“SIEMPRE ESTAMOS EN ALERTA”: QUIENES DEFIENDEN EL DERECHO AL ABORTO DESAFÍAN CADA VEZ MÁS RIESGOS

Por Lisa Maracani y Josefina Salomón*.

Una mañana de 2022, mientras caminaba por el pasillo principal de una de las clínicas donde trabaja en Bogotá, la capital de Colombia, una compañera la paró y la zarandeó delante de todos, gritándole: “¡Por favor, deja de hacer abortos!”. La doctora Gil dice que la gente se limitó a mirar lo que ocurría, pero nadie hizo nada. Los jefes de la clínica no tomaron ninguna medida contra la persona que la acosó, quien también trabajaba en ese centro médico.

“Imagina si eso le hubiera pasado a una profesional de otra especialidad. Nadie va a zarandear a una cardióloga por ayudar a una paciente. A mí esas situaciones no me afectan, pero sí son incomodas”, afirma la doctora Gil, que también es activista de derechos humanos, y Presidenta del Comité Aborto Seguro de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia.

En los últimos 24 años, ella ha prestado servicios de aborto en toda Colombia, y ha formado a jóvenes profesionales en servicios de salud sexual y reproductiva. También es uno de los rostros del movimiento detrás de una sentencia histórica de la Corte Constitucional de Colombia que despenalizó el aborto en febrero de 2022.

Aunque América Latina ha logrado grandes avances para garantizar el acceso al aborto en países como Colombia, Argentina y México, muchos otros siguen aplicando prohibiciones totales o limitándolo gravemente. Incluso allí donde se ha despenalizado, siguen existiendo muchas barreras, sobre todo para las mujeres marginadas. Al mismo tiempo, han aumentado las agresiones contra quienes facilitan estos servicios.

“En Colombia asistimos a acosos, señalamientos con insultos y calumnias a las personas que practican abortos, y aislamiento de las personas en su lugar de trabajo. Siempre tenemos que estar en alerta porque las amenazas son constantes”, explica la Dra. Gil. 

“A una amiga, por ejemplo, le pincharon las llantas del carro, a otra le pegaron el candado con pegante para que no pudiera abrir su locker. A una compañera, que es psiquiatra y habló por una paciente que estaba pidiendo una interrupción de un embarazo porque había riesgo para su salud, una colega le pegó con una carpeta. Creo que todos esos tratos y situaciones parten de pensar que las personas que hacen abortos tienen un estatus moral menor”.

Si bien existe una tendencia progresiva hacia la despenalización del aborto en todo el mundo, este sigue estando penalizado y fuertemente regulado en gran parte del mundo, con prohibiciones totales en 22 países. Allí donde se han logrado avances, los grupos activistas antiaborto trabajan activamente para revertirlos con campañas bien dotadas de recursos, a menudo basadas en narrativas tóxicas y desinformación, que consiguen obtener respaldo político.

En este contexto, las personas que defienden el derecho al aborto o prestan servicios de salud sexual y reproductiva están sometidas a una presión cada vez mayor, según un informe de Amnistía Internacional.

Decenas de profesionales de la salud dijeron a la organización de derechos humanos que sufren estigmatización, agresiones físicas y verbales, intimidación, y amenazas de forma regular, y que son criminalizados mediante procesamientos, investigaciones y detenciones injustas.

Personas que trabajan en áreas como planeación familiar, ginecología, obstetricia, y partería, y que proveen o facilitan el acceso al aborto, afirmaron que a menudo se ven aisladas, agredidas o acosadas en sus lugares de trabajo, lo que lleva a muchas de ellas a denunciar un grave agotamiento.

El doctor Guillermo Ortíz es obstetra en El Salvador, donde el aborto está prohibido en todas las circunstancias, y varias mujeres están en prisión injustamente acusadas de haber provocado su aborto. El doctor Ortíz sufrió acoso por haber hecho incidencia para salvar la vida de Beatriz, una mujer con embarazo de alto riesgo, ayudándola a interrumpirlo en 2013.

En Colombia asistimos a acosos, señalamientos con insultos y calumnias a las personas que practican abortos, y aislamiento de las personas en su lugar de trabajo. Siempre tenemos que estar en alerta porque las amenazas son constantes.

Dra. Laura Gil

“En lo personal, viví una situación bastante difícil de ataques, de estigmatización, incluso a mi familia, por tratar de ofrecerle un tratamiento a una joven que a todas luces tenía que recibirlo. Eso me estigmatizó de forma personal”, asegura este médico. “Luego me quitan de la jefatura [del departamento de obstetricia]. Luego me postulaba para otros cargos, no me tomaban en cuenta. […] Fue un momento muy duro, una situación muy difícil”, añade.

En Estados Unidos, donde los activistas antiaborto se manifiestan regularmente frente a clínicas que prestan servicios de salud reproductiva, la defensora de derechos humanos Grace Howard describió una escena aterradora, pero habitual: “El hecho de que el médico lleve un chaleco antibalas y empuñe un arma mientras te practica el aborto… lo hace por los manifestantes que están fuera y que conocen la dirección de su casa. Eso es una locura y nunca debería pasar. Es muy intenso y aterrador”.

Carolina Castillo, activista del norte de México, nos habló de los ataques que ha recibido por defender el acceso de las mujeres a abortos seguros: “Trabajamos en un estado muy conservador. Nuestro trabajo es estigmatizado a causa de la información falsa y equivocada que difunden las autoridades. He recibido amenazas y me han sometido a vigilancia, de modo que hemos aprendido a trabajar pasando desapercibidos por nuestra protección. No estamos haciendo nada malo, simplemente tratamos de prestar apoyo y facilitar los derechos humanos y la justicia social. Es absurdo que suframos represalias por algo que debería estar haciendo el Estado”, explica.

“Los ataques contra quienes proveen abortos, que son defensores y defensoras de derechos humanos, son un motivo de preocupación importante y creciente, tanto por la seguridad de los proveedores como por cómo afecta a la disponibilidad de servicios de aborto que salvan vidas. La ecuación es sencilla: cuantas menos personas ofrezcan estos servicios, más peligro habr para las pacientes”, dijo Guadalupe Marengo, directora del equipo global de Personas Defensoras de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

Los ataques contra quienes proveen abortos, que son defensores y defensoras de derechos humanos, son un motivo de preocupación importante y creciente, tanto por la seguridad de los proveedores como por cómo afecta a la disponibilidad de servicios de aborto que salvan vidas. La ecuación es sencilla: cuantas menos personas ofrezcan estos servicios, más peligro habr para las pacientes

Guadalupe Marengo, directora del equipo global de Personas Defensoras de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional

La doctora Gil asegura que entornos de trabajo más seguros para las profesionales de la salud y la disponibilidad de personal con formación adecuada son factores determinantes para garantizar que los servicios de aborto que salvan vidas sean accesibles a quienes los necesitan.

“En Latinoamérica el estigma frena todos los esfuerzos para implementar la ley. Aún dentro de Colombia, por ejemplo, en los pueblos el acceso es mucho más difícil, entre otras cosas porque se pierde el anonimato. Las prestadoras de servicio corren mayor riesgo con el estigma social, de perder pacientes, de ser señaladas”, explica la médica.

Aparte de su trabajo como prestadora de servicios, la doctora Gil también forma a jóvenes profesionales en servicios de aborto. Le preocupa que los niveles de acoso contra el personal sanitario disuadan a otras personas de querer aprender cómo practicar abortos, lo que, a su vez, pondrá en peligro a más mujeres.

“¿Para qué vas a luchar contra el estigma y el desprestigio si puedes dedicarte a una especialización con la que todo el mundo te va a adorar? Eso hace que la posibilidad de que una persona se dedique a esto se reduzca a quienes tienen una convicción fuerte sobre temas de derechos humanos: las personas feministas, y eso no es justo, porque disminuye las posibilidades de las mujeres de acceder a servicios de salud”.

Ella afirma, además, que los gobiernos podrían ayudar hablando en nombre de quienes proveen servicios de aborto, reconociendo públicamente la importancia del trabajo que realizan. “Esa es una parte importante de la normalización. La segregación de los servicios de aborto en clínicas especializadas, por ejemplo, que pasó en Estados Unidos, fue perjudicial a largo plazo porque los hizo blanco de ataques. Algo importante sería asegurar que esos servicios se normalicen y se hagan disponibles en todos los ámbitos. También se necesitan políticas más firmes en contra de los hostigamientos dentro y fuera de las clínicas”.

*Lisa Maracani es investigadora Asesora de Investigación y Política en Amnistía Internacional.

*Josefina Salomón es periodista independiente.

Publicado originalmente en Rolling Stones en Español