En respuesta a la sentencia judicial dictada hoy en apoyo de la petición de las víctimas y sus familias para que se presente una querella contra las personas funcionarias presuntamente responsables de la mortífera dispersión de una protesta en Tak Bai que tuvo lugar en 2004, Chanatip Tatiyakaroonwong, investigador sobre Tailandia de Amnistía Internacional, ha declarado:
“La decisión judicial de hoy es un primer paso importante para hacer justicia, con amplio retraso, a las víctimas del uso fuerza excesiva por parte de los cuerpos de seguridad tailandeses para dispersar la protesta de Tak Bai. Las víctimas y sus seres queridos han pasado casi dos decenios esperando justicia y rendición de cuentas por los atroces crímenes cometidos”.
“Las autoridades tailandesas deben aplicar de inmediato la decisión judicial y adoptar las medidas necesarias para garantizar que los hechos no prescriban. Las autoridades deben garantizar el acceso a la justicia y a recursos efectivos para las víctimas y sus familias. La verdad sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante el incidente de Tak Bai debe tener reconocimiento oficial.”
El Tribunal Provincial de Narathiwat ha fallado hoy a favor de una petición de las víctimas y sus familias para que se presente una demanda penal contra las personas funcionarias presuntamente responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la protesta de Tak Bai, entre ellas mandos militares y policiales que ya no están en activo. El Tribunal ha determinado que existen fundamentos de derecho para presentar una querella por los delitos de asesinato y detención ilegal contra siete de las nueve personas demandadas por las víctimas y sus familias.
Los hechos prescribirán el 25 de octubre de 2024. Después de la decisión judicial dictada hoy, al menos una de las personas acusadas debe comparecer ante el tribunal y reconocer la demanda para que comience la causa; así lo establece el artículo 95 del Código Penal tailandés, que regula la prescripción de los delitos penales.
El 25 de octubre de 2004, más de 2.000 manifestantes se congregaron ante a la comisaría policial de Tak Bai, en la provincia de Narathiwat (una de las provincias fronterizas del sur de Tailandia), para exigir la liberación de seis hombres musulmanes malayos que, según se creía, estaban detenidos de forma arbitraria por las autoridades tailandesas.
Las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno, cañones de agua y munición real, y mataron en el acto a siete manifestantes, cinco de los cuales recibieron disparos en la cabeza. Después de la represión, aproximadamente 1.370 hombres musulmanes malayos detenidos fueron trasladados al campamento militar de Ingkayut Borihan, en la provincia Pattani, a 150 kilómetros de distancia. Obligados a tumbarse unos encima de otros en camiones del ejército, 78 hombres murieron por aplastamiento o asfixia en el camino. Muchos sobrevivientes sufrieron lesiones graves y quedaron discapacitados de forma permanente.
Un comité independiente de investigación, establecido por el gobierno de aquel momento, condenó el uso de fuerza excesiva y el mal criterio aplicados en el traslado de los detenidos. A pesar de la indemnización ofrecida a las víctimas, ninguna persona funcionaria identificada por el comité ha comparecido ante la justicia.
En octubre de 2023, Amnistía Internacional emitió una declaración pública sobre las consecuencias de la inacción de las autoridades tailandesas a la hora de impartir justicia para las víctimas de la violenta represión de la protesta de Tak Bai y sus familias.
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