Las autoridades de hecho huzíes deben poner en libertad de manera inmediata e incondicional a cinco miembros de la comunidad bahaí que llevan casi un año detenidos arbitrariamente sin cargos en Saná como parte de la persecución continuada de personas de la fe religiosa bahaí. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, entre la preocupación de que los hombres en cuestión puedan correr peligro de sufrir nuevas violaciones de derechos humanos, entre ellas tortura y otros malos tratos.
El 25 de mayo de 2023, las fuerzas armadas huzíes irrumpieron en una reunión pacífica de bahaíes que se celebraba en una residencia privada en Saná y detuvieron arbitrariamente a 17 personas, entre ellas 5 mujeres. Estas personas fueron víctimas de desaparición forzada durante unos cuatro meses, hasta que sus familias supieron que estaban recluidas en centros de detención de seguridad e inteligencia dirigidos por huzíes en Saná. Entre junio y diciembre de 2023, 12 personas, incluidas las 5 mujeres, fueron puestas en libertad a causa de las presiones internacionales. Sin embargo, cinco hombres permanecen detenidos arbitrariamente y privados de su derecho a asistencia letrada.
Entre los cinco bahaíes que continúan detenidos arbitrariamente se encuentran dos trabajadores humanitarios —Abdul’elah Muhammad al-Boni, de 30 años, y Hassan Tariq Thabet Al-Zakari, de 28– y un activista de derechos humanos: Abdullah al-Olofi, de 45 años. Los otros dos son Muhammad Bashir Abdel Jalil, de 25 años, e Ibrahim Ahmad Jo’eil, de 49.
“Es completamente inaceptable que se ataque y encierre a personas simplemente por ejercer sus derechos y practicar su religión y sus creencias. La implacable persecución de miembros de la comunidad bahaí se ha llevado a cabo durante demasiado tiempo con total impunidad. Es hora de que termine esta parodia de justicia”, ha manifestado Diala Haidar, investigadora de Amnistía Internacional sobre Yemen.
“Las autoridades huzíes deben poner fin inmediatamente a todo tipo de discriminación y persecución contra la minoría bahaí y contra cualquier otra persona que sea atacada exclusivamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de religión y de creencia. Se debe permitir que las personas bahaíes y miembros de otras religiones minoritarias practiquen libremente su religión sin discriminación ni represalias.”
Según fuentes dignas de crédito, los huzíes exigieron un aval y el pago de una “garantía comercial” como condición para poner en libertad a los 12 bahaíes detenidos. Como requisito previo para la liberación, algunas de las personas liberadas fueron obligadas a firmar compromisos en los que denunciaban su religión, lo que constituye una flagrante violación de su derecho a la libertad de religión y de creencias.
Los huzíes son muy conscientes del impacto de su discurso de odio, pero siguen incitando vergonzosamente a la violencia contra los bahaíes y otras minorías religiosas.
Diala Haidar, Amnistía Internacional
En un incidente diferente ocurrido en 2020, los huzíes liberaron a otros seis bahaíes después de unos seis años de detención arbitraria, con la condición de que se marcharan al exilio, cosa que hicieron. Obligar a la gente a exiliarse por motivos religiosos o por oposición política constituye una flagrante violación del derecho internacional de los derechos humanos.
La detención de bahaíes a causa de su fe viola las obligaciones contraídas por Yemen en virtud del derecho internacional, y forma parte de una represión más amplia de las minorías por parte de las autoridades huzíes que Amnistía Internacional lleva documentando desde 2015. En varias ocasiones, las autoridades públicas han incitado en discursos públicos a la violencia y la discriminación contra la comunidad bahaí.
Semanas antes de la detención arbitraria de las 17 personas bahaíes, Abdel Malek al-Huthi, líder de los huzíes, renovó en un discurso sus ataques contra las minorías religiosas, incluida la bahaí, a las que acusó de conspirar para destruir el islam.
El 2 de junio de 2023, el gran muftí afiliado a los huzíes en Saná atacó en su sermón del viernes a la comunidad bahaí de Yemen, a la que acusó de intentar dañar al país, e incitó a la violencia contra ella.
“Los huzíes son muy conscientes del impacto de su discurso de odio, pero siguen incitando vergonzosamente a la violencia contra los bahaíes y otras minorías religiosas”, ha manifestado Diala Haidar.
“El gobierno reconocido internacionalmente también debe respetar sus obligaciones internacionales y garantizar la protección de las minorías religiosas. Debe derogar las leyes que violan los derechos humanos a la libertad de pensamiento, conciencia y religión y a la libertad de expresión.”
Yemen es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que garantiza el derecho de todas las personas a tener o adoptar la religión o las creencias que elijan, y a practicar su religión “individual o colectivamente, tanto en público como en privado”.
Desde 2015, Amnistía Internacional ha documentado los casos de al menos 100 personas de la fe bahaí en Yemen, a quienes las autoridades de hecho huzíes han detenido y sometido a desaparición forzada, detención en régimen de incomunicación y torturas y malos tratos, además de negarles el derecho a un juicio justo.
En agosto de 2016, las autoridades huzíes irrumpieron en un acto comunitario juvenil pacífico bahaí en Saná y detuvieron arbitrariamente a 65 personas, entre ellas 14 mujeres y 6 niños y niñas.
En septiembre de 2018, 24 personas bahaíes se enfrentaron a cargos falsos, incluido el de espionaje para Estados extranjeros, en procedimientos flagrantemente injustos. Ese mismo año, en el mes de enero, las autoridades huzíes condenaron a muerte a Hamid Haydara, preso de conciencia bahaí de 52 años, por presunta colaboración con Israel y falsificación de documentos oficiales. Esta condena se dictó cuando Hamid Haydara llevaba detenido desde diciembre de 2013 en un proceso defectuoso que incluyó cargos falsos, un juicio injusto y denuncias creíbles de que había sufrido tortura y otros malos tratos.
La comunidad bahaí también sufrió persecución a causa de su fe antes del actual conflicto armado, bajo el gobierno del expresidente Ali Abdullah Saleh.
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