchas personas heridas huyeran en vez de buscar ayuda médica.
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