“El gobierno argelino debe poner fin a su implacable ataque contra la libertad de expresión y el activismo pacífico”, ha declarado hoy Amnistía Internacional en el lanzamiento de una nueva campaña para arrojar luz sobre el impacto de las medidas represivas de las autoridades en valientes voces disidentes.
Actualmente hay decenas de activistas, periodistas y personas que defienden los derechos humanos en prisión, y el número aumenta a medida que el gobierno practica más detenciones y formula nuevos cargos contra personas que se limitan a ejercer sus derechos a la libertad de expresión, de reunión y de asociación.
El atroz historial de derechos humanos de Argelia está sometido a un poco frecuente examen internacional en el contexto de una visita al país del relator especial sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación.
“En Argelia hoy, nadie que se exprese con valentía y de forma crítica está a salvo de las garras represivas de las autoridades: cualquier persona considerada una amenaza, desde estudiantes hasta personas de edad avanzada, se enfrenta al hostigamiento, la intimidación o la detención arbitraria simplemente por ejercer sus derechos humanos”, ha afirmado Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Debe acabarse de inmediato la represión del gobierno y deben ser puestas en libertad de forma inmediata e incondicional todas las personas detenidas sólo por expresar pacíficamente su opinión o criticar al gobierno, incluidas las profesionales del periodismo y las que trabajan en medios de comunicación declaradas culpables de delitos poco precisos y generales como ‘difundir noticias falsas’ o ‘ofender a funcionarios públicos’.”
Las autoridades de Argelia deben asimismo cooperar constructivamente con el relator especial durante la visita de éste al país garantizando que tiene acceso completo y sin trabas a, y que puede tener contacto confidencial y no supervisado con, cualquier persona con la que quiera reunirse. Además, deben garantizar que ninguna persona que entable relación con el relator especial sufre represalias.
Durante los últimos 2 años, las autoridades argelinas han enjuiciado, detenido o recluido al menos a 12 periodistas y profesionales de medios de comunicación.
Desde que empezó 2023, las autoridades han enjuiciado a 5 periodistas, cerrado al menos 2 empresas de medios de comunicación y suspendido un medio durante 20 días.
Recientemente, el 29 de agosto, el juzgado de primera instancia de Constantina condenó al periodista argelino Mustapha Bendjama y al investigador canadiense-argelino Raouf Farrah a 2 años de prisión y a sendas multas de 200.000 dinares argelinos. Ambos fueron condenados por cargos infundados de “publicar información clasificada” y recibir fondos internacionales con la intención de dañar el orden público.
En Argelia hoy, nadie que se exprese con valentía y de forma crítica está a salvo de las garras represivas de las autoridades.
Heba Morayef, Amnistía Internacional
En junio de 2023, el tribunal de apelación de Argel aumentó la pena de prisión impuesta al destacado periodista Ihsane El Kadi de cinco a siete años, dos de ellos condicionales. El Kadi está recluido en la cárcel de El Harrach, en Argel, desde diciembre de 2022 por cargos relacionados con su labor periodística.
Aunque las protestas que estallaron en 2019 han sido sofocadas, las autoridades siguen usando leyes nocivas para restringir el derecho de reunión pacífica, como el artículo 15 de la Ley 90-91 sobre Manifestaciones y Reuniones, que establece que “las reuniones públicas deben ser aprobadas previamente”.
El 20 de agosto, las autoridades detuvieron al menos a 40 activistas para impedir la celebración de una concentración en Ifri, ciudad del este de Argelia, para conmemorar el Congreso de Soummam de 1956. Aunque todas las personas detenidas quedaron en libertad el mismo día, la adopción de medidas para impedir una concentración es totalmente contraria a la protección del derecho de reunión pacífica.
El gobierno ha actuado en reiteradas ocasiones contra Mohamed Tadjadit, conocido durante el movimiento de protesta Hirak como “el poeta de Hirak”, deteniéndolo al menos cuatro veces por su participación en protestas pacíficas y por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Mohamed dijo a Amnistía Internacional que las autoridades penitenciarias lo habían sometido a malos tratos durante sus múltiples detenciones y que, cuando él y otros reclusos emprendieron una huelga de hambre en febrero de 2022 para exigir su libertad o que comenzara su juicio, las autoridades de la prisión respondieron propinándoles puntapiés, bofetadas y golpes.
También se han usado cargos de terrorismo sin fundamento contra varios activistas, como Mohad Gasmi, Slimane Bouhafs y Mohamed Benhlima, en relación con sus actividades, por expresar su opinión en las redes sociales o por pertenecer a grupos considerados de oposición. La organización de derechos humanos Agrupación Acción Juventud se ha visto obligada a disolverse y el partido político Democracia y Movimiento Social tuvo que suspender sus actividades.
Además, las autoridades argelinas atacaron específicamente a la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos (LADDH), la organización de derechos humanos más antigua del país. En enero, cerraron la organización afiliada a la LADDH en Tizi Uzu, bloquearon el acceso a su centro en Bugía y disolvieron la organización tras una denuncia del Ministerio del Interior de junio de 2022.
“La visita del relator especial de la ONU es una oportunidad para que las autoridades argelinas cooperen con la ONU y cambien de rumbo para mejorar la protección de los derechos humanos”, concluyó Heba Morayef.
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