A lo largo de 2024, las autoridades kuwaitíes han intensificado la represión de las personas críticas, encausándolas e imponiéndoles penas de prisión únicamente por sus discursos o escritos y despojándolas de la nacionalidad, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
En los últimos seis meses, las autoridades kuwaitíes han encarcelado arbitrariamente al menos a siete personas por expresar públicamente sus puntos de vista y opiniones, han despojado de la nacionalidad kuwaití a al menos nueve personas y han emprendido procesado a un candidato parlamentario por criticar el sistema de gobierno. Esta oleada de represión ha venido acompañada de la decisión del emir Meshal Al Sabah el 10 de mayo de 2024 de disolver el Parlamento recién elegido y suspender el gobierno parlamentario y las elecciones durante un periodo de hasta cuatro años.
“El aumento de los enjuiciamientos de activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros del Parlamento por sus declaraciones críticas sobre el gobierno demuestra que las autoridades kuwaitíes están intensificando la represión de los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión”, ha afirmado Devin Kenney, investigador de Amnistía Internacional sobre Kuwait.
“Las autoridades kuwaitíes deben poner fin de inmediato a esta escalofriante oleada de represión. Ninguna persona debe ser enjuiciada o encarcelada simplemente por criticar al gobierno. Las autoridades deben poner en libertad de inmediato a todas las personas recluidas únicamente por ejercer de manera pacífica sus derechos humanos, así como retirar los cargos que pesan contra ellas.”
Las autoridades kuwaitíes deben poner fin de inmediato a esta escalofriante oleada de represión. Ninguna persona debe ser enjuiciada o encarcelada simplemente por criticar al gobierno.
Devin Kenney, investigador sobre Kuwait
El 25 de enero de 2024, un tribunal kuwaití condenó a Anwar Hayati a cuatro años de prisión en virtud de la Ley de Seguridad del Estado, debido a unos comentarios en línea que las autoridades consideraron insultantes para el emir y para Arabia Saudí. Los cargos se basaron en siete publicaciones en la red social X (antes Twitter) en las que Anwar Hayati afirmaba que la familia real había robado dinero público y mencionaba el hecho histórico de que Kuwait había sido atacado desde territorio saudí en 1920. Las autoridades se negaron a entregar el acta de acusación formal y el expediente a su abogado durante el juicio.
Anwar Hayati había sido citado previamente en septiembre de 2023 por la Fiscalía tras una denuncia del aparato de Seguridad del Estado de que había faltado al respeto a la familia real. Ese mismo día salió del país y desde entonces reside en el exilio en Europa.
El 31 de enero de 2024, un tribunal kuwaití condenó al activista apátrida Mohammad al Bargash a tres años de prisión por criticar las políticas del gobierno hacia la población apátrida (bidun) de Kuwait. Anteriormente, en agosto de 2022, se le habían impuesto una multa y una condena de un año de prisión por organizar una serie de sentadas pacíficas en favor de los derechos de la población bidun. Estos encausamientos vulneran su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Amnistía Internacional considera que Mohammad al Bargash es preso de conciencia y ha pedido en repetidas ocasiones a las autoridades kuwaitíes que lo pongan en libertad de forma inmediata y sin condiciones.
El 19 de febrero de 2024, un tribunal kuwaití condenó al activista Abdullah Fairouz y a Fuhaid al Ajami, redactor jefe de la empresa de medios de comunicación kuwaití TfTeeeSH, a cinco años de prisión en una “causa de seguridad del Estado” por unas declaraciones que Abdullah Fairouz había realizado en una entrevista con TfTeeeSH en 2022. En la entrevista, que se ha eliminado de Internet, Abdullah afirmaba que el Ministerio del Interior de Kuwait había trabajado con una empresa israelí, lo que infringía la legislación kuwaití. Las autoridades arrestaron a Abdullah el 29 de enero de 2024 y el tribunal de primera instancia ordenó su expulsión de Kuwait una vez cumplida la pena de cárcel, porque su padre es kuwaití y su madre, egipcia. Abdullah ya había sido encarcelado anteriormente —del 4 de noviembre de 2013 al 22 de septiembre de 2021— por comentarios en línea críticos con el emir.
Fuhaid al Ajami fue condenado a prisión en la misma causa, aunque un tribunal de apelación anuló su declaración de culpabilidad y lo excarceló a principios de junio, al cabo de tres meses en la cárcel. El tribunal de apelación también redujo la pena de prisión de Abdullah Fairouz a tres años.
El emir de Kuwait emitió en 2024 tres decretos que despojaban de la nacionalidad al menos a nueve hombres kuwaitíes y, en el caso de cuatro de ellos, a sus hijos y esposas. Las órdenes no mencionan la razón de la desposesión. Al menos una de las personas privadas de la nacionalidad había criticado a Kuwait y a otros gobiernos del Golfo Pérsico en Internet, y parece que al menos a tres se les había concedido la nacionalidad en los últimos dos decenios. “Las autoridades kuwaitíes continúan tratando la nacionalidad como un privilegio que conceden o niegan arbitrariamente a los kuwaitíes en función de sus opiniones políticas”, dijo Devin Kenney.
“El derecho a la nacionalidad es un derecho humano muy básico, y el hecho de que no se respete y garantice puede causar estragos vitales, como muy bien sabe la población apátrida nativa de Kuwait, los bidun“.
Desde que el emir disolvió el Parlamento el 10 de mayo de 2024, las autoridades kuwaitíes han interpuesto acciones judiciales contra cinco políticos kuwaitíes, a los que han acusado de criticar el sistema de gobierno del país.
En un caso, el 22 de mayo de 2024, un tribunal kuwaití condenó al candidato parlamentario Mesaed al Quraifah a cuatro años de prisión por criticar al gobierno de Kuwait y la participación de la familia Al Sabah en la política en un discurso electoral.
Ésta es la tercera vez en la historia del Estado de Kuwait que el emir ha eliminado el gobierno parlamentario, tras haberlo hecho anteriormente entre 1976 y 1981, y de 1986 a 1992. En su orden más reciente, el emir disolvió la Asamblea Nacional, que acababa de ser elegida a principios de abril y debía celebrar su primer pleno el 14 de mayo, y suspendió los artículos de la Constitución que determinan la obligatoriedad de una asamblea legislativa elegida. La orden establece que esta suspensión puede permanecer en vigor durante un periodo de hasta cuatro años.
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