El Estado marroquí no está cumpliendo su obligación de garantizar unos servicios de salud sexual y reproductiva accesibles, asequibles y de calidad, incluidos servicios de aborto, lo que aboca a mujeres y niñas a situaciones peligrosas y viola sus derechos humanos; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
El nuevo informe, titulado My life is ruined: The need to decriminalize abortion in Morocco, documenta las consecuencias ruinosas de la penalización del aborto en Marruecos, incluso en los casos de embarazo resultante de una violación. Ante la amenaza de cárcel, muchas recurren a métodos clandestinos y peligrosos para interrumpir el embarazo. Las que no lo consiguen son coaccionadas para llevar el embarazo a término y corren el riesgo adicional de ser procesadas en aplicación de las leyes que penalizan las relaciones sexuales fuera del matrimonio, lo que agrava la exclusión social y la pobreza, todo ello mientras soportan las dolorosas secuelas de sus intentos fallidos de aborto.
El informe contiene entrevistas a 33 mujeres que intentaron abortar, así como entrevistas adicionales a representantes de ONG marroquíes que trabajan sobre los derechos de las mujeres y a profesionales del derecho y de la medicina. A pesar de que enviamos cartas a las autoridades marroquíes en marzo y noviembre de 2023 y, de nuevo, en enero de 2024 para presentar las conclusiones del informe y solicitar su respuesta al informe, en el momento de la publicación no se había recibido ninguna respuesta. El informe acompaña a una campaña para reclamar la despenalización del aborto en Marruecos.
“Ningún Estado debe dictar decisiones sobre el embarazo ni privar a mujeres y niñas de servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, incluidos servicios de aborto, a los que tienen derecho en virtud del derecho internacional. Las leyes, políticas y prácticas discriminatorias de Marruecos niegan a las mujeres su derecho a una toma de decisiones autónoma y perpetúan un clima social que obliga a mujeres y niñas a llevar a término su embarazo a pesar de las consecuencias y fomenta la violencia, la pobreza y la discriminación sistémica de género”, ha afirmado Amjad Yamin, director regional adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
Ningún Estado debe dictar decisiones sobre el embarazo ni privar a mujeres y niñas de servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, incluidos servicios de aborto, a los que tienen derecho en virtud del derecho internacional.
Amjad Yamin, Amnistía Internacional
“Organizaciones marroquíes llevan años pidiendo a las autoridades del país que despenalicen el aborto y garanticen que ninguna embarazada sufre malos tratos, humillación, degradación o riesgo de sanción penal o exclusión social por acceder o intentar acceder a servicios de aborto. El informe y la campaña se basan en estos esfuerzos y reiteran que, con arreglo al derecho internacional, toda persona que necesite servicios de aborto debe poder acceder a ellos, con respeto a su intimidad y a la confidencialidad, y con su consentimiento informado. Deben garantizarse unos servicios integrales de salud sexual y reproductiva que sean asequibles y accesibles para todas las personas, especialmente las que tienen ingresos bajos o viven en la pobreza, en todo el sistema de salud pública.”
El Código Penal marroquí prohíbe el aborto si no lo practica un médico o cirujano autorizado y si no se considera imprescindible para proteger la vida o la salud de la embarazada. Quienes intentan o consiguen abortar pueden enfrentarse a penas de seis meses a dos años de prisión, además de multas, y a una pena adicional de prisión con arreglo a las disposiciones que castigan las relaciones sexuales fuera del matrimonio.
La legislación que prohíbe difundir información relacionada con el aborto restringe aún más el acceso a unos recursos médicos esenciales e incapacita a las mujeres para tomar decisiones informadas sobre sus embarazos. “Incitar al aborto” por cualquier medio, incluso a través del discurso público o la distribución de materiales relacionados, conlleva pena de hasta dos años de prisión o multas.
¿Qué podemos hacer como profesionales de la medicina? Nada. No podemos ayudar a las mujeres. Tenemos las manos atadas. Es frustrante no poder dar a las mujeres la ayuda que necesitan.
Médico entrevistado en Marruecos por Amnistía Internacional
El personal médico que practica abortos al margen de la ley se expone a perder su licencia. Los proveedores, cuando son citados como testigos, deben declarar y revelar información sobre las operaciones de aborto en su conocimiento, sin respetar la confidencialidad de la paciente.
Estas restricciones, sumadas a la ausencia de directrices o protocolos médicos sobre la provisión del aborto legal, dejan a muchas mujeres sin una vía segura y legal para abortar.
Un médico dijo a Amnistía Internacional: “¿Qué podemos hacer como profesionales de la medicina? Nada. No podemos ayudar a las mujeres. Tenemos las manos atadas. Es frustrante no poder dar a las mujeres la ayuda que necesitan.”
Con frecuencia, las mujeres no tienen otra salida que buscar en secreto unos servicios de aborto no regulados, inseguros y normalmente caros. Nos contaron que han recurrido a múltiples métodos peligrosos, como uso indebido de fármacos, ingesta de mezclas químicas peligrosas y hasta violencia física, autoinfligida o de terceras personas. Algunas mujeres han llegado incluso a intentar quitarse la vida. Cuatro mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional necesitaron tratamiento hospitalario por graves complicaciones de salud resultantes de sus intentos de autoinducción inseguros.
Farah (nombre ficticio para proteger su identidad) fue violada por un compañero mientras estaba inconsciente debido a un coma diabético. Dos meses después descubrió que estaba embarazada y acudió a un ginecólogo en busca de ayuda, quien se negó a practicarle un aborto. Su jefe la apartó de su puesto para evitar posibles daños a la reputación de su negocio si ella era procesada por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Farah intentó interrumpir ella misma su embarazo pero al final se vio obligada a llevarlo a término, a pesar de las lesiones y la infección que sufría. Contó lo siguiente a Amnistía Internacional:
“Tomé toda clase de hierbas y bebedizos para abortar. Compré hierbas a un herborista, bebí las infusiones, tuve dolores insoportables y vomité. Sentí que se me desgarraban los intestinos, pero no aborté. Una vez fui a mi habitación, me desnudé, me metí un palo largo por la vagina y lo giré en todas direcciones, pero sólo conseguí hacerme una herida terrible y un dolor insoportable […] Durante más de cinco meses lo intenté todo, sin resultado. Hasta pensé en suicidarme.”
La respuesta insuficiente de Marruecos a la violencia contra las mujeres fomenta una cultura de impunidad y permite actuar libremente a los perpetradores de violación, acoso sexual y violencia de género dentro de la pareja. Diez mujeres contaron a Amnistía Internacional que se habían quedado embarazadas tras ser violadas por un desconocido, un vecino, su novio o su esposo. Las penas que establece el Código Penal para las relaciones sexuales entre personas no casadas merman las posibilidades de acceder a un recurso efectivo para las víctimas de violación.
Las mujeres de Marruecos deben poder ejercer sus derechos sexuales y reproductivos mediante el acceso a información y servicios integrales de salud sexual y reproductiva, incluidos métodos anticonceptivos modernos y servicios de aborto sin riesgos.
Saida Kouzzi, socia fundadora de Mobilising for Rights Associates, asociados de campaña de Amnistía Internacional
La penalización y el estigma del aborto en Marruecos también afectan a las mujeres que sufren un embarazo involuntario o no deseado por falta de acceso o fallos en métodos anticonceptivos o por carencias económicas.
“Las mujeres de Marruecos deben poder ejercer sus derechos sexuales y reproductivos mediante el acceso a información y servicios integrales de salud sexual y reproductiva, incluidos métodos anticonceptivos modernos y servicios de aborto sin riesgos”, ha afirmado Saida Kouzzi, socia fundadora de Mobilising for Rights Associates, asociados de campaña de Amnistía Internacional.
El Código Penal marroquí castiga con penas de entre un mes y un año de prisión las relaciones sexuales entre personas no casadas, y de entre uno y dos años el adulterio. Esto no sólo conduce a la exclusión social, sino que además agrava la exclusión económica de las mujeres obligadas a llevar a término su embarazo. Las mujeres que han sido encarceladas por estos delitos y tienen antecedentes penales también se enfrentan a barreras y estigmas adicionales a la hora de buscar empleo y suelen ser objeto de aislamiento social.
Ouiam (nombre ficticio para proteger su identidad), viuda con un hijo, fue encarcelada por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. También intentó sin éxito provocarse un aborto. Según cuenta:
“Al ser madre y no estar casada, vivo aterrorizada en mi pueblo, nadie habla conmigo […] La gente del pueblo me trata peor que nunca.”
Varias mujeres entrevistadas contaron que habían sido insultadas, agredidas o víctimas de abusos sexuales durante su experiencia de abortar.
Los hijos e hijas de mujeres no casadas que se han visto obligadas a llevar su embarazo a término carecen de identidad legal ya que la legislación sólo reconoce la filiación paterna dentro del matrimonio. El Código de Familia niega a estos niños y niñas el derecho a llevar el apellido de su padre biológico y a recibir apoyo económico o herencia, abocándolos a la pobreza y la discriminación. Además, el Código de Estado Civil no garantiza a las mujeres solteras el derecho a recibir el libro de familia, imprescindible para el registro de los nacimientos y para obtener los documentos oficiales de acceso a servicios básicos como la asistencia médica y jurídica, la educación y las prestaciones sociales.
“Las mujeres valientes que cuentan su triste historia en este informe inspiran y demandan acción. Ya es hora de que las autoridades marroquíes antepongan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y rompan el silencio y la inacción del Estado en torno al aborto. Deben adoptar con urgencia leyes que protejan la autonomía y los derechos reproductivos, despenalicen el aborto y garanticen igualdad de acceso a una asistencia médica integral, que incluya servicios de aborto sin riesgos para todas las mujeres y niñas”, ha afirmado Stephanie Willman Bordat, socia fundadora de Mobilising for Rights Associates, asociados de campaña de Amnistía Internacional.
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