Los miembros de la oposición política Jaouhar Ben Mbarek, Khayyam Turki, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Ridha Belhaj y Abdelhamid Jelassi permanecen detenidos arbitrariamente desde febrero de 2023 por cargos infundados de “conspiración contra la seguridad del Estado”. En enero de 2024, un juez rechazó los últimos recursos presentados por el Comité de Defensa de los Presos Políticos contra la prolongada detención previa al juicio de los seis detenidos. El tribunal antiterrorista de Túnez los está investigando por intentar “cambiar la naturaleza del Estado”, en virtud del artículo 72 del Código Penal, que dispone la pena de muerte. Pedimos a las autoridades tunecinas que los pongan en libertad inmediata e incondicional y retiren los cargos contra ellos, pues las acusaciones se derivan del ejercicio pacífico de sus derechos humanos.
ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO
Presidente de la República
President of the Republic, Kais Saied
Route de la Goulette,
Site archéologique de Carthage, Túnez
Correo-e: contact@carthage.tn
Twitter: @TnPresidency
Señor Presidente:
Me dirijo a usted para expresarle mi honda preocupación por la prolongada detención arbitraria de las figuras de la oposición Jaouhar Ben Mbarek, Khayyam Turki, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Ridha Belhaj y Abdelhamid Jelassi por acusaciones infundadas de “conspiración”. Más de un año después de arrestarlos, las autoridades no los han liberado de su detención arbitraria. En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, todas las personas tienen derecho a la libertad. Además, la presunción de inocencia es uno de los requisitos del derecho a un juicio justo (artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 7 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos).
Desde su arresto en febrero de 2023, ninguno de los detenidos ha sido interrogado en relación con actos que constituyan delitos reconocibles de derecho internacional, por lo que los cargos contra ellos carecen de fundamento. Se los interrogó sobre las relaciones que mantienen entre sí y también con la diplomacia extranjera, así como sobre las reuniones que celebran en común y los mensajes que intercambian sobre la situación política en Túnez. Su procesamiento vulnera los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 9 y 11 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que garantizan el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Túnez ha ratificado ambos tratados de derechos humanos.
A pesar de haber conseguido la libertad en julio de 2023, a la activista y el activista políticos Chaima Issa y Lazhar Akremi —quienes pasaron casi cinco meses en detención arbitraria en el mismo caso— les han prohibido viajar y “aparecer en espacios públicos”.
Por tanto, lo insto a garantizar que Jaouhar Ben Mbarek, Khayyam Turki, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Ridha Belhaj y Abdelhamid Jelassi sean liberados inmediatamente de su detención arbitraria. Le pido también que garantice que las restricciones impuestas a Chaima Issa y Lazhar Akremi se levantan inmediatamente, y que se retiran todos los cargos en su contra, pues se derivan únicamente del ejercicio pacífico de sus derechos humanos. En espera de que se libere a los detenidos, garantice que éstos tienen acceso a servicios de atención de la salud adecuados, conformes con la ética médica, incluidos los principios de confidencialidad, autonomía y consentimiento informado. Además, le pido que ponga fin a la detención selectiva de personas que critican a las autoridades y que son detenidas por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
Atentamente,
Información complementaria
Desde febrero de 2023, las autoridades tunecinas han abierto investigaciones penales contra al menos 50 personas por acusaciones infundadas de conspiración. Amnistía Internacional ha documentado los casos de 8, de las que 6 están actualmente detenidas en relación con esta investigación, entre ellas el político Khayyam Turki, detenido el 11 de febrero; el disidente y político Abdelhamid Jelassi, detenido el 12 de febrero; el activista de la oposición Issam Chebbi, detenido el 22 de febrero; el activista de la oposición Jaouhar Ben Mbarek, detenido el 24 de febrero, y, por último, los abogados Ghazi Chaouachi y Ridha Belhaj, detenidos el 25 de febrero. La destacada figura de la oposición Chaima Issa, detenida el 22 de febrero, y el disidente Lazhar Akremi, detenido el 13 de febrero, fueron puestos en libertad provisional el 13 de julio de 2023 tras casi cinco meses de detención arbitraria.
El 12 de febrero de 2024, los seis detenidos se declararon en huelga de hambre para protestar por su detención arbitraria. Dos de ellos tuvieron que abandonarla por motivos de salud, pero Khayyam Turki, Abdelhamid Jelassi, Issam Chebbi y Jaouhar Ben Mbarek siguieron con ella hasta el 27 de febrero. Según el abogado de derechos humanos y miembro del Comité de Defensa de los Presos Políticos Ayachi Hammami, la salud de los detenidos se ha deteriorado. Es la segunda vez que esto sucede. Ya habían estado en huelga de hambre desde el 26 de septiembre hasta el 12 de octubre de 2023 por razones similares y tuvieron que abandonarla por problemas de salud.
A los ocho acusados se los investiga en relación con cargos falsos de conspiración en virtud de 10 disposiciones del Código Penal tunecino, incluido el artículo 72, que dispone la pena de muerte por intentar “cambiar la naturaleza del Estado”. También se enfrentan a varios cargos en virtud de 17 artículos de la ley antiterrorista de 2015, entre ellos el 32, que dispone hasta 20 años de prisión por “formar una organización terrorista”. El juez y el Tribunal de Apelación de Túnez inicialmente rechazaron las peticiones de los abogados de liberar de la detención preventiva a los ocho sospechosos. Sin embargo, en julio, el tribunal puso en libertad a Chaima Issa y Lazhar Akremi y les prohibió viajar al extranjero y “aparecer en lugares públicos”. El tribunal prolongó la detención preventiva de los seis restantes, citando la necesidad de “garantizar el buen curso de la investigación”.
En octubre de 2023, el abogado de derechos humanos Ayachi Hammami, que está siendo investigado en la misma causa por acusaciones similares a la de sus clientes detenidos, fue citado por el juez instructor para ser interrogado. En octubre de 2023, las autoridades también abrieron procedimientos judiciales aparte contra los abogados Dalila Msaddek Ben Mbarek e Islam Hamza, ambos miembros del Comité de Defensa de los Presos Políticos, por comentarios públicos que habían hecho sobre el caso en programas de radio. Ambos están siendo investigados por “difundir noticias falsas”, en virtud del represivo Decreto-Ley 54 contra la ciberdelincuencia. Desde el comienzo de la investigación en febrero de 2023, las autoridades judiciales han citado al menos a otros 42 activistas políticos, miembros de la oposición, empresarios, exmiembros del Parlamento, profesionales de la abogacía, personas defensoras de los derechos humanos y exagentes de seguridad para la investigación del mismo caso.
El 14 de febrero de 2023, Volker Turk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó su preocupación por la entonces reciente oleada de detenciones de figuras de la sociedad civil y supuestos opositores, así como por los ataques constantes de las autoridades tunecinas al poder judicial. La portavocía del alto comisionado mencionó específicamente los procedimientos judiciales iniciados contra “supuestos opositores políticos” a quienes se había acusado de “conspiración contra la seguridad del Estado”. El alto comisionado pidió a las autoridades tunecinas que “respeten las garantías procesales y las normas sobre juicios justos en todos los procedimientos judiciales y pongan de inmediato en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente, incluidas las detenidas en relación con el ejercicio de sus derechos a la libertad de opinión o de expresión”. El 22 de febrero de 2023, el presidente Saied declaró que cualquiera que “se atreviera a exonerar” lo que él describía como “redes criminales” era, en definitiva, “cómplice”. Esta declaración, unida a la destitución arbitraria de 57 jueces y juezas en 2022, ha contribuido a generar un clima cada vez más intimidatorio en el poder judicial.
El 25 de julio de 2021, el presidente Saied reclamó amplios poderes excepcionales que, según él, le otorgaba la Constitución de Túnez de 2014. Desde que se hizo con el poder, el presidente Saied ha disuelto el Parlamento de Túnez, ha emitido decretos-leyes que amenazan derechos humanos como el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica, ha supervisado la redacción de una nueva Constitución y ha tratado de reforzar su influencia sobre el poder judicial. El 1 de junio de 2022, el presidente Saied destituyó arbitrariamente a 57 jueces y juezas a los que acusó de actos tales como no investigar casos relacionados con el terrorismo, cometer adulterio o celebrar fiestas en las que se consumía alcohol. El Ministerio de Justicia se ha negado a cumplir una resolución del Tribunal Administrativo de Túnez según la cual debía restituir en su cargo a 49 de ellos.
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Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.
NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Chaima Issa (femenino), Lazhar Akremi, Jaouhar Ben Mbarek, Khayyam Turki, Issam Chebbi, Ghazi Chaouachi, Ridha Belhaj y Abdelhamid Jelassi (masculino)
ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/mde30/7273/2023/es/
Tags: TÚNEZ, DERECHOS HUMANOS, SEGURIDAD HUMANA.